Ampliando una denuncia del CODIA

Por Carlos Luis Baron jueves 14 de junio, 2012

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ha puesto sobre el tapete un tema espinoso al acusar al Ministerio de Obras Públicas de discriminar a los constructores criollos en la asignación de megaproyectos.

Domingo Taveras debe incluir en su denuncia a otras instituciones gubernamentales ligadas a la construcción de obras y ampliar el legajo de discriminaciones que afectan a centenares de contratistas.

Uno de los casos más sonoros de los últimos dos años es el de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), donde no solamente hay discriminación en varios aspectos, sino que también se atropella a los contratistas, sobre lo cual tenemos una experiencia particular en disposición de demostrar.

Ciertamente en la actualidad se registra una penosa situación que no solamente afecta a compañías constructoras nacionales que pudieran competir en buena lid con empresas extranjeras en la adjudicación de las grandes obras.

También es cierto que el CODIA en parte es culpable de esa situación y de otras que afectan a los profesionales que se aglutinan en esa entidad.

Ello así, pues los presidentes que ha tenido el CODIA a partir de la fecha en que se promulgó la Ley 340-06 sobre Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones (modificada por la 449-06), se han preocupado poco en darle seguimiento a la aplicación de la misma.

Algunos ex-presidentes del CODIA recibieron quejas sobre los problemas que quedaron sesgados en dicha ley, incluyendo el de la discriminación que se permite en la adjudicación de obras.

Los presidentes que ha tenido el CODIA del 2007 a la fecha conocen bien las “fallas” que todavía hay en la legislación más reciente sobre contrataciones públicas.

A casi todos se les hicieron planteamientos sobre la necesidad de que en el país se establezca un registro único de constructores de obras públicas, lo cual no se establece en la ley ni en su reglamento de aplicación.

Tradicionalmente las instituciones del Estado ligadas a la construcción de obras de infraestructura han establecido en sus respectivos procedimientos de contratación la inscripción o precalificación en un registro especial a las empresas constructoras y profesionales individuales interesados en las licitaciones públicas.

Existe una burocracia repetitiva que se registra en los llamados de licitaciones, pues los interesados tienen que realizar las mismas gestiones para la obtención de la documentación requerida en el pliego de condiciones

Los presidentes que ha tenido el CODIA en los últimos cinco años están conscientes de que resulta conveniente centralizar el registro y control en una única sede y que en el mismo se establezcan categorías fundamentadas en capacidades máximas de contratación.

El registro se constituiría en la única inscripción exigible para la contratación y consultoría de obras y sería válido en todas las instituciones públicas que desarrollen actividades de contrataciones.

En una ocasión se intentó maquillar la discriminación en la adjudicación de obras, diciendo que centenares de contratistas no han tenido la oportunidad de trabajar en los proyectos de infraestructura porque no se han preocupado por estudiar la Ley 340-06 y su modificación contenida en la Ley 449-06.

Quienes conocemos la ley podemos decir que la misma es discriminatoria, pues se le niega la oportunidad de trabajar a ingenieros recién graduados o que se graduaron y durante varios años no han conseguido trabajo y son rechazados en las licitaciones debido a las exigencias de experiencia que se incluyen en los pliegos de condiciones. Igual situación enfrentan las compañías de reciente formación.

Hay discriminación debido a que la legislación permite una competencia desigual cuando se hacen convocatorias a licitaciones públicas, pues ni la ley ni el reglamento establece una categorización de los entes naturales y jurídicos para que la competencia se desarrolle en igualdad de condiciones.