El abuso de inadmitir recursos de Casación

Por Carlos Luis Baron lunes 19 de marzo, 2012

El Artículo 427 del Código Procesal Penal, combinado con el Art. 420 del mismo (aquel remite a este), se refiere a la facultad de la Suprema Corte de Justicia de admitir los recursos de casación:

“Art. 420. Procedimiento. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelación (entiéndase la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación. G.C.), dentro de los diez días siguientes, si estima admisible el recurso, fija una audiencia que debe realizarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez. La parte que haya ofrecido prueba en ocasión del recurso, tiene la carga de su presentación en la audiencia. Si la producción de la prueba amerita una actuación conminatoria el secretario de la Corte de Apelación, a solicitud del recurrente, expide las citaciones u órdenes que sean necesarias.”

En base a esos Artículos del CPP la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, bajo la inapropiada rectoría de Hugo Alvarez Valencia, declararó inadmisibles numerosos recursos de Casación: la cantidad de inadmisiones de recursos de casación que dictó fue gigantesca: son números industriales, sólo hay que leerse los boletines judiciales: el 98 por ciento de dichos recursos fue declarado inadmisible aun siendo realmente admisible la inmensa mayoría de dichos recursos por cumplir estos con los requisitos legales.

El porcentaje extraordinario de dichas inadmisiones es tan elevado que puebla u ocupa la mayor parte de los boletines judiciales de la Suprema Corte de Justicia.

Ese fue uno de los problemas más graves de la administración de Justicia bajo la anterior Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Dicha anterior Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (sobra resaltar que es de jurisdicción nacional), bajo dicha inapropiada rectoría, lo que hizo fue abusar de esa facultad de inadmitir recursos de casación.

Para salir de la inmensa mayoría de los recursos de casación en materia penal dicha anterior Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia se despachó alegremente con el uso de una fórmula clisé, un molde, que estampaba, cual sello gomígrafo, sobre dicha inmensa mayoría de dichos recursos de casación.

Dicha Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia les estampaba un “Inadmisible” con esa fórmula caracterizada por la ligereza.

El examen de todas esas inadmisiones alegres confirma lo del clisé, molde o sello: únicamente varían los nombres de las partes y las fechas de los recursos, después todo era algo estandarizado; dicho clisé, molde o sello se puede apreciar desde el primer “Visto” hasta la parte final o dispositiva.

Eso no era Justicia: eso era abuso.

Por mis manos desfilaron centenares de recursos de casación ejercidos por abogados que me entregaron sendas copias, los leí y los confronté con las exigencias del CPP y verificaba que más del noventa y ocho por ciento eran conformes a los requisitos exigidos por el CPP.

Lo mismo me expresaron numerosos colegas en el ejercicio profesional que pudieron confirmar en base al estudio de los boletines judiciales y en base al análisis de recursos de casación que también otros colegas les pedían que se los examinaran.

Dicha situación generó una justificada reacción molesta de la inmensa mayoría de los abogados que ejercen la materia penal.

Los abogados pegaron el grito al cielo.

Ese abuso de inadmitir recursos de Casación fue el motor más poderoso que impulsó la necesidad de crear un Tribunal Constitucional de la República Dominicana como contrapeso a dicho abuso.

Ese uso abusivo de la facultad de inadmitir recursos de casación tuvo por supuesto “fundamento“ la obsesión por “liberar” de trabajos al “sistema” (precisamente está íntimamente ligado a la concepción de obtener “celeridad” de esa manera), independientemente de otros factores como amistad de alguno de los jueces con la otra parte, política o corrupción.

Dichas inadmisiones alegres se evacuaban para imprimirles “celeridad” (¿?) a dichos casos para que culminasen “rápidamente“ (¿?). Dichas inadmisiones fueron el producto de la “celeridad” interpretada como inadmisibilidad.

A estas conclusiones a las que habíamos llegado muchos colegas de la materia Penal me fueron confirmadas directamente por el entonces juez de dicha Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia Dr. Julio Ibarra Ríos, en ocasión de una visita que le hice para saludarle, manifestándome él, sin que yo le hubiera pedido explicación alguna sobre el particular, que dicha Cámara Penal tenía esa línea trazada porque no podía fallar dichos recursos de casación en el término de un mes.

Ese abuso de la facultad de inadmitir los recursos de casación fue una burla descarada al derecho constitucional de acceso a la Justicia.

Y si se volviese a incurrir en semejante práctica por los actuales nuevos incumbentes se volvería a incurrir en la misma Injusticia y en el mismo abuso que matizaron a dicha anterior Cámara Penal; hacemos votos para que los nuevos jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia no incurran en lo mismo en que se incurrió con anterioridad a éllos.

Los supuestos “motivos“ que se daban como parte del referido clisé, molde o sello gomígrafo en realidad no eran reales motivos: dichas decisiones de inadmisión realmente carecían de motivos, lo cual conducía a una violación al derecho de defensa.

La ausencia de reales motivos es falsos motivos, lo cual es falta de motivos, la cual equivale a falta de base legal y esta equivale a violación al derecho de Defensa, el cual es de naturaleza constitucional.

Y había así un bloqueo al derecho de acceso a la Justicia.

Un fallo de la anterior Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia declarando inadmisible un recurso de casación con dichos vicios no podía ser cuestionado ni ante ella ni ante ningún otro órgano del Estado: existía un tope que no podía ser rebasado y la injusticia que se cometía flagrantemente desde dicho órgano jurisdiccional se quedaba como una injusticia imposible de ser subsanada.

Afortunadamente la Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010 creó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana como órgano colocado por encima de la Suprema Corte de Justicia.

La Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010 en los Numerales 1 y 4 de su Artículo 69 dispone: “Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2)…3)…4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa.“

Deben resaltarse las expresiones: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva,…“ “El derecho a una justicia accesible…“ “…respeto al derecho de defensa.“

De dichas disposiciones constitucionales se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la Justicia y el derecho de defensa son derechos constitucionales y que la violación a los mismos por parte de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia permite que la decisión de inadmisión dictada en las circunstancias suprareferidas pueda ser recurrida por ante el Tribunal Constitucional por ser la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la causa inmediata y directa de dicha violación a dichos derechos constitucionales.

Hay que tener pendiente que contra una decisión de inadmisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dictada con motivo de un recurso de casación no hay recursos abiertos ante dicha Suprema Corte de Justicia, por lo que se debe entender que no se debe hablar de agotar contra esa decisión las vías recursivas puesto que la única vía recursiva que realmente existe es la abierta por la Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010 y la Ley 137-11 consistente en el recurso contra dicha decisión por ante el Tribunal Constitucional.

El Artículo 277 de la Constitución dispone: “Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.“ Y el Literal c) del Artículo 53 de la Ley 137-11 u Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales dispone: “Artículo 53.- Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero del 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los siguientes casos:…c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,…“ Obsérvese que estamos hablando de violación a tres derechos fundamentales que se originan en la misma Suprema Corte de Justicia en ocasión de decidir sobre un recurso de casación en materia Penal. Todo justiciable tiene derecho a defenderse, tiene derecho a la tutela judicial efectiva y tiene derecho a acceder a la Justicia.