CPP y minutos para exponer

Por Carlos Luis Baron domingo 30 de diciembre, 2012

En materia penal el uso de la palabra fue considerada como el arma más poderosa del abogado. “…el fin más alto que podemos realizar por medio de la palabra, y es el de exponer y comunicar nuestra noción de la verdad.“ (Hostos, Eugenio María: Lecciones de Derecho Constitucional, página No. 170) Ello se consideró así porque se tenía claro el concepto de que la palabra hablada es un instrumento portador de razón y de consciencia. La importancia del uso de la palabra reside en que muchas veces la posibilidad de convencer reside en el giro que puede provocar un razonamiento, una explicación (hasta de último momento), en la mente del o de los jueces.

Sin embargo, ese criterio de que la palabra es el arma más poderosa del abogado cambió a partir de la adopción del Código Procesal Penal (CPP) en la República Dominicana. Desde entonces al abogado que ejerce la materia penal se le ha impuesto una serie de limitaciones para exponer. Producto de ello vemos toda una serie de mojigaterías irracionales (algunas de las cuales indico más adelante), cuya razón real de ser en el fondo lo es pretender trazar un perfil totalmente diferente al sistema procesal penal vigente con anterioridad para “distinguir“ al uno respecto del otro.

Esa reducción del tiempo en el uso de la palabra, bajo la vigencia del CPP, se hizo en nombre de la “celeridad”, la cual se encuentra consagrada en el segundo párrafo del Artículo 3 del CPP que dispone: “Art. 3. Juicio previo….El juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración.” Es decir, dicha reducción tiene su fundamento en dicho segundo párrafo de dicho Artículo 3.

El CPP no lo dice expresamente lo de esa limitación, pero sí una resolución adláter del CPP emanada de la Suprema Corte de Justicia: la Resolución No. 1731 de fecha quince (15) de Septiembre del dos mil cinco (2005) en su Artículo 9 dispone en la segunda parte de su Párrafo lo siguiente: ”Párrafo:…El juez indicará a las partes el tiempo necesario para que viertan su parecer en torno a los puntos sometidos a discusión, tomando en cuenta el grado de complejidad del asunto a decidir.” Esa Resolución realmente versa sobre Medidas de coerción y Celebración de Audiencias durante la Etapa Preparatoria, pero se la ha aplicado en forma extensiva a los juicios de fondo fundándose para ello en el citado segundo párrafo del referido Artículo 3 del CPP y, por ello, se ha pretendido convertir “la simplificación expositiva” a que ella conduce en una especie de supuesto “valor” (¿?) o “principio” (¿?) de dicha normativa procesal penal. Dicha Resolución que establece esa facultad para que el juez decida a su discreción el tiempo para exponer parece que se la hicieron como un traje a la medida a los casos de tránsito o Ley 241 que son los casos penales más sencillos, y los casos que, por cierto, llevaban algunas personas que en cierto momento fueron designadas en altos cargos judiciales (y que estando en los mismos se mantuvieron defendiendo a rajatablas la adopción del CPP a pesar de ser manifiesta la inclinación pro reo de dicho código): ese debe ser el origen de eso, pues no hay otra explicación para que semejante pretensión de “los dioses del CPP” (es decir, sus promotores extranjeros) aquí en la República Dominicana haya sido aceptada pura y simplemente, sin la más mínima de las objeciones. Eso lo que pone en evidencia es que no había material para poder razonarle en sentido contrario a dichos “dioses del CPP” extranjeros.

Dicha reducción del tiempo en el uso de la palabra en los juicios de fondo es un retroceso de grandes proporciones. Su establecimiento también es el producto del afán obsesivo de ganar tiempo, de que la Justicia falle rápido, con una rapidez fusilaría, y aunque el fallo rendido producto de dicha rapidez fusilaría sea de pésima calidad y atropellador de derechos constitucionales a los que supuestamente dicha normativa procesal penal supuestamente busca “proteger”. (¿?)

