Armamentismo civil: ¿protección o riesgo de seguridad?

Por Carlos Luis Baron martes 19 de junio, 2012

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De nuevo surge a la palestra en el país, la discusión sobre la proliferación de armas de fuego en el auge de la violencia. No nos sorprende, que se hagan ciertos planteamientos superficiales, muchas veces carentes de informaciones pertinentes, unos, sin lugar a dudas, hechos con la mejor intención de proteger a la sociedad, otros, sin embargo, responden a determinados intereses pecuniarios, muy distantes del interés nacional. Mientras esto sucede, un proyecto de ley sobre el control y uso de las armas de fuego reposa en el Senado de la República a la espera de su aprobación. La situación, en consecuencia, bien merece abrir un debate franco y profundo, cuyo propósito sea contribuir a la toma de decisiones adecuadas.

En un seminario internacional, celebrado en octubre del año pasado en FUNGLODE, presentamos un estudio sobre los efectos del armamentismo en República Dominicana. Sostuvimos, en dicho evento, la necesidad de reconocer el carácter multidimensional y multicausal de la violencia y la necesidad de enfrentar este flagelo con una estrategia integral con objetivos de corto, mediano y largo plazos. No obstante, esbozamos algunas políticas que a nuestro juicio, podrían atacar directamente el problema del uso y abuso de las armas de fuego.

Si bien la proliferación de las armas de fuego y el tráfico ilegal de drogas no son los factores más determinantes de la violencia en los conglomerados, existe, sin embargo, consenso internacional apoyado en demostraciones contundentes, de que son facilitadores que en determinadas circunstancias exacerban de manera notable la violencia y la criminalidad. Colombia y México son vivos testimonios de ello. En el caso dominicano, esos nexos, aunque en menor medida que en los países antes señalados, son fácilmente reconocibles. Veamos el escenario de las armas de fuego.

Desde inicios de la presente década, en nuestro país se registra una abrupta circulación de armas, pasando a ser legalizadas desde 30,516 a cerca de 207,000 armas entre el 2000 y 2011, para un incremento de 565%; esto, sin incluir las armas en manos de los organismos públicos de seguridad y las que circulan ilegalmente en cantidades inestimables.

Por otra parte, el número de homicidios en el periodo 2000-2011 subió de 1,099 a 2,513, para un crecimiento de 129%. Los homicidios con armas de fuego se elevan de 560 en el 2000 a 1,659 en el 2011, incrementándose en 196%. Lejos de disminuir la violencia con el uso abrumador de armas de fuego ha resultado contraproducente. En el último año, de cada diez homicidios siete se efectuaron con armas de fuego.

La situación se agrava si consideramos a los heridos por armas. En el 2000 se registró un promedio diario de 7 personas heridas de bala, y en el2011 ascendió a 16 según datos de la Policía Nacional, lo que significa un incremento de 129%. El promedio diario de muertos por homicidio y heridos de bala para el 2011 fue de 21 personas, cuando en el 2000 apenas alcanzaba 8 personas, una muestra más que suficiente para entender que se está frente a un peligroso problema, de gran impacto económico, social y humano para nuestra sociedad.

Se ha demostrado, que la motivación para adquirir armas en la población civil responde a un supuesto “mecanismo de autodefensa” ante la inseguridad percibida y la desconfianza en los organismos institucionales encargados del orden y la seguridad pública. Desafortunadamente, el incremento del armamentismo ha creado un círculo vicioso entre disponibilidad de armas, violencia e inseguridad, aumentando la posibilidad, incluso, de que muchos de los nuevos hechos de sangre se produzcan de manera circunstancial y por motivos hasta insignificantes.

Estudios estadísticos del país revelan, que el arma de fuego no sólo es un detonante de violencia sino que además es un factor de riesgo y de muerte potencial para el portador. En el 2011 se cometieron 69 homicidios por despojo de armas, y, en los tres primeros meses del presente año 2012 sobrepasan los 22. De igual manera, las armas legales constituyen una fuente de abastecimiento para el mercado ilícito de armas, basta solamente conocer la gran cantidad de armas legales que son robadas y llegan a manos de delincuentes.

Según datos del INACIF durante el período 2006-2010, el principal móvil de las muertes violentas dominicanas causadas con armas de fuego es de origen delincuencial (42%), siendo prácticamente una “violencia instrumental” donde se utiliza el arma para lograr su objetivo (robos, atracos, sicariatos, muertes extrajudiciales, etc). Por otro lado, el 23% de las demás muertes violentas reportadas con armas de fuego se engendró en la conflictividad interpersonal (riñas, violencia de género e intrafamiliar, etc). El restante 35% de muertes violentas con armas de fuego es de origen “indeterminado” de acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Véase Brea & Cabral, 2012). Este último dato dificulta abordar el drama de la violencia armada en el país y descubre el alto grado de incapacidad de las instituciones policiales y judiciales.

La tasa general de homicidios en el año 2011 de la República Dominicana superó los 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Tasa que es muy alta en la comparación mundial y regional. La situación es preocupante, por ser un periodo de recuperación muy frágil de la economía mundial y de una marcada desaceleración del crecimiento de la economía dominicana, este último factor que siempre viene acompañado de un auge de la violencia y la delincuencia en nuestro país. En la parte II se abordarán algunas medidas profilácticas.