El aumento del pollo puede ser un delito penal

Por Carlos Luis Baron martes 17 de julio, 2012

Los productores nacionales de pollo están enfrentando el rechazo de la población por el aumento en el precio del ave de pollo. El origen de este aumento de tan apreciado producto de primera necesidad puede ser un hecho que genere una conducta reprimida por la ley penal.

Si bien es cierto que el protagonismo o la bandera de esta lucha la lleva el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) y otras instituciones o fundaciones afines a la protección de los derechos del consumidor no menos es cierto que el representante de la sociedad, llamase Ministerio Publico, no puede estar al margen de tan importante fenómeno.

El Ministerio Público debe investigar, de acuerdo al código penal y a la parte penal de la ley No. 358-05 de protección al consumidor, este aumento para determinar si hay un delito penal detrás de estas alzas. Las cuales están consideradas por la población como injusta y descabellada. El legislador penal lo previo y considero que cuando los industriales, productores o comerciantes converjan con la intención de generar causas para alterar el precio es un delito penal.Para el código penal el delito de generar causas que aumenten o alteren el precio de un producto considerado de primera necesidad constituye un hecho penal que afecta al patrimonio, es decir, es un delito contra la propiedad, bajo la modalidad de fraude. Es decir, es un delito considerado como fraude. 

Los delitos contra la propiedad o delitos contra el patrimonio son aquellos hechos que pueden afectar el conjunto de bienes de una persona lo y que implica los derechos reales y personales. El fraude es un delito que ataca a la propiedad.

La sanción penal para estas empresas y propietarios de productores del ave de pollo y para cualquier otro producto de acuerdo al artículo 419 y 420 del código penal vigente se castigara con la pena de prisión de dos meses a dos años. En caso de que el producto sea de primera necesidad, como es el caso del pollo, la sanción se duplicara. O sea, la prisión puede ser hasta cuatros años y multas en varios salarios mínimos del sector público.  

Finalmente los delitos que afectan los derechos del consumidor están considerados como delitos de tercera generación. Es decir, son delitos colectivos y difusos. Ya que no tiene una cabeza visible ni una persona en particular. Es un hecho que afecta a la colectividad de los consumidores. Por lo que la sanción del cierre de los establecimientos responsables de este delito es otra de la sanción posible pero que se encuentra en la ley de protección a los derechos del consumidor.