El orden y el CPP

Por Gregory Castellanos Ruano miércoles 30 de mayo, 2012

El ligamen del edificio del Código Procesal Penal es la orientación Pro Reo de sus “figuras“, “instituciones“, “reglas“, “derechos“, etc. En realidad a la sociedad se le ha impuesto (claro está: por la vía institucional) ese conjunto de“figuras“, “instituciones“, “reglas“, “derechos“, etc., Pro Reo. Todas esas“figuras“, “instituciones“, “reglas“, “derechos“, etc., Pro Reo son conceptualizadas por sus creadores como cargadas o preñadas de “justicia“ de antemano.

¿Cómo pueden estar cargadas o preñadas de “justicia“ si en realidad no son otra cosa que expresiones de un prejuicio, de un preconcepto?: Nada que obedezca a un prejuicio o preconcepto puede estar cargado de justicia.

Al ser“figuras“, “instituciones“, “reglas“, “derechos“, etc., Pro Reo, todo tiene que desembocar necesariamente en algo Pro Reo.

Encima de crear normas procesales penales Pro Reo coronan el modelo procesal penal creado con dichas normas procesales penales Pro Reo estableciendo el Principio de Interpretación Pro Reo de dichas normas procesales penales: el colmo de la exageración.

Pero al ser el Abuso del derecho a favor del imputado la base de la concepción jurídica del Código Procesal Penal era lógico que se estableciera como Principio de Interpretación de las normas procesales del CPP el Principio de Favorabilidad Pro Reo consagrado en el Artículo 25 del CPP dominicano:

“Art. 25. Interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensive se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. La duda favorece al imputado.“

(Como se puede advertir: no se trata de desentrañar la real voluntad o querer de la norma procesal, sino de beneficiar al imputado; no se trata de que la duda quede restringida a la duda razonable que pueda subsistir al valorarse las pruebas en el juicio de fondo: el asunto trasciende más de ahí).

Se razona, por parte de los creadores del CPP, que no debe haber lugar a que los jueces puedan interpretar libremente las normas procesales del CPP para tratar de determinar qué se quiso buscar con cada una de ellas, sino que los jueces deben tener claro, muy claro, demasiado claro, que toda interpretación, si fuese necesario hacerla, debe hacerse a favor del imputado; que no debe haber vuelta floja ni duda alguna al respecto, pues para quién o quiénes se legisló con el CPP fue para el imputado (quienes han resultado sus grandes beneficiarios han sido los delincuentes).

El orden a que conduce semejante creación y semejante forma de interpretación de lo creado (= el CPP) es a un orden Pro Reo y ese orden Pro Reo es la cúspide del modelo procesal penal del CPP.

Se trata de un orden procesal penal Pro Reo.

Por ello se trata de un orden falaz: del orden falaz del CPP, del Pseudo orden del CPP.

Se ha subordinado a la sociedad a ese orden falaz, sometiéndola, por vía de consecuencia, al desorden.

El delincuente con su delito causa una alteración en el mundo exterior, pero los efectos contra el delincuente que debe producir ese delito son disminuídos, cuando no anulados, por disposiciones del CPP.

El delincuente comete un delito, pero el Código Procesal Penal dice que el proceso que corresponde a ese delito es la “última ratio“ a ser considerada contra el delincuente en cuestión.

No hay, pues, una real relación natural entre causa y efecto, ni entre el agente y su acto.

Los “principios“ creados a través del CPP tienen consecuencias que, lejos de preservar a la sociedad de la toxicidad de la delincuencia, lo que hace es exponer a la sociedad a un mayor riesgo de consecuencias lesivas en contra de la propia sociedad.

El tercer párrafo del Artículo 348 del CPP sobre los antecedentes y la personalidad del imputado es bastante obvio al respecto: “Art. 348. División del juicio. …Es inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y la personalidad del imputado en la primera parte del juicio. …“

Ni siquiera en los procesos de medidas de coerción se permite la prueba de los antecedentes ni la prueba de la personalidad del imputado.

¿Qué orden puede salir de semejante prohibición?

Esos “principios“ del CPP traen consecuencias nocivas para la sociedad.

Como se ve: el “orden“ que crea el CPP es un orden favorable al delincuente.

¿De qué orden se puede hablar con el CPP si lesionado o puesto en peligro un bien jurídico por un delincuente, éste, lejos de ser disuadido de reiterar o continuar su actividad delictiva lo que hace es sentirse estimulado a continuarla?

Al reiterarla o continuarla el desorden se agranda.

Los integrantes de la sociedad ven directamente el desorden que el CPP causa en el seno de la sociedad y por eso lo conceptúan como un agente del desorden, como es lógico y es natural: los integrantes de la sociedad ven y aprecian los efectos y las autoridades reiteradamente les dicen a las víctimas, a los familiares de éstas y a los terceros que ven desde las gradas: “eso es lo que dice el código“ (= el CPP); y de ahí llegan a la natural conclusion de que el desorden es por el CPP y ello, a su vez, genera el profundo malestar social que degenera en la impulsión al linchamiento y a la autojusticia porque se aprecia que no hay un gobierno de la sociedad que coadyuve al orden; es decir, no hay de parte de los integrantes de la sociedad una subordinación efectiva a ese Pseudo-orden porque realmente no da por resultado un orden verdadero.

Como dijéramos al principio: a la sociedad, por la vía institucional, se le ha impuesto ese conjunto de“figuras“, “instituciones“, “reglas“, “derechos“, etc., Pro Reo.

