Algunas reflexiones sobre el Código Procesal Penal

Por El Nuevo Diario domingo 10 de junio, 2012

El sistema judicial penal dominicano tiene un serio inconveniente para poder administrar una real Justicia que se corresponda con los requerimientos sociales que se formulan a consecuencia del auge de la delincuencia que permite y fomenta el Código Procesal Penal.

Este código tiene casi ocho (8) años vigente y su vigencia ha representado un total fracaso y un sumergir a la sociedad dominicana en el caos, en la barbarie, y la ha retrotraído a una especie de réplica del Salvaje Oeste en la República Dominicana (lo mismo cabe decir en el resto de los demás países iberoamericanos que incurrieron en el craso error de copiarlo sin previamente analizarlo). Los pasos que da la Justicia Penal basamentada en el Código Procesal Penal son pasos que empujan todos los días a la sociedad dominicana hacia el precipicio.

El Código Procesal Penal fue un punto de absoluto retroceso en la judicatura dominicana. Es un instrumento que se basa, entre otras cosas, en la aplicación exagerada de que `el principio es la libertad y la restricción de la misma es la excepción` (Artículo 15 del mismo): por eso vemos como los delincuentes salen de los palacios de justicia más rápido que los policías que los llevan.

Ahora con el denominado “sistema de la sana crítica“ (que de sana nada tiene, pero de insana sí tiene mucho) un juez o un grupo de jueces agarra un expediente con saña furibunda y lo destroza (con ese código son defensores de los delincuentes) y el delincuente sale más fresco y horondo que un guandul y pregonando su falsa inocencia. Incluso el Principio de Oralidad lo han convertido en algo llevado no a la exageración, sino más allá de la exageración y por eso vimos como ciertos “pescadores“ de Nagua “encontraron en el fondo del Océano Atlántico el arca gigantesca del Tesoro de Rico Mc Pato“ y llegaron a tierra firme con “su tesoro“ en dólares y el Tribunal Colegiado de Nagua, en base a la Insana Crítica, los descargó; lo mismo ocurre con todos los criminales y delincuentes de todas las naturalezas y de todos los ámbitos que diariamente la Justicia Penal basada en el Código Procesal Penal favorece o con medidas de coerción blandas o con autos de No Ha Lugar o con sentencias de absolución; y la aureola de “inocencia“ de éstos sólo se la creen los que tuvieron la desverguenza de dictar esas decisiones monstruosas y muy probablemente los pocos alienados que, por su alienación y falta de discernimiento y su espíritu de autocreídos “iluminattis“ “de la Nueva Ola“, siguen creyendo erróneamente en la chapuza jurídica llamada Código Procesal Penal: ni los mismos delincuentes se creen que son “inocentes“ aunque decisiones judiciales así los proclaman.

Esa Insana Crítica tiene y mantiene con vida los vientos huracanados que expulsan a y colocan en las calles a los delincuentes que, gracias al Código Procesal Penal, salen bien parados.

Una confesión hecha por el delincuente ante el Ministerio Público y en presencia del abogado defensor del delincuente y firmada por éste abogado defensor carece del más mínimo valor jurídico: esa confesión tiene menos valor que un pedazo de papel higiénico usado, con el perdón de la expresión, pero hasta ahí se ha llegado gracias al disparate jurídico que representa el Código Procesal Penal: !Increible, pero cierto! !No se puede pedir mayor aberración!

Con este tristemente célebre Código Procesal Penal pueden haber pruebas a borbotones contra el o los delincuentes, pero eso y nada es lo mismo: es para afuera que van…Gracias a dicho código. Con el CPP la Justicia Penal funciona cuando quiere funcionar no porque haya o no haya pruebas.

Con el Código Procesal Penal el 26 de Septiembre del 2004 comenzó la era del auge de la delincuencia: no podia ser de otra manera. Las pruebas pueden ser concluyentes, pero las reglas del CPP protegen al delincuente y por eso salen más rápido que de carrera. Los abogados, los fiscales y los jueces “formados“ (en realidad desformados) con dicho código permanecen adheridos a procedimientos que están orientados a favorecer a los delincuentes, no importa que las pruebas en las manos sean claramente acusatorias contra dichos delincuentes y que existan a borbotones.

No se trata de “problemas de aplicación que tiene el Código Procesal Penal“, no se trata de que debe ser “modificado“: en realidad debe ser derogado y substituído por otro código, que bien lo podría ser el Nuevo Código de Procedimiento Penal Francés cimentado en la Convención Europea de Derechos Humanos (de la cual prácticamente se copió la Convención Americana de Derechos Humanos).

Se trata de que el CPP representa un problema sistémico-estructural: representa fallas por todos los lados y esas fallas benefician a los delincuentes y por eso se descarta de plano como imposible que el Código Procesal Penal haga caer las rejas sobre un ciudadano inocente, puesto que ni siquiera sobre los culpables es capaz de hacer caer las rejas.

