El desarme gradual junto a otras medidas de seguridad

Por Carlos Luis Baron martes 19 de junio, 2012

II

En el primer artículo se muestra el impacto de la proliferación de armas de fuego en el auge de la violencia. Se demostró que constituye un mito más que una realidad, la creencia de que con una gran cantidad de armas en manos de la población civil se refuerza la autoprotección personal y se asegura una defensa efectiva contra la delincuencia. Muy por el contrario, los datos disponibles señalan que con el aumento abrupto de la circulación de armas, legal e ilegal, creció simultáneamente y de manera notable, la violencia urbana en el país. Prácticamente se triplicaron los homicidios y heridos con armas de fuego de móviles delictivos, así como también producto de las conflictivas sociales e interpersonales. Se comprobó, además, que constituye un riesgo de muerte para el portador pues el despojo de armas se convierte en un objeto codiciado por los delincuentes. En este proceso, muchos portadores, por irresponsabilidad y negligencia, involucran también como víctimas o victimarios, a una cantidad creciente de inocentes y menores de edad.

Por la gravedad que reviste el problema de las armas en República Dominicana, sugerimos como medida principal el desarme total pero gradual de la población civil. Para alcanzar dicha meta, proponemos un plazo máximo de 10 años. Primero, se procedería a desarmar a quienes no cumplan con determinados requisitos psico-sociales (evaluados con metodologías científicas más rigurosas para la renovación de los permisos de armas existentes) y a los que no puedan justificar el porte y tenencia de armas desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo.

De igual manera, se debe ejecutar un programa educativo permanente y de concienciación que desincentive la demanda de armas. Se trata de desarrollar un complejo proceso de educación para la paz, donde estén comprometidos todos los medios de comunicación y todas las fuerzas vivas de la nación, y que se contemple una regulación más estricta de los modelos violentos proyectados cotidianamente por estos medios.

Al mismo tiempo, el Estado debe hacer un gran esfuerzo para mejorar el cuadro de inseguridad y rescatar la confianza en los ciudadanos. Se necesita aplicar políticas públicas integrales y más efectivas desde el Estado, basadas fundamentalmente en la prevención más que en la represión y con la debida coordinación y evaluación permanente de los programas, respaldada por una masiva y oportuna inversión de recursos económicos. Es importante, mejorar la credibilidad en las instituciones que tienen que velar por el orden y la seguridad pública; fortalecer el capital social y humano en las localidades tendentes a reducir la violencia delictiva e interpersonal. Se debe promover y proveer en la población, los mecanismos y fórmulas de resolución pacífica de los conflictos, a fin de que la solución a los problemas sea garantizada por las vías legítimas e institucionales, lo que permita gozar y ejercer los derechos constitucionales.

Apremia fomentar la igualdad de género con programas educativos transversales desde las escuelas y con diversas estrategias para prevenir la violencia contra la mujer para lograr descender los índices de violencia intrafamiliar; así como también, dirigir una mayor atención hacia el áreajuvenil y los grupos más vulnerables, excluidos o de “alto riesgo social”, entre ellos, los deportados, presidiarios, consumidores de drogas y miembros de pandillas, actuándose de manera sistemática y con proyectos bien orquestados.

Descartar en la nueva Ley de Control de Armas que está por aprobarse en el Senado, todo intento oculto para el ensamblaje y fabricación de armas en nuestro país; igualmente, las pretensiones de derogar las restricciones de importación y comercialización de armas cortas y ligeras, y que intenta convertirnos en un granero de armamentos. Se necesita armonizar el contenido de la Ley con el objetivo del desarme total en diez años. Sobra decir, que la simple recaudación fiscal no debería ser el móvil del Estado para el otorgamiento de un permiso de ese instrumento tan letal y dañino.

Se hace menester un mayor control en la circulación de armas tanto para el sector oficial como el privado con el propósito de no conceder en lo adelante nuevas autorizaciones de permisos de porte o tenencia de armas en civiles y la prohibición de portar armas de fuego en miembros oficiales que se encuentren fuera de su horario de trabajo y en lugares públicos o de diversión en que no estén asignados.

Es imprescindible, continuar los aprestos para el adecuado control del tráfico ilícito de armas por la frontera con Haití y la debida vigilancia en aduanas y puertos, principalmente las vías procedentes de EEUU, primordial abastecedor del país. Imponer sanciones severas al porte ilegal de armas actuaría como un mecanismo de disuasión.

Se necesita destruir las armas incautadas por las autoridades a nivel comunitario, municipal, local y nacional para que no vuelvan a reciclarse indebidamente, tal como está sucediendo en muchos casos en la actualidad. Finalmente, se deben salvar los escollos estadísticos en relación a la violencia armada y promover la transparencia y el acceso fácil del público a los datos relacionados con la circulación de armas, garantizando de esta manera la elaboración de mejores diagnósticos y políticas sobre el tema.

Las armas se crearon para matar. Una sociedad verdaderamente pacífica no las necesita. Construir esa sociedad en un plazo de diez años, elevaría a la República Dominicana en todos los sentidos, en el concierto de las naciones civilizadas.