De salamis e “investigaciones”

Por Carlos Luis Baron martes 31 de julio, 2012

Nadie osaría cuestionar el derecho (constitucional) que tienen los ciudadanos de disponer de alimentos nutritivos, de buena calidad, inocuos y seguros. También de procedimientos eficaces y transparentes de evaluación de la conformidad de los alimentos con las normas y reglamentos técnicos correspondientes.

Los medios de control, fiscalización y ensayos en manos de cuerpos gubernamentales competentes y con un alto nivel de institucionalización, pueden neutralizar o mitigar sustancialmente las interferencias políticas, económicas, corporativas y comerciales que pueden hacer peligrar la integridad, la salud y el bienestar de los consumidores. Evitarían eficazmente las denuncias alarmistas, sensacionalistas y perniciosas, el eventual monopolio de la razón y el afán de protagonismo social cuyo componente emotivo exacerbado conduce a actuaciones más bien personales, no institucionales.

Hacemos este planteamiento por dos razones.

La primera, la inexistencia en el país de entidades reguladoras, de carácter eminentemente técnico, competentes, debidamente equipadas, reconocidas y apoyadas por el Gobierno. Por ejemplo, en estos momentos ninguna institución estatal puede certificar que un kilogramo pesado en Santo Domingo es equivalente a un kilogramo pesado en los Estados Unidos. Los certificados de conformidad emitidos tampoco pueden ser reconocidos por nuestros socios comerciales, ni siquiera al nivel bilateral, y la razón es que no emanan de instancias acreditadas, es decir, reconocidas como competentes en lo que hacen. Los resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aún utilizando unos mismos métodos, resultan comúnmente muy distantes unos de otros.

En cuanto a los servicios de inspección estatal, sin exagerar, podríamos calificarlos de precarios e ineficientes. La escasez o falta absoluta de recursos técnicos y la inexistencia de una política salarial coherente orientada a formar y conservar técnicos capacitados y honestos, minan la posibilidad de que la sociedad disponga de un servicio de inspección y/o regulación eficiente. Generalmente, la rotación de ese personal es muy frecuente debido a los cambios políticos que se llevan a los mejores profesionales y desconocen las inversiones públicas en capacitación y pasantías.

De este modo, debemos tener cuidado con las “investigaciones” que se hagan, especialmente cuando se trata del prestigio y la credibilidad de empresas líderes de un sector que, me consta, hacen grandes inversiones en la mejora continua, la calidad y la inocuidad de sus productos. Se entiende que este reconocimiento que hacemos no supone que debamos anteponer la salud comunitaria a los intereses empresariales o hacer de la vista gorda ante realidades donde el afán de lucro olvida impunemente la calidad y la seguridad en el consumo.

Segundo, el otro punto es la “investigación” de Pro-Consumidor. A mí me enseñaron en la universidad que una investigación científica, que es el carácter que debe tener la anunciada, se hace justificando su pertinencia y precisando los alcances, el marco contextual, referencial, legal y teórico. Es necesario, además, invertir tiempo en el diseño del estudio, universo y muestra, la operacionalización de variables e instrumentos de investigación, entre muchos otros aspectos.

Si la investigación implica la realización de ensayos cualitativos o cuantitativos de laboratorio, es obligatorio establecer cuál habrá de ser el método de ensayo normalizado más apropiado para el producto en cuestión. También deben tomarse decisiones sobre el tipo de muestreo, tamaño de la muestra y grado de fiabilidad de las conclusiones a ser presentadas. No menos importante es la selección del personal competente, el cual, este caso, debe tener conocimientos básicos sobre el manejo de los alimentos. Si la investigación implica la posible afectación de intereses públicos, empresariales o comerciales, es necesario que los mismos se hagan representar en las etapas cruciales de la investigación.

¿Dónde está esa investigación de Pro-Consumidor? ¿Cómo sabemos cuándo, dónde y cómo se colectaron las muestras? ¿Cuánto tiempo tuvieron en manos de esa institución? ¿En cuáles laboratorios nacionales fueron analizadas? ¿En qué eslabón de la cadena de valor fueron capturadas? ¿Se utilizó el método de ensayo más idóneo de acuerdo con la naturaleza del producto? ¿Cómo se segmentó el mercado? ¿En informal e informal, en grandes, pequeñas y medianas empresas? ¿Dónde están localizadas?

No sabemos dónde se esconde el documento completo de la famosa “investigación” de Pro-Consumidor. Es razonable presumir que lo que se hizo fue enviar a unos inspectores a recoger unas muestras en comercios y negocios que expenden alimentos, tal y como lo confirma el director de la Digenor, Ing. Manuel Guerrero. Con mucha razón el director afirma que “yo no puedo tomar muestras de una empresa a escondidas” y que no puede proceder contra nadie porque el supuesto estudio caducó y no revela nombres de responsables (El Día, 26 de julio 2012). ¡Tomar muestras en colmados! Antes de hacerlo, deberíamos preocuparnos por mejorar las condiciones sanitarias de los mismos.

Tenemos unos resultados. No se revelan las marcas de salamis pero se ofrecen cifras inquietantes que nos dejan el sabor de que todo anda mal en ese mercado (97% son casi todas las empresas). Ignoramos qué peso tiene en ese porcentaje el pequeño grupo de ellas con poder de mercado. El hallazgo de coliformes fecales (diferentes de los coliformes totales) en un 15% de las muestras analizadas es realmente perturbador y debería implicar llevar al pasillo de la muerte a las empresas productoras dueñas de los productos afectados.

Ciertamente, existen fábricas localizadas en lugares inapropiados, con instalaciones precarias y desastrosas, que no cumplen con ninguna norma. La proliferación reciente de las mismas es harto conocida. Muchas de ellas disponen de registros sanitarios unas veces verdaderos, otras falsos, y producen y venden en la acera contraria a la que ocupan los paralizados reguladores estatales.

¿Componen estas empresas de patio la mayoría del 97% que no cumple la normativa y del 15% cuyos productos están contaminados con coliformes fecales? No sabemos. Pero para determinar la presencia de coliformes fecales en esas empresas no hay necesidad alguna de hacer investigaciones. Por otro lado, un producto puede estar contaminado y proceder de una empresa que cumple con todos los estándares internacionales. Bastaría con tomar la muestra en un lugar decididamente antihigiénico, poblado de ratas, con un personal sin el más mínimo conocimiento en materia alimentaria.

Mientras, la denuncia nos impone sufrir la vergüenza de que la nación con los más bajos niveles de sanidad pública del hemisferio y con controles estatales de calidad inexistentes, prohíba la entrada de los embutidos dominicanos a su territorio. Peligran entre 80 y 90 millones de dólares de exportaciones anuales a Haití. Peligran las compras del sector turismo, bajan las compras de salamis del consumidor dominicano. Se afecta la imagen país en un contexto repudiable donde pagan justos por pecadores.