Darío, ¿y quién lo va a nombrar?

Por Carlos Luis Baron jueves 14 de junio, 2012

Eso que escribes en el periódico digital “El Nuevo Diario”, sobre ese bandidaje y extorsionismo que se verifican en los cementerios públicos del país, son realidades que, todo el que ha tenido que llevar allí los restos mortales de sus seres queridos, las conoce “al dedillo”, como se dice.

Lo que ocurre es que, no hay a quien quejarse aquí. Toda esa especulación, todos esos impedimentos operativos personales que se dan en aquellos lugares de descanso post mortem, promovidos por los grupos de seudos albañiles sindicalizados, un tigueraje puro, de seguro accionan en connivencia con las mismas autoridades de los cementerios. De no ser así, esas cosas no se permitieran; pues los que administran esos lugares, bien pueden establecer las medidas correctivas de lugar. ¿Por qué no lo hacen?

Debes recordar además, que todo lo que allí se produce en contra de los dolientes: cobros excesivos por cualquier tontería, como esa misma de destapar un nicho para depositar en cadáver, y volver a taparlo; los impuestos de rigor, los robos de ataúdes, cadenas, puertas de hierro, y todo aquel descuido ornamental mayor, etc., fomentan en gran medida la creación y utilización de los cementerios privados, que se han constituido en un gran negocio, apadrinado siempre por los de arriba, como es lógico entender.

En este país, los ayuntamientos, que son los encargados de velar por una efectiva administración, gerencia de calidad, con relación a ese tipo de servicios públicos en dichos lugares, destinados para propósitos funerarios, y dignos de un respeto absoluto, con carácter de cierta “sagradez”, si cabe el término, sólo están básicamente, para la construcción de obras municipales, que produzcan jugosas ganancias personales; barrer hojas en las aceras, y contratar para que recojan las basuras gruesas, y nada más. ¡Ahí nadie está pensando en muertos, salvo que no sea para cobrar altos arbitrios a los deudos de los fallecidos!

Ahora, eso que tú planteas, sobre la necesidad de un Defensor del Pueblo, en capacidad de enfrentar situaciones desaprensivas de esa naturaleza, entre otras cosas, que se producen, haciendo provecho de los momentos de desesperación y dolor que se verifican en ese tipo de dolientes, en este país sería, como tirarle piedras a la Luna.

¿Quién lo va a nombrar? Esa es una figura jurídica que, como cargo público, sólo aplica en países donde existe una verdadera separación de funciones entre los poderes estatales; donde funciona la institucionalidad. En los que esas incalificables acciones de los maridajes políticos, el tráfico de influencias, y los apañamientos partidarios, no existen; o al menos, se disimulan bastante.

Solamente tenemos que ver en esta nación, el tiempo que hace que ese asunto se ha mantenido dando vueltas en el Congreso Nacional. ¿Crees tú, que esa gente va a afiliar cuchillo para su propia garganta, como para los sectores que ellos representan? ¡Jamás! Porque lo menos que se procura, es hacerlo con el pueblo elector – representarlo y protegerlo -, que sería el beneficiario final, a partir de tal designación.

Aquí lo que se necesita, es alguien que se haga respetar; que imponga respeto, aunque sea a las malas, dirigiendo los destinos nacionales, para ver si acabamos con este desorden mayúsculo en que vivimos los dominicanos; y los tantos abusos que se cometen en contra de la ciudadanía, provenientes de todos los sectores sociales, incluyendo los de más bajo nivel, como ese mismo de los obreros y chiriperos que trabajan en los camposantos públicos.

¡Por ahí, sí es que debe ir la cosa!, hermano Darío Nin.

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