El “Interés Superior del Imputado”

Por Carlos Luis Baron martes 26 de junio, 2012

El Código Procesal Penal coloca al imputado como un ente por encima de la sociedad y por encima de las víctimas de la infracción penal del imputado.

Prueba de ello son las siguientes disposiciones del Código Procesal Penal que hablan por sí sólas al respecto:

a) “Art. 25. Interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensive se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. La duda favorece al imputado.“ (Con estas normas de interpretación no se trata de desentrañar la real voluntad o querer de la norma procesal, sino de beneficiar al imputado; no se trata de que la duda quede restringida a la duda razonable que pueda subsistir al valorarse las pruebas en el juicio de fondo: el asunto trasciende más de ahí).

Como se puede apreciar: estas reglas de interpretación del Código Procesal Penal contenidas en su Artículo 25 sobreponen al imputado sobre la sociedad y sobre las víctimas.

Dicho Artículo 25 es una expresión concreta palmaria de la colocación del imputado por sobre la sociedad y sobre las víctimas.

b) Las siguientes disposiciones de los artículos relativos a la Defensa: “Art. 115.- Sustitución. La designación de un defensor, público o particular, no impide que el imputado elija otro de su confianza con posterioridad. …“ “Art. 116.- Renuncia y Abandono. El defensor particular puede renunciar a la defensa. En este caso el juez o tribunal emite una resolución fijando un plazo para que el imputado nombre un nuevo defensor. …“

Esas disposiciones (de los Artículos 115 y 116) permiten que el imputado pase a tomar el control del proceso sobre la base de la simpleza de cambiar de abogados cuantas veces se le antoje (= exceso o Abuso del derecho de Defensa) cuando quiera impedir que el proceso se conozca; es decir, el imputado puede jugar con el proceso como un niño con destreza puede hacer malabares con un yo-yo: a través de ellas puede afirmarse literalmente que el imputado pasa a convertirse en el amo y señor del control del proceso, en la llave para permitir, si él así lo quiere, que el proceso sea conocido; si no quiere que el proceso sea conocido, dicho proceso no será conocido nunca: le basta para ello con jugar permanentemente o sistemáticamente al cambio de abogados. Hasta ahí se ha llegado: hasta a otorgarle semejante facultad al imputado de jugar permanentemente o sistemáticamente al cambio de abogados para que de la voluntad del imputado dependa si se conoce o no el proceso, pues no en otra cosa se traducen dichas disposiciones de dichos Artículos 115 y 116.

Cuando el imputado hace eso ya no se está defendiendo: está abusando del derecho a defenderse.

Un derecho que carece de control, como ha sido concebido el derecho de Defensa en el Código Procesal Penal, es un derecho cuyo ejercicio se puede tornar irrazonable: se torna irrazonable cuando dicho ejercicio es una expresión del Abuso del derecho de Defensa.

Un derecho que carece de control es, pues, irrazonable: un Estado de Derecho Democrático y Constitucional es incompatible totalmente con un derecho desbocado, sin control.

El derecho de Defensa es sagrado, pero cuando se le ejerce desnaturalizándolo al abusar de él sin que exista control contra ese Abuso ese ejercicio de ese derecho se torna irrazonable; e igualmente irrazonable es la norma o regla que permite que ese ejercicio de ese derecho se pueda tornar irrazonable. La norma que propicie ese ejercicio abusivo es irrazonable.

Los derechos no pueden escapar al control judicial de sus límites y alcance y eso abarca también al derecho de Defensa, pues los derechos no son facultades salvajes ni poderes salvajes: en una sociedad que se precie de civilizada lo que es salvaje debe ser domesticado por imperiosa necesidad de Justicia y del bien común y esa domesticación se logra con el control judicial, es decir, vía el control judicial.

c) “Art. 148. Duración maxima. La duración maxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. …“ (Vencido dicho plazo el proceso se extingue a favor del imputado con la consiguiente impunidad a favor de éste.)

Esta regla establece un plazo a favor del imputado, jamás a favor de la sociedad y de las víctimas.

Dicho Artículo 148 es otra expresión concreta palmaria de la colocación del imputado por sobre la sociedad y sobre las víctimas.

Ese plazo es el supuesto “plazo razonable“ que de razonable nada tiene.

