Danilo y las Contrataciones publicas

Por Carlos Luis Baron jueves 12 de julio, 2012

Las compras y contrataciones públicas siguen siendo una actividad pletórica de vicios que permiten prácticas malsanas generadoras de corrupción y abusos, ante los ojos indiferentes de las altas instancias del poder y de la sociedad civil.

De ahí que el nuevo gobierno que se estrena el 16 de agosto a la cabeza del licenciado Danilo Medina tiene el gran compromiso de motorizar una nueva modificación de la Ley 340-06 que experimentó una modificación contenida en la Ley 449-06, a los fines de hacerla más eficaz.

Los problemas sobre las contrataciones que se han denunciado recientemente están ligados al hecho de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se hace de la vista gorda ante el mandato de que las instituciones comprendidas en el ámbito de la ley “están obligadas a elaborar planes y programas anuales de contrataciones” de acuerdo con las normas y metodología que al respecto dicte ese organismo.

En el párrafo III del artículo 38 de la Ley 340-06 se indica que “los planes y programas anuales de contratación de bienes, servicios y obras deberán ser consolidados por el órgano rector, que tendrá la responsabilidad de su difusión pública, así como de efectuar la evaluación de su cumplimiento”.

Nunca se han publicado informes de la DGCP sobre las evaluaciones de cumplimiento de los planes y programas anuales de contrataciones que la ley manda que realicen las instituciones comprendidas en el ámbito de la citada legislación.

Se supone que en base a esos planes y programas anuales de contrataciones es que se efectúan las apropiaciones de fondos en el Presupuesto de Ingresos Corrientes del Gobierno Central aprobado por el Congreso Nacional.

¿Por qué la DGCP no ejerce su función y exige públicamente que las entidades contratantes cumplan con los mandatos de la ley? ¿Acaso cumple con instrucciones superiores?

Un funcionario responsable remitiría al Ministerio de Hacienda un informe sobre las entidades contratantes que no presenten sus planes y programas anuales de contrataciones como se establece, recomendando además que no se les hagan las asignaciones correspondientes a los renglones de compra de bienes, adquisición de servicios y ejecución de obras.

Como el órgano rector no aplica los mandatos de la ley, las instituciones gubernamentales ligadas al área de la construcción cometen una doble violación del artículo 38 de la mencionada legislación.

Además de que no presentan sus planes y programas anuales de contrataciones, muchas de esas entidades formalizan contratos sin disponer de las apropiaciones presupuestarias aprobadas para cada ejercicio.

Pero no solamente hacen contrataciones que carecen de la apropiación de fondos, sino que también comprometen recursos de años posteriores a la fecha de culminación del período constitucional en curso, como está ocurriendo en la actual etapa de transición.

Los vicios que contiene la ley 340-06 permiten la ejecución de abusos de parte de los titulares de las instituciones contratantes, quienes con frecuencia también cometen dolo en contra de los contratistas.

Esta legislación permite que las instituciones, para la adquisición de bienes o contratación de obras y servicios, elaboren los contratos de manera indistinta, lo cual se aprovecha para tomar decisiones abusivas.

Como ejemplo se pueden citar las rescinsiones de contratos que realizan los funcionarios recién designados al frente de una institución pública ligada a la construcción, sin importarle que la obra se esté ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnica y que el estado financiero de la misma sea favorable al contratista.

Uno de los principios por los que se rigen las compras y contrataciones públicas es el de equidad, el cual plantea que debe haber una correlación con equivalencia entre los derechos y obligaciones de las partes, pero en el contenido de los contratos eso se violenta en perjuicio de los contratistas.

Las instituciones contratantes pueden demandar a los contratistas que han incumplido con sus obligaciones, pero ni en la ley ni en el contenido de los contratos se especifica que los titulares de esos organismos pueden ser demandados cuando cometen dolo contra una persona o empresa contratada por la entidad que dirige.

Otro fallo de la ley es que permite a los titulares de las entidades contratantes dictaminar declaratorias de urgencia para obviar los procedimientos de licitación identificados en la legislación, para así poder recurrir a la contratación grado a grado.

La ley 340-06 y su reglamente discriminan el acceso a las licitaciones de obras a los ingenieros recién graduados y a las empresas de reciente formación.