Caso Jordi y obstrucción judicial

Por Carlos Luis Baron jueves 28 de junio, 2012

A más de dos años del intento de asesinato del abogado y comentarista de televisión José Jordi Veras Rodríguez, la prensa, comunidad jurídica y opinión pública, observan cómo el principal imputado, reincidente y condenado por un hecho similar, promueve y aparentemente logra una obstrucción judicial para empantanar el caso y relajar el sistema judicial.

Un suceso insólito, con poco precedente tras la vigencia del Código Procesal Penal en 2003, que amerita un freno ejemplar por la Corte Suprema de Justicia apoderada del nuevo intento de seguir burlándose del “debido proceso”, ahora con solicitud de declinatoria a otra jurisdicción.

El atentado ocurrió el 2 de junio de 2010, en la oscuridad de la madrugada, cuando el profesional llegaba al canal 25, en Santiago, a realizar su labor cotidiana de comentarista y fue atacado a balazos, salvó la vida milagrosamente y quedó con lesiones visuales.

Esfuerzos realizados por autoridades del Ministerio Público en Santiago, encabezadas por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, y por la Policía con el mayor general José Armando Polanco Gómez, y el apoyo del padre de la víctima, Ramón Antonio Veras, permitieron esclarecer el hecho y capturar a los imputados.

El 12 de diciembre de 2011 se inició la instrucción del proceso y desde entonces han ocurrido 12 reenvíos por distintas artimañas de los procesados, sobre todo cambio de abogados y ausencia de defensa, con el propósito de retrasar el conocimiento del fondo y su indudable condena.

Antes de la formalización de cargos, la mente malvada del planificador de la trama ejecutada por sicarios estimulados por el poder económico, trató también de asesinar moralmente a Veras mediante el financiamiento de una campaña mendaz de rumores para confundir.

Ahora, con la petición “legal” de declinatoria del caso por los procesados, la Corte Suprema puede sentar precedente jurisprudencial positivo e ir más allá de sus pretensiones para no sólo rechazarle alegatos por carentes de base, sino estatuir el mecanismo que impida nuevos tecnicismos y obstrucciones que colocan este hecho en un limbo jurídico y burla al sistema.