Transcurrido ese plazo el proceso se extingue a favor del imputado: la sociedad se queda en el aire, es decir, sin Justicia, y lo mismo cabe decir respecto de las víctimas, a las cuales se les pretende dar el supuesto “consuelo“ (¿?) de que acuda a la vía civil.

Las actuaciones procesales de persecución y de instrucción no interrumpen dicho plazo y ello es así porque el plazo en cuestión fue diseñado enteramente a favor del imputado.

d) “Art. 154. Demora de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por este código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, en cuyo caso se entiende que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admite la solución propuesta por el imputado. …“ (No se puede pedir más obviedad)

Esta reglamentación señala descaradamente que si la Suprema Corte de Justicia no falla un recurso dentro de los plazos de dicho código se debe entender que se ha admitido la posición sostenida por el imputado aunque éste no tenga la razón; es decir, el imputado pasa a tener la razón aunque realmente no tenga la razón.

¿Porqué hay que darle la razón al imputado si no la tiene sólo por el hecho de que haya transcurrido un plazo? Eso es un descaro institucionalizado, una burla contra toda la sociedad.

Que un plazo transcurra no significa que el imputado tiene la razón por el simple hecho de que haya transcurrido dicho plazo; la razón se tiene porque se tiene, no por otra cosa.

La Justicia está para darle la razón a quien realmente tiene la razón, no a quien no la tiene.

El concepto esencialísimo de Justicia de Ulpiano de que ella consiste en “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho“, de dar a cada uno lo que realmente le corresponde, nunca había sido tan groseramente estuprado.

Dicho Artículo 154 es otra expresión concreta palmaria de la colocación del imputado por sobre la sociedad y sobre las víctimas.

e) “Art. 348. División del juicio. …Es inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y la personalidad del imputado en la primera parte del juicio. …“ (No se puede pedir más obviedad)

Esta regla procedimental, entre otras cosas, significa que un delincuente en serie puede delinquir cuántas veces le venga en ganas bajo la plena certeza de que el cuantum delictivo cometido por él nunca podrá ser apreciado por los jueces que le juzguen, que las huellas de sus pasos delictivos por la vida son “irrelevantes“ por lo que la sociedad y las víctimas tendrán que arreglárselas por si solas frente a dicho delincuente en serie.

Dicho Artículo 348 es otra expresión concreta palmaria más de la colocación del imputado por sobre la sociedad y sobre las víctimas.

f) “Art. 427. Procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento y la decisión sobre este recurso (el de casación. G.C.), se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos.“ (Se trata de un plazo instituído a favor del imputado: analizarlo a la luz del Art. 154 precedentemente citado)

!Oooootra expresión concreta palmaria más de la colocación del imputado por sobre la sociedad y sobre las víctimas!

Dicha expresión concreta palmaria en tal sentido no necesita de abundamiento a su alrededor: ella se basta a sí misma: tanto es el desparpajo de que es contentivo.

Estas disposiciones citadas son picos de la cordillera legal normativa del CPP en tanto cuanto representan expresiones revelatorias y definitorias que permiten apreciar el tipo de orientación de dicha normativa y el tipo de “Estado de Derecho“ que con él se buscó construir: aparecen por obra de una intención consciente de lo que se perseguía al crear semejante normativa (cuando digo “consciente“ le doy a esta expresión el contenido que la misma tiene para conformar el concepto más amplio de la culpabilidad o juicio de reproche, es decir, no la uso en el sentido de reconocerle consciencia sana a sus creadores (aún cuando quizás éllos creyesen de buena fe en su basofia procesal penal)).

En fin: todas son reglas para proteger al Imputado porque se le considera un ente “Superior“ a la sociedad y a las víctimas.

Es apreciable, es evidente, por la lectura de dichas disposiciones, que el imputado es considerado por el Código Procesal Penal como un ente “Superior“ a la sociedad y a las víctimas de su infracción penal; que el imputado es considerado por el Código Procesal Penal como un ente “de mayor importancia“ que la sociedad y las víctimas de su infracción penal.

Dichos artículos citados son una confesión clara de que al Código Procesal Penal realmente no le interesa ni la justicia ni la igualdad; son una clara confesión de que estos dos valores constitucionales son para él de naturaleza muy secundaria y que lo único que le interesa, por sobre todas las cosas, es el imputado y el interés del imputado. Mientras existan disposiciones como esas que hemos citado hablar de igualdad es un sofisma, es una falsedad.

