Demostrado, se necesita un Defensor independiente

Por Carlos Luis Baron viernes 27 de julio, 2012

Hoy sale a la palestra pública contradicciones entre funcionarios que deben garantizar derechos colectivos y difusos.

Se pasan el balón como si se tratara de un partido de basketball. Nadie quiere retenerlo y lo pasa para que sea el otro que enceste o falle el tiro. “El juego es de grandes ligas”.

Ese es el inconveniente que presentan funcionarios que dependen de la voluntad política, para continua o no, en un cargo. Funcionarios que no tienen seguridad de cuanto van durar en el puesto y cuando están o no, afectando intereses poderosos capaces de “hacerlos volar”.

Detrás de la realidad política, existe una realidad económica, detrás de un éxito político que se cosecha, hay una mano económica que lo sembró. Por lo tanto, siempre hay gratitudes que cultivar y favores o inversiones que dan fuerzas para exigir.

Siendo así las cosas, nunca habrá una independencia total, pero es indudable que una institución con autonomía administrativa y presupuestaria y cuyo funcionario no dependa de la voluntad política para permanecer o no en el puesto, por lo menos en un periodo considerable; es un funcionario que actúa sin temor, es atrevido y con oídos afinados para sólo escuchar a su conciencia.

Ese funcionario está contemplado en nuestra constitución, ese funcionario espera su elección, ese funcionario tiene un nombre y se le ha denominado El Defensor del Pueblo.

Los hechos recientes confirman lo que he venido pregonando. NECESITAMOS UN DEFENSOR DEL PUEBLO Y CON CARÁCTER DE URGENCIA.

Nuestra Constitución establece en su artículo 90, lo siguiente: “El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria. Se debe de manera exclusiva al mandato de esta Constitución y las leyes.

En lo inmediato el artículo 91, establece sus funciones: “La función esencial del Defensor el Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.

No cabe la menor duda de que garantizar productos de calidad y velar por el castigo y resarcimiento del daño y el perjuicio que se ha cometido contra pueblo con la fabricación y expendio de embutidos de malísima calidad; que ha puesto a rodar no sólo la dignidad humana al poner a la población a consumir heces (eses, o eces) fecales de animales, sino también su salud y la calidad de vida. Son derechos colectivos y difusos que son tareas constitucionales puestas inequívocamente en el ámbito del Defensor del Pueblo.

¡ Díganme por favor, que no se le teme a su independencia, a su autonomía! ¡Díganme que esa no ha sido la razón por la que no se ha hecho a esta fecha su elección o designación!.

Hasta la próxima.