Con dicha reducción del tiempo en la exposición se dice que se busca fallar “rápido“ “para salir rápido“ del caso para poder estar en aptitud de poder prestarle atención “a los demás casos“ y sobre todo a otros casos “considerados“ “más importantes“.

Esa limitación al uso de la palabra por los abogados es una de las cosas más descabelladas que se ha hecho en nuestro Derecho: en realidad le han cortado la lengua a los abogados. La palabra es la principal arma con que cuenta el abogado, con ella el abogado persigue la persuasión y para lograr eso se requiere que se permita el uso de la palabra, no limitar esta diciendo “usted tiene tantos minutos para exponer“: son minutos, literalmente minutos, lo que, en base a lo explicado, “le conceden” al abogado para exponer.

En un caso de un famoso dirigente sindical que llevé ante la jueza Claribel Nivar, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ésta me dijo: “Tiene un minuto para exponer“, y contando dicho minuto con su reloj de pulsera, viéndolo élla directamente en un caso inclusive extremadamente voluminoso: no estoy exagerando para nada: eso ocurrió ad literam tal cual lo narro. En el caso del sometimiento que se le hizo a Julio Cury élla actuó `muy reiteradamente motivada` en ese caso; recuerdo que en la prensa se recogió la información sobre la indignación y las protestas de Julio frente a la cuchilla fulminante usada por dicha jueza para limitarle abusivamente el uso de la expresión a él y a su barra de defensa.

En otro caso muy importante llevado por mí por ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo el Juez Presidente del mismo nos dijo: “Los abogados de las partes tendrán cinco (5) minutos para exponer“ y lo dijo también con un reloj a manos. Protestando con altura le pedí que por lo menos nos concediera treinta (30) minutos a cada uno: se tranzó en concedernos “diez (10) minutos“ a cada uno.

En otro caso volumétrico que me tocó llevar ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el Presidente de este me dijo: “Tiene veinte (20) minutos para exponer“ y lo dijo también con un reloj a manos. Y lo mismo me ha ocurrido en todos los tribunales colegiados en que me ha tocado participar.

Parecería como si quienes impusieron esa limitación en el uso de la palabra no supieran que el arma del abogado lo es la expresión para persuadir. Esa arma del abogado es un arma en peligro (en realidad está más que en peligro: está ya totalmente lesionada, totalmente destruída, increíblemente destruída) a consecuencia de dicha facultad de fijar un término máximo de exposición, pues con ella los jueces limitan a los abogados en el uso de la palabra o expresión: han reducido todo a minutos literales en el sentido estricto de la palabra y, por ello, la presión que les ponen a los abogados para que terminen su exposición turba a cualquiera; eso no está bien, eso debe ser corregido. He tenido ésos jueces citados y muchos otros más frente a mí que me dicen tiene tal cantidad de minutos para exponer y, como también he citado, comienzan a cronometrar la exposición mirando un reloj (todo esto que expreso, reitero, es totalmente verdad, no se trata de una exageración). Eso turba a cualquier abogado, sea viejo, sea nuevo, sea preparado, sea no preparado.

Decirle eso a uno era y es como ponerle la cabeza a funcionar como una batidora para salir del paso, pues no a otra cosa conduce semejante abuso en la restricción del uso de la palabra. Un abogado es un organizador y administrador de ideas, y un organizador y administrador de ideas se turba o, cuando menos, se puede turbar en la organización y en la administración de las ideas por el sólo hecho de decirle eso. Para aquél que se ha preocupado por estudiar el caso a profundidad y lo ha radiografiado buscándole “la quinta pata al gato”, como se dice en el lenguaje popular o vulgar, en su labor de estudio e investigación jurídica, semejante presión de hecho le convierte la carga en más pesada. Paradójicamente, sin embargo, no hay algo más parecido a un perico parlanchín que la inmensa mayoría de los jueces “formados“ (¿?) con el CPP: su habladuría o locuacidad no es acorde con su carácter de juez. Mi opinión personal es que a los abogados no se les permite hablar para evitar que razonen críticamente las instituciones y regulaciones jurídicas del CPP. Por el contrario: cuando la audiencia es dirigida por un juez formado originalmente bajo el Código de Procedimiento Criminal, la diferencia, en cuanto al respeto del uso de la palabra por los abogados, es del cielo a la Tierra: los jueces que se formaron bajo el Código de Procedimiento Criminal son más conscientes del rol o papel del uso de la palabra por los abogados, como “arma” usada por éstos, para cada parte hacer su enfoque del caso en cuestión.