Se puede advertir claramente que entre dichos pináculos legales del CPP existe un hilo común conductor o hilo de Ariadna que los une y los vincula entre sí.

Ese hilo común es la orientación Pro Reo y todos ellos tienen esa orientación porque se considera que el imputado es un ente “Superior“ a la sociedad y a las víctimas y que el Interés del Imputado es “Superior“ al Interés de la Sociedad y “Superior“ al Interés de las Víctimas. Al ser el imputado un ente “Superior“ a la sociedad y a las víctimas debe de considerarse, como consecuencia lógica, que el interés del imputado es igualmente “Superior“ al interés de la sociedad y al interés de las víctimas.

Esa noción de la “Superioridad“ del imputado por sobre la sociedad y las víctimas y esa noción del Interés “Superior“ del Imputado en el Código Procesal Penal surge y se revela necesariamente de la existencia del conjunto de esas disposiciones en dicho código.

Del conjunto de dichas disposiciones se infiere claramente que quienes concibieron el CPP concibieron y entronizaron el interés del imputado como un interés “más elevado“ que el interés de la sociedad y “más elevado“ que el interés de las víctimas.

No se pueden pedir más disposiciones tan claras al respecto como esas para demostrar que la noción o el concepto del “Interés Superior del Imputado“ es una noción que yace a flor de superficie en el Código Procesal Penal; el agrupamiento de las mismas lo que hace es confirmar y evidenciar con contundencia la existencia de dicho “Principio“ en el CPP ya que cada una de dichas disposiciones lo que hace es confirmar, con la existencia de las otras, dicha existencia de dicho “Principio“; es decir, dichas disposiciones se confirman recíprocamente en su tendencia a hacer del Interés del Imputado un Interés “Superior“ al Interés de la Sociedad y al Interés de las víctimas.

Sólo semejante concepción de considerar al imputado “Superior“ a la sociedad y a las víctimas y, consiguientemente, considerar el interés del imputado “Superior“ al interés de la sociedad y al Interés de las víctimas explica: a) que se favorezca de antemano al imputado creando dichas normas procesales penales a su favor; y b) que se favorezca de antemano al imputado en la interpretación de las normas del Código Procesal Penal.

¿Cómo puede ser superior el interés del imputado? Por un lado: la sociedad está compuesta por personas con dignidad humana; y b) por otro lado: las víctimas también tienen dignidad humana.

Al ser una realidad en el Código Procesal Penal la consideración de la existencia del Interés “Superior“ del Imputado estamos, en consecuencia, en presencia de un Principio Cardinal de dicho Código Procesal Penal: el “Principio de Supremacía del Interés del Imputado“; una cosa (“el Interés Superior del Imputado“) conduce necesaria y forzosamente a la otra (a “la Supremacía del Interés del Imputado“).

Dicho Principio no se menciona expresamente por ese nombre, pero su existencia en la normativa del Código Procesal Penal es una realidad ostensible, clara, de a puño, que se percibe a través de la lectura confrontada y combinada de dichas reglas procesales; es decir, dicha existencia se colige claramente y con gran facilidad de dicho conjunto de disposiciones citadas de dicho Código Procesal Penal.

Desde el momento que se considera que el Interés del Imputado es “Superior“ se le da Primacía o Supremacía al interés del Imputado y se destierra a la Justicia.

¿Cómo puede concebirse que desaparezca el interés de la Sociedad y de las Víctimas en la administración de la Justicia Penal para que prevalezca el Interés del Imputado? Eso es totalmente repudiable.

Conceptualizar el Interés del Imputado como un Interés “Superior“ frente al Interés de la Sociedad y frente al Interés de las víctimas como lo hace el Código Procesal Penal: eso es una subversión de la más elemental Lógica; más obvio no puede ser que eso literalmente es un Asalto a la Razón.

De ese evidentísimo Asalto a la Razón lo que resulta es un Estado de Derecho construído a favor del Imputado, un Estado de Derecho en el que la sociedad y las víctimas valen nada; en síntesis: dicha conceptualización notoriamente contenida en el Código Procesal Penal crea un Estado de Derecho Pro Reo, es decir, un Estado de Derecho desequilibrado y, en consecuencia, Irrazonable.