Ví el proyecto de ley sometido por el Diputado del PRD Carlos Gabriel García proponiendo aumentar las penas a los ladrones de materiales ferrosos para que espectáculos como los robos de cables, puentes, torres eléctricas, etc. “sepan que van a sufrir una penalidad mayor si incurren en dichos robos“; en realidad aquí no hace falta aumentar la cuantía de las penas, ni acumular las penas: aquí lo que hace falta es que la Justicia Penal pueda llegar a los delincuentes y mientras esté vigente el Código Procesal Penal y la Justicia Penal funcione con ese código esa meta (de llegar a los delincuentes para aplicarles las sanciones condignas) será muy difícil y casi imposible de lograr, para no decir imposible. .

No es la Policía Nacional ni la DirecciónNacional de Control de Drogas las que están fallando, lo que está fallando porque en sí mismo, en su naturaleza misma, es una falla, es el Código Procesal Penal.

Esto no es cuestión de que un presito tenga un celular en la cárcel o que inhale un alucinógeno.

La Justicia Penal nuestra jamás podrá ser estricta en la aplicación de la pena, de acuerdo a la comisión del delito, porque se lo impide el Código Procesal Penal que frente a los delincuentes con ese código lo que se ha puesto ha sido un saco negro sobre la cabeza para no ver los crímenes y los delitos que proliferaron y seguirán proliferando mientras siga vigente el infuncional Código Procesal Penal.

Si los delincuentes andan por la libre cometiendo crímenes y delitos al por mayor y al detalle en todo el territorio nacional ello se debe a una sola causa: a la vigencia del Código Procesal Penal que prohibe (Artículo 348, tercer párrafo) el uso de los antecedentes contra el delincuente reiterado.

Esto no es sólo cuestión de problemas de corrupción, de torpeza de un fiscal o de que la investigación policial fue “mal hecha“, esto no es un problema del personal humano per se, es problema de que ese personal humano está desformado con la “formación“ que se le da en base a ese código protector del delincuente y desamparador del hombre serio y desamparador de la sociedad. La corrupción mayor la representa la vigencia del Código Procesal Penal.

Desde el 26 de Septiembre del 2004 un hombre que cometió un delito está en libertad, no es que un juez haya flaqueado, no es que haya habido torpeza en un fiscal, no es que la investigación policial careció de base: todos esos son puros cuentos chinos que sólo se los pueden creer personas totalmente ingénuas ajenas al conocimiento del Derecho. Lo que tenemos es que derogar el Código Procesal Penal para que el Poder Judicial Penal pueda mejorar y fortalecerse.

Los dominicanos han perdido la fe en el sistema judicial penal, y no acuden a la Justicia institucional ya ni siquiera a denunciar o a querellarse, sino o a olvidarse de lo que les ocurrió o a la venganza privada o a los linchamientos precisamente por esa infuncionalidad que acarrea como consecuencia la chapuza jurídica que es el Código Procesal Penal.

Lo que está mal es que exista una estructura legal (el CPP) que sirve de amparo para un juez poner en libertad a un culpable para que éste siga haciendo daño a la sociedad o se dedique a autofabricarse pruebas o a destruirlas.

Son numerosos, a borbotones, los casos conocidos de delincuentes que habían estado recientemente presos o implicados en otros delitos o crímenes y hasta en la muerte de otra(s) persona(s).

Los jueces son blandos, abren celdas porque la programación mental que se les hace con el Código Procesal Penal conduce a eso, y no a otra cosa. La ola de crímenes que se abalanzó sobre esta sociedad desde el 26 de Septiembre del 2004 no es Chiquita, es gigante, y con tendencia a seguir creciendo mientras la base que permite eso, el Código Procesal Penal, siga vigente. Antes del CPP no existía esa delincuencia, la delincuencia creció después del CPP; es decir, hay un antes y un después del CPP, y lo mismo cabe decir en cada uno de los demás países de Iberoamérica que copiaron el CPP Tipo para Iberoamérica.

La vigencia del Código Procesal Penal con toda su orientación Pro Reo es lo que lleva a que los que tienen en sus manos la aplicación de restricciones a la libertad y a la aplicación de penas dentro del marco legal penal, dejen en libertad por cualquiera razón a diestra y siniestra.

Las cosas hay que decirlas como son: el responsable de la violencia que desde el 26 de Septiembre del 2004 hasta hoy abate al país es el Código Procesal Penal.

No busquemos viendo para otro lado, sólo la derogación y substitución del Código Procesal Penal es lo que garantiza el poder de la Justicia Penal.

El Código Procesal Penal ha sido el peor instrumento legal de que se haya dotado al país en toda su Historia: el país asiste con él a un suicidio social.

Monseñor Agripino Núñez Collado tuvo mucho que ver con la adopción de ese código: esperamos que así como él contribuyó a instalar esa máquina infernal de la muerte social que pende sobre las cabezas de los dominicanos serios y de trabajo, así mismo tenga que ver con que ese instrumento de muerte social al servicio de los criminales y de los delincuentes sea derogado y substituído por un código que sí proteja a los hombres serios y de trabajo y a toda la sociedad dominicana. Le reitero a Monseñor Agripino Núñez Collado que la ola de crímenes que se abalanzó sobre esta sociedad desde el 26 de Septiembre del 2004 no es Chiquita, es gigante, y con tendencia a seguir creciendo mientras la base que permite eso, el Código Procesal Penal, siga vigente.