Congreso de Ecuador aprueba ley contra el “secuestro express”

Por miércoles 9 de noviembre, 2005

Quito, (EFE).- El Congreso de Ecuador aprobó hoy una ley que sanciona los delitos conocidos como "secuestros express", o retenciones forzosas de personas por pocas horas, con la intención de robarlas, chantajearlas o exigir dinero para liberarlas.

La nueva ley castiga con penas de tres a veinticinco años de prisión a las personas que hayan cometido ese tipo de secuestros, que hasta ahora no podían ser debidamente sustanciadas en los tribunales por la ausencia de una legislación concreta.

Además, la ley establece que será castigada con "severidad" la retención de personas "mediante amenazas, violencia, o cualquier otro medio ilegítimo, dentro de un vehículo motorizado".

El Parlamento definió condenas de tres a seis años de prisión "a quienes mediante amenazas, violencia, seducción, engaño u otro medio se introdujeren en un vehículo y, apoderándose de éste, retuvieren contra su voluntad a su conductor u ocupantes".

También la ley establece penas de seis a nueve años "cuando el infractor, habiéndose apoderado de un vehículo, retuviese contra la voluntad a sus ocupantes a fin de emplearlos como instrumentos para perpetrar otros delitos".

Además, la ley sostiene que "serán reprimidos con reclusión menor ordinaria de tres a seis años quienes, habiendo despojado al conductor o a los ocupantes de un vehículo, lo utilicen con la finalidad de cometer delitos, aunque no exista ánimo de apropiación del automóvil".

Asimismo, señala que si como consecuencia de este tipo de delitos, se provocan lesiones físicas o daños psicológicos a las víctimas, "los autores serán sancionados con reclusión mayor extraordinaria de ocho a doce años".

El proyecto aprobado establece también prisión de 16 a 25 años para los delincuentes que "hayan causado la muerte o la incapacidad permanente" de las víctimas de "secuestro express".

Los legisladores aseguraron que la ley, cuya entrada en vigor se concretará con la ratificación del Ejecutivo, pretende dar una solución a la preocupación de la población por el auge de este tipo de delitos en las principales ciudades del país. EFE