El 10% que reclaman los ayuntamientos

Por Carlos Luis Baron domingo 5 de febrero, 2012

La constante violaciones a la Constitución de la República Dominicana y a las leyes que rigen el marco jurídico, no debe de sorprender a nadie, pues solo debemos recordar cuando en una oportunidad el Doctor Joaquín Balaguer dijo ¨ La Constitución de la República no es más que un pedazo de papel ¨ y se lo comieron vivo.

Tradicionalmente en la República Dominicana hemos contado con legisladores analfabetos e inorgánicos que han llegado a ocupar esas posiciones, por el dinero, no por liderazgo y que levantan la mano alegremente tan pronto aparece el denominado hombre del maletín, a repartir las dádivas, sin importar las consecuencias que en materia de hechos y de derechos, puedan ocasionarle al país y por ende afectar de una manera u otra a todos los dominicanos.

Si observamos detenidamente, hay cientos de leyes aprobadas con sus respectivos reglamentos y a diario vemos la violación constante de las mismas, aquí se ha perdido el respeto a las leyes, a la autoridad civil y militar, por lo que este nuevo congreso debiera de revisar cada una de ellas y si hay que modificarlas hacerlo sin reparos y crear los mecanismos necesarios, para que se le vuelva a tener temor o miedo a las violaciones de nuestras leyes.

La Ley 166-03 es una de ella, que establece la asignación de un 10% del presupuesto nacional, para ser redistribuidos a los Ayuntamientos y Juntas Distritales, de acuerdo a la cantidad poblacional que habita en cada área, pero resulta que tenemos una Ley que es la 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Ayuntamientos, que después de haber transcurrido casi 5 años de su promulgación aún no se ha podido concretizar el reglamento de su aplicación por las incongruencias y algunos artículos inconstitucionales, que ahora que ya está el Tribunal Constitucional establecido, deberán corregir ó enmendar.

Los Alcaldes, Alcaldesas, Directores ó Directoras de Juntas Distritales, se han atrincherado y permanentemente viven reclamando la aplicación de esa Ley, la 166-03, alegando el crecimiento poblacional, la creación de nuevas urbanizaciones, lotificaciones y los incrementos en los costos operacionales para brindar un buen servicio y cumplir con sus responsabilidades municipales, para lo cual fueron electos.

Pero no, eso no es cierto totalmente, son unos violadores de las leyes, porque en la mayoría de los Ayuntamientos y Juntas Distritales, los respectivos incumbentes pagan más del 60% de los ingresos que reciben por la ley 166-03, en nóminas, nominillas, botellas y botellones, en detrimento de la municipalidad, con el único objetivo de mantener un clientelismo político pensando que de esta manera se pueden perpetuar en la posición.

Además son constantes violadores de la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones públicas, manejando los recursos que perciben a su merced, como chivos sin ley, sin que nadie los controle o los haga cumplir con la Ley, desconociendo en su gran mayoría que son la parte representan la parte ejecutiva de la municipalidad, pero que la parte de fiscalización y legislativa, es una competencia exclusiva del Concejo Municipal de Regidores ó de los Concejos de Vocales de las Juntas Distritales.

Pero como todo país corrupto, muchos Alcaldes, Alcaldesas, Directores de Juntas Distritales, silencian y manejan a su merced a quienes desde el inicio de sus aspiraciones empujaron para que fueran regidores o vocales, pues es la primer alma que utilizan, sacarle en cara ¨tu eres regidor ó vocal por mi¨ así que usted se está tranquilo, que le voy a dar gasolina, unas ayudas sociales, ordenes de comidas y ferreterías y con eso lo engatusan y compran como si estuviésemos en un mercado público y no en un Ayuntamiento Municipal, donde los recursos no son de los Alcaldes ó Directores de Juntas Distritales, sino de toda la municipalidad.

Si observamos las últimas auditorías que ha realizado la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en los informes financieros y jurídicos, podemos observar violaciones fragantes a decenas de procedimientos contables, de auditoría, que constituye la distracción de fondos, el dolo, la subvaloración de obras, las compras millonarias versus comisiones, el dispendio de los recursos municipales en abultadas nóminas, mientras los municipios lucen cada día más deteriorados, más sucios, llenos de basuras, con las calles y caminos vecinales intransitables y sobre todo con una perversidad por conseguir dinero fácil y enriquecerse de la noche a la mañana a costa del sufrimiento y sacrificio a que someten a los munícipes.

Por eso somos de opinión que ha llagado el momento, en hacer cumplir las leyes y someter a la Justicia a todos los Alcaldes, Alcaldesas, Regidores, Regidoras, Directores y Directoras de Juntas Distritales, al igual que a los Vocales, que creyéndose que pueden hacer y deshacer con los recursos municipales y que nada les podría pasar, se choquen con la realidad y cuando se vean en las cárceles cumpliendo penas por robo, abuso de autoridad, falsedad en escritura pública, en cubicaciones, obras presupuestadas y no ejecutadas o sobrevaluadas y un sin número de artimañas que realizan para robarse los recursos de los municipios y las Juntas Distritales, entonces de seguro veremos el desarrollo que todo buen dominicano anhela para sus municipios, los distritos municipales y por ende para el país.