Corrección de una Aberración Jurídica Ad Extremis

Por Víctor Manuel Peña jueves 7 de junio, 2012

En fecha dieciseis (16) de Abril del dos mil doce (2012) publiqué en El Nuevo Diario Digital de la República Dominicana un artículo titulado Aberración Jurídica Ad Extremis en el que critiqué una sentencia aberrante s/n dictada en fecha veintiuno (21) de Octubre del dos mil once (2011) por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que fue redactada por la Dra. Esmirna Gisselle Méndez y en el que dicha jueza sostuvo el increible y aberrante criterio de que el Principio de la Comunidad de Pruebas sólo existe a favor de los co-imputados y entre los co-imputados, diciendo élla al respecto lo siguiente: “El tribunal ha verificado que constituye el hecho que como bien señala la defensa técnica, el testimonio de G.H.P., fue admitido como prueba a descargo tras el ofrecimiento que formalizara el co-imputado F. R. T.; éste testigo depone, en la audiencia que originó la sentencia anulada, ante el desistimiento que formaliza esta defensa de este imputado, de la presentación de su prueba admitida, no procede admitir el testimonio del señor H. en contra del imputado, lo que legitimó a los querellantes en ese momento para invocar la comunidad de pruebas y hacer utilizar el testigo a su favor.

Un punto a establecer es que un proceso aun cuando posee numerosos imputados, cada imputado se defiende única y exclusivamente de la acusación, que de forma precisa, fue presentada en su contra y refuta esa acusación con los medios de prueba que ese imputado entienda procedente. Una prueba no ofrecida por los acusadores, respecto de este imputado, jamás podrá ser presentada en su contra, pues las pruebas están delimitadas respecto de cada imputado por las ofrecidas por el acusador y las ofrecidas por este ciudadano, la comunidad de pruebas jamás podrá operar respecto de una parte secundaria respecto de la acusación particular, opera respecto de partes opuestas, o sea, no puede invocar el acusador la comunidad de pruebas respecto a una parte ofrecida por otro co-imputado que no se encuentra presente, pues aun admitiendo la comunidad de pruebas en un juicio común, esa prueba jamás podrá ser oponible respecto a los demás imputados que no las han ofrecido, pues no podemos extraer consecuencias de una prueba o de una acción que no ha sido promovida ni por el acusador respecto del imputado ni por el imputado respecto del acusador.

El derecho de defensa es claro, todos comparecemos al juicio con pleno conocimiento de lo que se va a debatir, el Ministerio Público sabe de qué se va a defender respecto del imputado y el imputado por igual, en ese orden no se puede incorporar, en este juicio donde solo estamos juzgando a J. V. (sospechosamente lo menciona en un término de familiaridad, de tuteo. G.C.), y un elemento de prueba no haya sido admitido en la audiencia preliminar y en contra de este ciudadano o ningún elemento de prueba que este ciudadano no haya ofrecido para ser debatido en juicio, por lo que, no procede, en este juicio, autorizar la audición del testimonio de G. H. P., pues es una prueba testimonial ajena a la acusación formalizada en contra del imputado que nos encontramos juzgando“.“ (Ver páginas Nos. 10 y 11 del Acta de Audiencia del 21 de Octubre del 2011).

Para todas aquéllas partes que en el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional han sido víctimas de ese errado y aberrante criterio de la Dra. Esmirna Gisselle Méndez, y para los abogados en general, hago de su conocimiento que la Sala Primera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó dicha aberrante sentencia de la autoría de la Dra. Esmirna Gisselle Méndez diciendo dicha jurisdicción de segundo grado lo siguiente a través de la Sentencia No. 56-2012 (Exp. No. 501-2011-633 CPP) de fecha treinta (30) de Mayo del año dos mil doce (2012):

“CONSIDERANDO: Que en materia probatoria rige el Principio de la Comunidad de la Prueba, según el cual las mismas no pertenecen a su proponente, sino al proceso; que sobre el particular la doctrina ha establecido que en virtud de este principio “la prueba ofrecida por una de las partes deja de pertenecerle a partir de ese momento, y queda adquirida para el proceso. Por ello carecerá de eficacia toda renuncia a su producción o valoración emanada de quien la propuso, salvo que medie consentimiento de las otras partes y del tribunal.

