Del reglamento del GLP y otras cosas

Por Carlos Luis Baron jueves 26 de julio, 2012

Las denuncias de Pro-Consumidor, en su rol de institución estatal vigilante del mercado y de defensora de los derechos de los consumidores y usuarios, se han hecho tan recurrentes que pareciera que su directora está empeñada sinceramente en salvar a los consumidores de casi cincuenta años de controles gubernamentales ineficaces y escasamente transparentes. Sin embargo, esas intenciones tendrán, al final de cuentas, pocos impactos positivos para la sociedad. Esto, sin que se entienda que trato de deslucir su rol y esfuerzos.

Hace algún tiempo la señora directora de esa institución se opuso a un reglamento técnico avanzado desde la Dirección de la Digenor enfocado al establecimiento de reglas claras en torno a los controles metrológicos en el despacho de ese importante combustible. Se convocó diligentemente a todos los sectores interesados, sin excluir, obviamente, a Pro-Consumidor. Sin embargo, en ese momento, la señora aseguró que el proyecto de reglamento reflejaba unilateralmente los intereses de los gaseros e hizo serias insinuaciones sobre un alegado parcialismo del suscrito.

El reglamento, como un documento “a la medida de los gaseros”, tomaba en cuenta la mezcla real del gas, la mezcla de recepción en puerto. Parecía y es contraproducente partir de la mezcla imaginaria, avanzada por la directora y sus técnicos, de 70/30 para la fijación de las tolerancias. Hicimos venir de Cuba a un experto pero, ante una buena espartana, de poco sirvieron sus acreditados conocimientos. Se engavetó la cuestión y Pro-Consumidor siguió sus inspecciones en el mercado de gases licuados de petróleo, acompañada de la Digenor, sin reglas de juego de metrología legal concretas.

Los cierres actuales de envasadoras no deberían prosperar en ningún tribunal por dos sencillas razones: primero, no existe un reglamento de verificación metrológica formalmente aprobado por la autoridad y, segundo, Digenor ni Pro-consumidor disponen de patrones de trabajo trazables para cumplir con la tarea de la verificación asegurando la máxima exactitud requerida para el caso, lo cual se lograría con la disponibilidad y custodia de patrones de medición de la mayor exactitud nacional. Además, no corresponde a Pro-Consumidor la realización de actividades de verificación (metrología legal), en el sentido estricto que a ese término le da la Organización Internacional de la Metrología Legal (OIML).

Ante tantas resistencias y planteamientos inverosímiles, se propuso la compra de medidores de prueba del tipo Coriolis, disponibles en el mercado norteamericano, los cuales tienen la gran ventaja de ofrecer información instantánea en una sola lectura sobre peso, volumen y densidad (la exactitud típica de estos medidores está entre un +0,20% a +0,40% del valor máximo del flujo de diseño: hasta ahora insuperablemente elevada). Como son lineales, no tienen que ser ajustados para variaciones en las propiedades de los gases o los líquidos y, al mismo tiempo, eliminan la necesidad de compensar por cambios en la presión y la temperatura.

La gran desventaja de esta iniciativa era que provenía de la Digenor, es decir, de los gaseros. Por tanto, no se le puso mucho caso y la señora se enfocó en hacer valer “su autoridad” en los asuntos estatales de la metrología, claro, “a su modo”. Mediante un “arreglo político”, motivado también por otro reglamento y la intención explícita de crear barreras de acceso a productos extranjeros al mercado local, se movió, sin justificación pública alguna, al director de la Digenor de su puesto.

Ahora se anuncia la paralización del sector del GLP porque aparentemente se excluyó de la agenda de la Comisión de Normas y Sistemas de Calidad el tema y porque debemos respetar el punto de vista de la señora de que los cálculos deben hacerse partiendo de la mezcla 70/30. También porque el gas “debe ser pesado en libras”. Primero, en la realidad, la mezcla 70/30 nunca llega a los distribuidores. Tampoco se puede hallar un promedio anual -en puerto- en los embarques del producto que se aproxime a esa mezcla.

Segundo, con la tecnología disponible en el mercado (Emerson es buen oferente), no hace falta pesar el gas mediante el tedioso y viejo procedimiento convencional. Aunque sea por el hecho de que no tenemos patrones nacionales trazables que aseguren una verificación correcta ni mucho menos una calibración periódica adecuada de los equipos de medición a ser utilizados (balanzas). Además, ya se emitió una resolución sobre el asunto y nunca fue aplicada de forma abarcante y la realidad es que los usuarios del servicio no se dieron por enterados.

La iniciativa del Ministro del MIC, Manuel García Arévalo, de intervenir y buscar una solución mediante el diálogo es loable. Sin embargo, mi experiencia me indica que la señora detesta los consensos sectoriales porque para ella se reducen a componendas entre stakeholders.

Sin dudas, los reglamentos deben demostrar que se está ante la defensa un objetivo legítimo del Estado, en este caso proteger a los usuarios del gas de prácticas engañosas. En este sentido, materia de mediciones, sobra toda demostración: es absolutamente legítimo que los consumidores y usuarios hagan valer sus razonamientos y que se aplique un reglamento donde efectivamente sus intereses se vean reflejados. Pero mal haríamos en desconocer los razonamientos técnicos, los valores de mezcla que prevalecen como promedio en las importaciones, las prácticas de otros países y las fronteras de las propias competencias institucionales.

Tampoco es bueno olvidar que vivimos en una sociedad con normas pero sin ellas, que existe una cultura generalizada del incumplimiento y que, en esta situación tan indeseable, más que el palo, vale más la claridad del procedimiento y el entendimiento del beneficio de cumplir con los mandatos de las leyes. Las posturas enérgicas son válidas si están sustentadas en hechos, en el conocimiento científico y técnico, en la transparencia y la participación más amplia.

Así, para hablar de costos del pollo no podemos dejar fuera a quienes lo producen y distribuyen; para hablar de salamis no podemos generalizar sin mencionar una sola marca y sin decir cómo se hizo el muestreo, en cuáles laboratorios acreditados del país se realizaron los análisis, sobre la base de qué método de ensayo se obtuvieron los resultados y cuáles fueron los representantes técnicos de las instituciones que tienen vela en el asunto que participaron en la “investigación”; para hablar de GLP debemos mostrar hechos y referencias técnicas creíbles.

Debemos escucharnos: “Lo más importante es que privilegiemos el diálogo para buscar soluciones razonables…”, dijo García Arévalo. La autoridad competente, en materia reglamentaria (Digenor), tendrá la última palabra, y si esa institución no tiene capacidad técnica para decir la última palabra, que contrate entonces a un experto que no sea amigo de los gaseros.