Doble atentado al paciente, judicializar la medicina

Por Carlos Luis Baron miércoles 26 de diciembre, 2012

La demanda legal tiene varios significados, pero desde el punto de vista del derecho médico se configura cuando un paciente, sus ascendientes o ascendientes entablan un litigio contra un servidor del sector Salud, o contra una sociedad o institución relacionada con la salud, a los fines de reclamar ante un órgano judicial el castigo o la reparación de un daño que cree haber recibido de estos como consecuencia de la vulneración de un derecho que considera que le asiste.

En República Dominicana a partir de la sentencia No. 2, del 12 de Agosto del 1998, de la Suprema Corte de Justicis, publicada en el B. J. No. 1053, las demandas contra médicos han aumentado en más de 200% por ciento. Esto ha creado en los servidores de salud la sensación de inseguridad y de riesgo al adoptar una conducta profesional.

Este fenómeno, magnificado por la prensa que se sirve de esta situación, más el impacto que tiene la medicina en los medios y el morbo que genera en la población el hecho de que profesionales que la sociedad le dispensa un gran prestigio, eventualmente cometan errores inherentes o no con su profesión, es un síntoma que amenaza el fin y el objeto de la medicina, como la hemos conocido desde antaño.

La “hiperemandabilidad” de la profesión ha hecho que los pacientes lleven la relación con sus médicos de una situación de confianza a una de desconfianza, en la cual el médico en vez de ser un profesional que ayuda a su paciente, la sociedad y el sistema de justicia lo está convirtiendo en el enemigo del paciente.

Esta desconfianza enturbia la relación médico-paciente, parte fundamental del acto médico, de esta forma se entorpece la obtención del objetivo que es el diagnóstico y la eventual sanación del paciente. Lamentablemente una relación tan íntima, que se desarrolla en un consultorio o en un quirófano termina en una sala de audiencia.

El paciente siempre debe pensar antes de iniciar cualquier acción legal contra un médico, pero el médico debe saber que tiene la obligación de aclarar todas las dudas que tenga el paciente o su representante, con palabras y terminologías entendibles por estos. El demandante que lanza una demanda está afectando el derecho a la honra y al ejercicio laboral de ese médico, que son derechos fundamentales al igual que la salud y en caso de que el juez al final del proceso determine que el médico no ha cometido una falta, entonces el demandante se hace pasible de una demanda re-convencional por parte del demandado y el abogado que asesora al demandante nunca explica esto, cuando hay un fallo que no lo favorece lo deja solo y por consiguiente el demandante cargara con sus consecuencias. Eeste viene siendo un primer atentado.

Los médicos dominicanos, asustados por esta nueva inquisición , se verán obligados a actuar a la defensiva. Motivados por el miedo se produce otro factor que lleva al encarecimiento de la medicina, pidiendo exámenes de más y tomando seguros. Hoy esta sociedad no lo siente, pero a la larga esto será perjudicial para los pacientes. A esto sumamos el hecho de que la medicina no es una ciencia exacta y que más del 95% de los juicios por negligencia médica terminan con la inocencia del médico demandado. Podemos decir que hay un exceso en el “mercado” de las demandas médicas (lo llamo mercado porque se ha convertido en un gran negocio, que involucra a pacientes, abogados, compañías de seguros y otros). Este exceso, termina perjudicando al grueso de los pacientes y, lo peor de todo, son atendidos en un clima de desconfianza mutua que hace que la medicina sea de menor calidad.

El último atentado se lo produce el propio paciente que demanda al médico porque cree que este realizó mal el acto médico, pero es asesorado por profesionales del derecho que con su accionar también violan la parte social del derecho, que aún sabiendo que una demanda no procede desde el punto de vista de las pruebas y por tanto del derecho, ilusionan al paciente prometiéndoles sumas millonarias con ganancia de causas. El paciente al creer que fue mal atendido por el médico pasa a las manos de otro profesional que casi siempre, sino sabe que está mal asesorado, lo sospecha, y el paciente siempre estará en una dualidad. La judicialización injusta, excesiva y sin control ético no trae como consecuencia progreso ni desarrollo, sino que trae temor, rompe la benéfica y trascendental relación médico-paciente y por último termina por encarecer el acto médico.

Sería una grave irresponsabilidad pensar que el actuar medico está exento de control ético y legal. Es universalmente aceptado que nadie puede tener inmunidad frente a la ley, pero también me parece un deber alentar, que así como la profesión médica no es inmune, la noble profesión de abogado tampoco es inmune a la mala praxis y negligencia profesional.

La Dra. Dalin Olivo Plasencio es médico cirujano general, ayudante del Departamento de Cirugía General del hospital Taiwán de Azua, República Dominicana; Lcda. en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magister en Derecho y Relaciones Internacionales, de la misma universidad, diplomado en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Notarial, Derecho Procesal Penal y Derecho Médico, diversos estudios en el ámbito internacional sobre la paz y manejo de conflictos. Coordinadora del Bloque de Organizaciones Comunitarias del sector de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste y actualmente forma parte de las ternas para escoger el suplente al Defensor del Pueblo. (26-12-2012)