Todos los casos no son iguales: equis cantidad de minutos es la expresión de una cuantificación, es un molde y un molde muy estrecho y muy rígido sobre todo para los casos complicados, y la situación es peor aún en los casos simultáneamente complicados y sonoros o de opinión pública ya que estos requieren de mayor capacidad para persuadir al o a los jueces. Un juez o varios jueces de primera mano pueden tener una apreciación errada sobre los hechos que les ha tocado conocer (los “formados“ (¿?) con el CPP con una ligereza tremenda “brincan” diciendo: “estamos edificados, concluya”) y sólo el razonamiento correcto sobre el punto en cuestión hecho por el abogado que representa a la parte que puede resultar perjudicada por esa apreciación errónea de los jueces puede revertir dicha apreciación errónea. Con una reglamentación sobre el uso del tiempo, fundada en un concepto errado de celeridad fusilaria, que da lugar a que este sea limitado a minutos (generalmente veinte minutos como máximo) es imposible que los razonamientos que acaso pueda llegar a hacer un abogado puedan hacer cambiar la percepción errada que se hayan podido formar los jueces.

El objetivo del abogado es persuadir, convencer: el abogado necesita de una amplia formación cultural precisamente porque necesita de todo un arsenal de instrumentos conceptuales y de enfoques para lograr persuadir, convencer.Para el aprendizaje y el buen desempeño en el ejercicio del Derecho Penal es menester no sólo estudiar con dedicación los textos jurídicos especializados, sino que también, aunque parezca sorprendente, es conveniente leer muchas obras literarias y otras de las más variadas naturalezas. Con semejante normativa procesal penal limitadora del uso de la expresión uno se pregunta si vale la pena hacer el esfuerzo de ese tipo de lectura interesante y, más lejos aún, si vale la pena que en la programación educativa base del futuro abogado se establezcan materias determinadas tendentes a enriquecer su acervo cultural y a potenciar en grado máximo el uso de la Lógica, pues, a la postre, de nada le servirá al futuro abogado para tratar de persuadir…

Además: repito que todos los casos no son iguales como para que se le aplique el mismo molde de cuantificación del tiempo. Establecer un término de antemano es un abuso y un insulto a la clase de los abogados, muy particularmente a aquéllos que ejercen la materia penal y que la ejercen estudiando con seriedad y a profundidad los casos que se les presenten. En un proceso penal donde hayan indicios se corre el riesgo de no examinar y no analizar los mismos si al abogado que expone sobre la base de ellos no se le da el tiempo necesario para desenvolver sus razonamientos sobre dicha materia tan delicada (la más delicada y la más desconocida por los jueces “formados“ bajo el CPP) como lo es la de los indicios, lo cual iría en claro desmedro de una correcta administración de Justicia. Pero lo mismo cabe decir respecto de otras pruebas y de la vinculación de estas entre sí.

