Cuba espera ayuda del mundo para fin de embargo de Estados Unidos

Por jueves 27 de octubre, 2005

Washington, 27 oct (EFE).- El gobierno de Cuba dijo hoy que volverá a presionar el mes próximo ante la Asamblea General de la ONU por el fin del embargo de EEUU contra la isla, y expresó su optimismo porque la mayoría de los países apoyen su resolución. Durante una rueda de prensa, el jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington, Dagoberto Rodríguez, explicó que su país someterá a debate y votación una resolución de condena al embargo el próximo 8 de noviembre en las Naciones Unidas.

El año pasado, 179 de los 190 países miembros votaron a favor de una resolución similar y Rodríguez dijo que el gobierno de La Habana "espera un apoyo masivo del mundo" en contra del "bloqueo", como Cuba denomina al embargo económico unilateral que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde 1962.

Por el momento, el Departamento de Estado no ha hecho comentario alguno respecto a este nuevo intento de Cuba de terminar con el embargo mediante la presión internacional.

Pese a recientes presiones de diversos líderes del Congreso para flexibilizar el embargo, o al menos las restricciones de viaje a la isla, el gobierno de Washington insiste en mantenerlo para presionar a favor de un cambio democrático en Cuba.

Pero, con igual ahínco, el gobierno de La Habana intenta persuadir a la opinión pública internacional de que las acciones unilaterales de Estados Unidos son ilegales y que, por lo tanto, el mundo no debe someterse a las leyes estadounidenses.

El embargo es una "política ilegal y sin sentido" de Estados Unidos, recrudecida bajo el gobierno del presidente George W. Bush, dijo Rodríguez.

En lo que se ha convertido en un ejercicio anual de condena desde 1991, Rodríguez destacó además que el embargo -que se ha mantenido a lo largo de diez administraciones estadounidenses- le ha costado a la isla 82.000 millones de dólares.

Esa cifra no incluye daños atribuidos a actos de "sabotaje y terrorismo" contra la isla, según Rodríguez, quien no ofreció detalles al respecto.

En concreto, el funcionario cubano se refirió a las leyes Torricelli, de 1992, que prohíbe a las subsidiarias de compañías norteamericanas comerciar con Cuba, y la Helms-Burton, de 1996, que penaliza a las compañías extranjeras que comercien con bienes confiscados en su día por el régimen cubano a ciudadanos de EEUU.

Ambas leyes "tienen el objetivo de asfixiar la economía cubana, incrementar las restricciones financieras y a los viajes", además de que obstaculizan los contactos entre los cubanos en EEUU y sus familiares en la isla, aseguró Rodríguez.

Según el funcionario, las acciones de Washington están pensadas para crear las condiciones que "eventualmente faciliten una intervención (militar) norteamericana".

Esa acusación, que para algunos críticos se ha convertido en una obsesión del gobierno de Fidel Castro, es parecida a la que ha formulado en días recientes el gobierno venezolano, que mantiene estrechos vínculos con la isla.

Rodríguez aprovechó el encuentro con los periodistas para detallar el impacto social y económico del embargo no sólo en la isla sino también a las compañías que realizan negocios allí.

En 2004, el número de visitas de turistas estadounidenses a la isla bajó un 40,5 por ciento y el de los cubanos que residen en EEUU un 50,3 por ciento, y este año continúa la tendencia a la baja.

También el año pasado, 77 compañías, bancos y organizaciones no gubernamentales recibieron un total de 1,262 millones de dólares en multas por las leyes relacionadas con el embargo, se informó.

Las autoridades cubanas distribuyeron a los periodistas una copia del informe de 44 páginas que presentarán a la Asamblea General de la ONU el 8 de noviembre, como parte de la resolución.

El informe, titulado "La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba", recoge las quejas perennes de La Habana de que el embargo es "un acto de guerra económica".

Cada año, la mayoría de los países suele aprobar la resolución de condena a las sanciones estadounidenses, pero ésta no es vinculante para Estados Unidos.