El asentimiento general sobre la renuncia no impedirá luego si fuere necesario, la recepción de la prueba renunciada“. CONSIDERANDO: Que el Principio de la Comunidad de la Prueba encuentra su fundamento en la búsqueda de la verdad real, lo cual encuentra sostén legal en el artículo 171 del Código Procesal Penal, que dispone: “la admisibilidad de la prueba está sujeta a su referencia directa o indirecta con el objeto del hecho investigado y a su utilidad para descubrir la verdad…“.

CONSIDERANDO: Que siendo la prueba el medio regulado por la ley para descubrir y establecer con certeza la verdad de un hecho controvertido, la cual es llevada a cabo en los procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al juez o al tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión acerca del litigio; que encontrándose reglamentada en nuestra normativa procesal penal el principio de libertad probatoria, mediante el cual los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa, y en virtud del mismo, las partes pueden aportar todo cuanto entiendan necesario para su defensa, siempre y cuando la misma haya sido obtenida por medios lícitos.

CONSIDERANDO: Que el Juez o tribunal tiene la obligación de valorar cada uno de los medios de prueba y otorgar el peso que merece al juzgador determinada evidencia sobre la base de una ponderación individual y conjunta de todos los elementos de prueba, su credibilidad, naturaleza, propósito y pertinencia, de conformidad con el artículo 172 del Código Procesal Penal, ponderaciones estas que se encuentran reglamentadas en nuestra normativa Procesal Penal (Código Procesal Penal), en la Resolución No. 3869-2006, (Reglamento para el Manejo de los Medios de Prueba en el Proceso Penal), corroborado por la doctrina y la jurisprudencia.

CONSIDERANDO: Que corresponde a los jueces que conocen del fondo de las causas establecer la existencia o inexistencia de los hechos del caso y las circunstancias que lo rodean, calificando los hechos de conformidad con el derecho, realizando una motivación lógica y legítima de sus decisiones, para que las mismas puedan ser objetivamente valoradas y criticadas sobre la base de los hechos y el derecho, que no habiéndose dado lo antes planteado y existir en contra de la sentencia a-qua un recurso de apelación que cumple con todos los parámetros y formalidades exigidos por la ley para su validez y apoderada esta Corte de dicho proceso, entiende que es necesario una nueva valoración de las pruebas depositadas, al verificarse lo establecido en el artículo 417 numeral 4 del Código Procesal Penal, consistente en violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, y en consecuencia enviar el expediente por ante un tribunal distinto al que dictó la sentencia para la celebración de un juicio total, en virtud de lo dispuesto por el artículo 422, numeral 2.2 de la normativa procesal penal vigente. …POR TALES MOTIVOS Y VISTOS:…SEGUNDO: La corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, ANULA en todas sus partes la sentencia s/n de fecha veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil once (2011), y la Sentencia No. 114-2012, de fecha nueve (09) del mes de noviembre del año dos mil doce (2012), ambas dictadas por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y en consecuencia ordena la CELEBRACION TOTAL DE UN NUEVO JUICIO por ante un tribunal distinto del que dictó la sentencia, conforme lo establece el Artículo 422 ordinal 2.2 del Código Procesal Penal.

TERCERO: Ordena el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a fin de que apodere a una de sus salas.“ (Páginas Nos.23, 24 y 27 de dicha Sentencia No. 56-2012)

Esta Sentencia No. 56-2012 de la Honorable Sala Primera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es totalmente correcta y realiza una enmienda oportunísima de una monstruosidad o aberración jurídica, enmienda que la más elemental Lógica demandaba para que un criterio tan falso e insano como el sostenido por la Dra. Esmirna Gisselle Méndez jamás pudiese prevalecer.

Felicitamos por ello a los Honorables Magistrados Manuel A. Hernández Victoria, Francisco Ant. Ortega Polanco y Antonio O. Sánchez Mejía, que conformaron dicha Honorable Sala Primera de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por corregir el referido entuerto jurídico haciendo así éllos una verdadera sana administración de Justicia.