Esa cuantificación del tiempo (reitero: por lo general 20 minutos como mucho) para exponer atentan contra el derecho de Defensa, contra la libertad de expresión del pensamiento del abogado y contra el Principio de Oralidad. Esa aplicación extensiva de esa reglamentación es irrazonable y es el producto de una aberrada interpretación del Principio de Celeridad, pues se conceptúa a esta como algo de naturaleza fusilaria. Se trata de un abuso del Principio de Celeridad, de un uso abusivo del Principio de Celeridad. Una cosa es que cuando un abogado expositor abuse pecando de repetitivo o de inconducente por ello haya que llamarle la atención, pero otra cosa muy diferente es que si el caso amerita de una exposición acusatoria o defensiva extensa se le llame la atención porque hay un límite de tiempo abusivamente preestablecido.

Aquéllos que coleccionamos y disfrutamos discursos forenses de penalistas famosos de otras latitudes nos quedamos boquiabiertos con semejante regulación que establecen los jueces en base a lo ya explicado. Leer los discursos forenses de Enrique Ferri, de Jorge Eliécer Gaitán y otros tantos atletas y cultores de la retórica forense y después encontrarse uno con una imposición semejante es algo que llora ante la presencia de Dios. Paradojalmente el libro usado en la Escuela Nacional de la Judicatura para “formar“ (¿?) a los jueces del CPP dice lo siguiente: “IX. 2.4 Principio de contradictoriedad. El enfrentamiento entre partes en el proceso implica, en la mayoría de los casos, un choque de intereses sustentados en ideas opuestas, de modo que el razonamiento o la argumentación de cada uno se dirigirán a convencer acerca de la debilidad de la tesis de la contraparte y de la fortaleza de la propia. Es el espacio para la aplicación práctica de la retórica jurídica.” (Derecho Procesal Penal, de la Escuela Nacional de la Judicatura, página No. 402) “Finalmente, concluida la evacuación de la totalidad del elenco probatorio se pasa a la discusión final…Aquí se empleará con mayor relieve la dialéctica, la retórica o la tópica jurídica….” (Derecho Procesal Penal, de la Escuela Nacional de la Judicatura, página No. 412) “La discusión se realiza con la finalidad -cada una de las partes- de convencer al tribunal.” (Derecho Procesal Penal, de la Escuela Nacional de la Judicatura, página No. 412).

Lo criticado en este tema es también chocante con el Artículo 313 del CPP que habla sobre “la amplitud de la defensa” al disponer: “Art. 313. Dirección del debate. El presidente dirige la audiencia, ordena la exhibición de la prueba, las lecturas necesarias, hace las advertencias legales, modera el debate, rechaza todo todo lo que tienda a prolongarlo sin que haya mayor certidumbre en los resultados, impidiendo en consecuencia las intervenciones impertinentes o que no conduzcan a la determinación de la verdad, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación ni la amplitud de la defensa…” Esto que parecería ser razonable es, sin embargo, desmontado por el referido molde de los veinte (20) minutos preestablecidos como mucho por los jueces a los que se les ha inculcado que en nombre de “la celeridad“ fusilaria del segundo párrafo del Artículo 3 del CPP deben obligar a los abogados a hacer una exposición extremadamente intética.

¿“Ejercicio de la acusación“? ¿Cuál “ejercicio de la acusación“ es ese con semejante limitación a, como mucho, 20 minutos en una materia tan delicada como lo es la penal y dentro de esta la criminal? ¿“Amplitud de la defensa“? ¿Cuál “amplitud de la defensa“ es esa con semejante limitación a, como mucho, 20 minutos en una materia tan delicada como lo es la penal y dentro de esta la criminal? Los buscados para “formar“ (¿?) a los jueces de esta normativa procesal penal hablan con desprecio de la facultad de razonamiento, así, por ejemplo Héctor Quiñones Vargas, con ánimo expreso, deliberado, de desvalorizar dicha facultad de razonamiento, pretende fundarse en el aspecto probatorio para pretender “justificar“ la cuestión de la reducción de la argumentación y, por ello, se expresa de la siguiente manera: “El abogado defensor debe preparar su estrategia y salir en busca de toda aquella prueba que favorezca a su representado. No es con argumentos en el aire que se ganan los casos. Es necesario que se tenga prueba para sustentar los mismos.” (Quiñones Vargas, Héctor: La Prueba en el Proceso Penal; en Derecho Procesal Penal, de la Escuela Nacional de la Judicatura, página No. 257).

