Aquí no hay manera de crear una crisis de gobernabilidad

Por lunes 7 de abril, 2008

Durante muchas décadas los dominicanos nos hemos dedicado a construir una sociedad democrática, a tal punto que el siglo XX fue el siglo de la construcción de la democracia dominicana. Los afanes, desvelos y vicisitudes del pueblo dominicano por construir la democracia en el siglo XX están presentes en todo el curso de dicho siglo, a tal punto que las luchas contra Trujillo fueron luchas a favor de la libertad y de la democracia.

Tras el ajusticiamiento del tirano se agigantó ese rico proceso de lucha en pro de la construcción de la libertad y de la democracia. Todos sabemos los zigzagueos, avances y retrocesos, que tuvo ese proceso de construcción de la democracia dominicana. En esos zigzagueos hubo rupturas y quiebres del orden constitucional y democrático que marcaron para siempre la vida de la nación.

Hemos sostenido en otros ensayos que el proceso de creación de la institucionalidad democrática se quedó rezagado respecto del proceso de construcción de la democracia. Sin embargo, hoy, aun con las flaquezas y debilidades de nuestra democracia, tenemos una institucionalidad democrática establecida que nos coloca en el concierto de las naciones organizadas del mundo.

Nada ni nadie está por encima de la institucionalidad formal que tenemos: la constitución de los poderes públicos descansa y se origina en la soberanía popular y nadie puede conspirar contra los designios de ésta. Así está consignado taxativamente, sin ambigüedad de ningún tipo, en el texto de la Constitución de la República.

Hoy, en el contexto del proceso electoral en marcha, hay voces agoreras, enquistadas en la oposición, que están presagiando, a partir de sus deseos y sus pretensiones, la gestación de una crisis de gobernabilidad a partir del 17 de mayo de este año, sobre la base de “declarar ilegítimo” el triunfo de Leonel Fernández y del PLD.

Se ve claro que la mayoría de los partidos de la oposición ha perdido el sentido de la razón y la perspectiva de la historia.

Veamos: todas las encuestas serias, creíbles y confiables colocan a Leonel en la cima de las preferencias del electorado con un porcentaje que está sustancialmente por encima del 50% más un voto que establece la Constitución dominicana para ganar en primera vuelta. De acuerdo a la última encuesta de la firma Penn, Schoen and Berland, Leonel Fernández tiene un 56% y los candidatos del PRD y del PRSC tienen un 32% y un 8% respectivamente. Si se les suma a estos dos últimos candidatos todo el porcentaje de los indecisos y todo el porcentaje del margen de error apenas llegarían a 47%. Esto da cuenta que el PRSC ya no cuenta siquiera como un partido bisagra: en el caso de la virtual alianza electoral que mantiene con el PRD, siendo un subordinado de éste, no decide nada.

Como van las cosas, no hay duda de ningún tipo de que Leonel Fernández y el PLD ganarán, mínimo, con el 60% de la votación.

¿Puede ser declarado ilegítimo un candidato que ganará con un porcentaje que estará muy por encima del porcentaje que establece la Constitución? ¿Les dan la Constitución y la ley electoral facultad a los partidos perdedores para que declaran o decreten, motu proprio, al candidato que ha ganado como consecuencia de la expresión, muy mayoritaria, de la voluntad del pueblo dominicana, en plenitud de ejercicio de su soberanía, ilegítmo?

¡Sólo quienes han perdido la facultad de pensar con sentido lógico pueden plantear semejante disparate!

Lo que la Constitución y la ley electoral establecen es que en unas elecciones libres, limpias y transparentes, los partidos políticos perdedores tienen el deber cívico de acatar el resultado de las urnas. De modo y manera que el candidato y el partido que resulten ganadores presidirán un gobierno totalmente legal y legítimo.

Además, ¿con cuál Congreso, con cuáles fuerzas sociales y con cuáles poderes fácticos piensa la oposición crear una crisis de gobernabilidad? El camino de la conspiración contra la voluntad popular está cerrado, pues el PLD tiene el control del Congreso, y las fuerzas sociales y los poderes fácticos se inclinan mayoritariamente a favor de la continuación del progreso y del orden constitucional y democrático que tenemos en el país. No hay manera ni posibilidad de que prospere cualquier intento de desacato de la voluntad popular.

