Cámara de Representantes decidida a combatir a indocumentados

Por viernes 16 de diciembre, 2005

María Peña

Washington, 16 dic (EFE).- La Cámara de Representantes de EEUU, bajo dominio republicano, avanzó hoy hacia la aprobación final de una ley que estrecha el cerco a los inmigrantes indocumentados, tras rechazar un plan para un programa de trabajadores huéspedes.

El plan, que es pieza clave de la reforma migratoria que propone el presidente George W. Bush, ha creado grandes divisiones entre los mismos republicanos y, de hecho, atrasó el inicio del debate migratorio el jueves.

Por un lado están los legisladores que piden más castigos y restricciones para los inmigrantes indocumentados y, por otro, los que, presionados por el sector privado y diversos sectores sociales, están dispuestos a aceptar un programa de legalización temporal de ciertos inmigrantes clandestinos.

Los republicanos opuestos al plan de trabajadores temporales se apuntaron una victoria al rechazar la propuesta del republicano Jeff Flake (Arizona) que apoya la idea de Bush de ofrecer un alivio temporal a esos inmigrantes.

"Sin un programa de trabajadores temporales, seguiremos haciendo la vista gorda" al problema de la inmigración ilegal, observó Flake, cuyo estado es uno de los de mayor tránsito de personas que cruzan ilegalmente hacia este país, pese a los peligros del desierto.

Los legisladores tenían previsto debatir a lo largo de hoy el proyecto de ley del legislador republicano James Sensenbrenner, y llevarlo a votación durante la noche.

La medida pide una mayor vigilancia en la frontera sur con equipos de alta tecnología militar y más sanciones para las empresas que contraten a los inmigrantes "sin papeles".

El Comité de Reglas de la Cámara Baja ha aceptado hasta ahora 31 enmiendas para el debate, de las alrededor de 140 presentadas.

El jueves, los legisladores aprobaron diez enmiendas, entre ellas una para construir un muro doble de más de 1.100 kilómetros en varios tramos de la frontera sur con México, con la idea de frenar el paso de los inmigrantes clandestinos.

Pero también rechazaron otra que negaría la ciudadanía estadounidense a hijos nacidos de inmigrantes indocumentados, un principio cimentado en la Constitución nacional.

Sensenbrenner, conocido por sus posturas contra la inmigración ilegal, presentó la medida el pasado día, que fue aprobada dos días después por el Comité Judicial que él preside.

Pero al llegar al pleno, la medida estuvo al borde de descarrilar, tras dejar al descubierto las divisiones del propio Partido Republicano en torno a cómo responder a la presencia de unos once millones de inmigrantes que se calcula que viven y trabajan de forma ilegal en EEUU.

El proyecto de Sensenbrenner garantiza una lucha frontal sobre la inmigración ya que, entre otros elementos, obliga a las empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados contra una base de datos del Gobierno.

Además, permite a la policía local que arreste a los inmigrantes indocumentados, una tarea que hasta ahora recae sobre el Gobierno federal.

El legislador republicano Tom Tancredo, que exige mayores restricciones contra la inmigración, no pudo ocultar hoy su entusiasmo sobre la posible aprobación de la medida, que incluye varias propuestas que él ha promovido.

La Casa Blanca dijo el jueves que apoya la medida de Sensenbrenner, aunque reiteró su compromiso con una reforma migratoria que incluya el plan de trabajadores huéspedes.

El espaldarazo de la Casa Blanca a Sensenbrenner fue un balde de agua fría para las principales organizaciones hispanas que hoy mismo reprocharon al presidente Bush ese gesto.

La medida, sin embargo, afronta un futuro incierto en el Senado, donde tendrá que competir con otras que cuentan con un mayor respaldo de los senadores.

La medida de Sensenbrenner es una de las más drásticas ante el Congreso en materia migratoria desde 1986, cuando los legisladores aprobaron una amnistía que benefició a alrededor de tres millones de inmigrantes indocumentados.

Sólo que esa amnistía no frenó la inmigración ilegal y las fronteras se hicieron más porosas, según argumentan los republicanos y grupos conservadores afines que, en aras de la seguridad nacional, piden más restricciones migratorias.

La palabra "amnistía" se ha convertido en un vocablo prohibido en los corredores del Congreso, donde muchos lo consideran como un "premio" inmerecido para quienes violan las leyes migratorias del país. EFE