Es cierto que el aspecto probatorio es esencial, pero igualmente esencial es el razonamiento en la interpretación del aspecto probatorio; aún en casos con aparentes pruebas escasas la capacidad de razonamiento para persuadir en un sentido sobre la base de la inter-relación de dichas supuestas “escasas“ pruebas y los descartes específicos a que puede dar lugar la expresión de los diferentes escenarios analizados puede ser determinante, pues el tribunal de primera entrada puede captar erradamente el conjunto de pruebas que ha desfilado frente a él y ese error sólo puede ser desmontado mediante el análisis a realizar por el abogado representante del eventualmente afectado por esa captación inicial errada del tribunal. De ahí la capital importancia de respetar el tiempo del abogado para exponer razonándole al tribunal con la largueza razonable necesaria.

Los jueces “formados“ (¿?) con la Doctrina del CPP no permiten: la lectura, como cita, de un artículo del CPP, de una ley, de la Constitución, de un libro de algún autor jurídico, etcétera, es decir: no permiten citar a uno o a varios autores de Derecho Penal ni de ninguna otra materia relacionada con el caso en cuestión; no permiten ni siquiera hacer citas del legajo, es decir, de alguna parte del expediente; dan todo por supuestamente “sabido“; y todos esos desaguisados se cometen en nombre de la referida Celeridad fusilaria y de la Oralidad.

A éllos se les enseña que permitir hacer esas citas, eso es perder el tiempo: y que, por ello, deben decir, al oponerse a dicha lectura, que ellos “conocen“ lo que se va a citar (aunque realmente desconozcan lo que se quiere citar). Reitero: se les dice que esa lectura es contraria a los Principios de Celeridad y de Oralidad: como si no fuese oral la lectura que, por su importancia, se quiere hacer del texto en cuestión.

La exposición de la “teoría de la acusación“ y la exposición de la “teoría de la defensa“ devienen así en simples ritualismos, es decir, quedan como tales: los jueces se forjan su convicción sobre la base de lo que superficialmente han visto y oído (lo cual puede conducirlos con gran facilidad al error judicial), y de lo que de ello queda en pie por no haber sido abatido por la aplicación del Principio de Legalidad: la celeridad fusilaria perseguida no les permite a los jueces del CPP darles licencias u oportunidades a los abogados para exponer los razonamientos capaces de orientar en un último momento el convencimiento en un sentido determinado.

La capacidad de razonar y de exponer los razonamientos son sacados a patadas, violentamente, del proceso por un torpe y enceguecido deseo de terminar los casos con celeridad fusilaria, aunque esa terminación o culminación fusilaria se expresa, como en efecto se expresa, en una bajísima calidad y totalmente distante de una real y auténtica administración de Justicia. Así lo que se hace es fomentar la mediocridad en el ejercicio profesional de los abogados y la mediocridad en los jueces del ámbito penal, lo cual sumado al aspecto corrupción es explosivo, pues no obstante producirse el advenimiento de esta Suprema Corte de Justicia hay un remanente de la anterior administración de justicia de la anterior Suprema Corte de Justicia que sigue activo como una estructura judicial mafiosa (inclusive hay un juez de la anterior SCJ y un exjuez de dicha anterior SCJ involucrados en dicha red judicial mafiosa) y, como tal, causando daños a intereses legítimos sobre la base de los componentes de dicha red judicial mafiosa alimentar y acrecentar sus espúrios intereses basados en su concepción errada de que la administración de justicia es un campo fértil para ellos enriquecerse y seguir enriqueciéndose (si en esta Suprema Corte de Justicia tienen interés en corregir esto y si necesitan cualquier dato al respecto estoy a la mejor disposición).