Entonces, ¿de qué crisis de gobernabilidad se habla y se pregona como si nuestro país hubiera retrocedido a los tiempos legendarios de la montonera y de Concho Primo? Al tener una mentalidad propia de la montonera y del conchoprimismo, los pocos partidos que están pensando en atizar acciones para desacatar la voluntad popular, a partir del 17 de mayo, sí se colocarían al margen de la constitucionalidad, de la legalidad y de la legitimidad. De actuar así, ellos sí que ilegalizarían e ilegitimarían su participación en la vida política del país.

Como se ve, la creación de la crisis de gobernabilidad, pretendida y acariciada por la oposición, no tiene ninguna posibilidad de materializarse, y sólo existe en los cerebros calenturientos de los dirigentes de la oposición, los cuales han decidido situar su existencia en el fantasmagórico e idílico espacio de la estratosfera.

El actual gobierno que preside el doctor Leonel Fernández tiene las dos legitimidades: es legítimo por su origen y también lo es por la naturaleza de su ejercicio. Como el gobierno de Leonel Fernández ha enfrentado con eficacia, efectividad, eficiencia y presteza los grandes problemas del país, entonces, es legítimo por el exitoso ejercicio que ha tenido al frente la cosa pública. En otras palabras, sus políticas públicas han sido eficaces para delinear y apuntalar la ruta del progreso, del desarrollo y del bienestar.

El próximo gobierno del candidato Presidente Fernández, a posesionarse el 16 de agosto de este año, será legítimo por su origen, triunfo arrollador el 16 de mayor, y legítimo también por la eficacia de la gestión gubernamental en el lapso 2008-2012.

Han perdido tanto el sentido de la sensatez que el Partido Revolucionario Dominicano se ha pasado la campaña presionando a la Suprema Corte de Justicia sobre el falso argumento de que el curso institucional del país dependerá del fallo que dicte dicho tribunal sobre el caso de la Sun Land. Nada más falso que eso: el curso institucional del país no pende ni penderá jamás de la decisión que tome la Suprema al respecto.

Lo que sí exige el curso institucional del país es que ese partido y los demás que le están haciendo coro se preparen mentalmente, porque ellos son los primeros en saber que están derrotados, para que acaten el resultado libérrimo de las urnas, tal como lo hizo el señor Hipólito Mejía el 16 de mayo del 2004.

Actuar así es lo que más les conviene a esos partidos de cara al presente y al futuro.

Las elecciones del 16 de mayo si son claves para aguzar y ahondar el fortalecimiento institucional del país, pero ello comienza con acatar, cívicamente, el resultado que arrojen las mismas.

Hay gente que no logra aquilatar en su justa dimensión la tremenda importancia e incidencia que tiene el fortalecimiento de la institucionalidad en el desarrollo socio-económico y político de una nación. Sin orden público, sin paz, sin estabilidad, sin Estado de derecho, sin seguridad, sin democracia y sin libertad no es posible acometer las grandes tareas del desarrollo de una nación. Hasta el ser humano, visto en términos individuales, necesita ordenar su cerebro, estabilizar su vida y vivir en paz para poder desarrollarse y progresar, sobre la base de que el ejercicio pleno de la libertad supone la asunción consciente y plena de la voluntad. Naturalmente, si la sociedad está ordenada, estable y en paz cada ciudadano podrá estructurar mejor su proyecto de vida. Pero todo esto requiere, primero y siempre, la vigencia plena de las normas como fuente primigenia y nutricia de la institucionalidad.

Sólo en circunstancias muy especiales, en los llamados momentos revolucionarios de la historia, y en República Dominicana estamos muy lejos de esos momentos, se alteran, transitoriamente, el orden, la estabilidad, la libertad y la paz, pero es para construir el orden, la estabilidad, la libertad y la paz bajo nuevas formas sociales de expresión. Siempre en cualquier sociedad el orden está delineado, marcado e indicado por la institucionalidad.

¿Es posible afrontar con eficacia los problemas medulares de pobreza, desigualdad social y marginalidad sin institucionalidad o con una institucionalidad muy precaria? Definitivamente no es posible. Lo que sí se da es que los costos y los beneficios de la falta de institucionalidad o de una institucionalidad muy precaria se reparten muy asimétricamente: los beneficios son para un grupito y los costos o perjuicios son para la inmensa mayoría. Esto lo vemos en la administración de justicia cuando no hay institucionalidad en la judicatura: sólo se castigan los delitos de pobres, pues los delitos de cuello blanco permanecen impunes.

Vistas las cosas así, en sus diferentes matices y perspectivas, quien atenta contra la institucionalidad está atentando contra el desarrollo, el progreso y el bienestar de la gente.

Definitivamente no hay condiciones en el país para crear una crisis de gobernabilidad sobre la base de atacar o afectar la institucionalidad.