Pero el orden del CPP es un orden falaz.

Se trata de un “orden“ creado sobre la base de una serie de principios rectores que lejos de coadyuvar a un verdadero orden lo que hacen es coadyuvar a un verdadero desorden.

Alienta a los delincuentes “de poca monta“ a seguir cometiendo delitos “de poca monta“ bajo la certidumbre de que “el sistema“ creado no tiene interés en esos actos delincuenciales porque esos actos delincuenciales “son insignificantes“.

Pero también alienta a los delincuentes“ de más monta“ a cometer actos de esta naturaleza (= “de más monta“) y a repetirlos.

¿Porqué razón debe prevalecer, en un código que versa sobre el procedimiento penal, el interés del imputado y no el interés de la sociedad?

¿Porqué razón hay que invertir la situación de la prevalencia del interés social?

¿Para quién o quiénes se legisló con el CPP?: ya lo hemos dicho precedentemente: obviamente que los grandes beneficiarios han sido los criminales y delincuentes.

Como ya hemos dicho en otras oportunidades: como muestra bastan algunos botones del CPP:

“Art. 25. Interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensive se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. La duda favorece al imputado.“ (No se trata de desentrañar la real voluntad o querer de la norma procesal, sino de beneficiar al imputado; no se trata de que la duda quede restringida a la duda razonable que pueda subsistir al valorarse las pruebas en el juicio de fondo: el asunto trasciende más de ahí).

“Art. 148. Duración maxima. La duración maxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. …“ (Vencido dicho plazo el proceso se extingue a favor del imputado)

“Art. 154. Demora de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por este código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, en cuyo caso se entiende que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admite la solución propuesta por el imputado. …“ (No se puede pedir más obviedad)

“Art. 348. División del juicio. …Es inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y la personalidad del imputado en la primera parte del juicio. …“ (No se puede pedir más obviedad)

“Art. 427. Procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento y la decisión sobre este recurso (el de casación. G.C.), se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos.“ (Se trata de un plazo instituído a favor del imputado: analizarlo a la luz del Art. 154 precedentemente citado)

Igualmente hemos dicho que con esas disposiciones legales queda evidenciado que lo jurídico puede ser concebido como una tela a la que se le puede dar la forma que se desee.

Los Nazis crearon su “derecho“ a la superioridad racial y le dieron expresiones jurídicas al mismo; del mismo modo el CPP creó ciertos “derechos“ de los imputados cuyo examen lleva a apreciar claramente la prevalencia del interés de los delincuentes por sobre el interés de la sociedad, lo cual es irrazonable (= Irrazonabilidad).

El “derecho“ de los Nazis a la superioridad racial; y ciertos “derechos“ de los imputados son irrazonables (= Irrazonabilidad).

Invertida la situación y puesto a prevalecer el interés del imputado: ¿qué cosa tenemos?

Un orden Pro Reo.

Desorden, caos: eso es lo que tenemos.

¿Porqué razón hay que invertir la situación de la prevalencia del interés social?

¿Y porqué no favorecer, en la interpretación, el interés de la sociedad?

¿Porqué hay que favorecer el interés del imputado?

Favorecer el interés del imputado de antemano es una irrazonabilidad.

Se debe favorecer a quien se debe favorecer cuando se le debe favorecer.

¿Porqué hay que despreciar el interés social tirándolo por la borda de antemano?

¿Y porqué no favorecer qué se investigue y se determine qué cosa persigue realmente la norma procesal penal interpretada, en vez de favorecer de antemano el interés del imputado? En el Código Procesal Penal un ejercicio de investigación sobre qué persigue la norma procesal penal es una pérdida de tiempo puesto que el mismo ha sido elaborado con una orientción Pro Reo.

El modelo procesal penal del Código Procesal Penal parte del supuesto, del prejuicio, de que el imputado es una víctima del Estado y todavía hasta una víctima más potencial del mismo Estado.

Eso es aberrante.

Al concebir dicho modelo procesal penal sobre semejante supuesto, sobre semejante prejuicio, la real víctima realmente, fácticamente, en gran y enorme medida deja de ser considerada tal, pasa a un segundo plano y se nota la preocupación y el esmero en despejarle el camino al imputado para abreviarle lo que se considera un “trago amargo“ para el imputado, el cual viene a ser así “la víctima“ en la moda de la nueva ola que se creó con el CPP.

Se trata, en hecho, de una inversion de los papeles: la víctima y el Estado pasan a ser considerados especies de victimarios y el real victimario pasa a ser una supuesta “víctima“.

Eso es un trastrueque, una alteración total del orden de las cosas, una concepción que es una verdadera irracionalidad.

Eso es como cambiar en la naturaleza el orden de los polos negativo y positivo de la electricidad.

El que comete un ilícito penal de repente pasa a ser mimado… y la víctima no es la mimada.

El imputado considerado como “víctima“.

Eso es una concepción aberrante.

Eso es contra-natura.

El supuesto “plazo razonable“ (que de razonable nada tiene) es una manifestación clara de esa concepción.

Lo mismo ocurre con la frase de sesgo despreciativo de que “el Estado al acusar debe acusar bien“.

El blindaje que le crea el CPP al imputado va más allá de lo razonable, va más allá de lo mínimo.

Haber seleccionado como ligamen la Favorabilidad Pro Reo para edificar el edificio del modelo procesal penal del CPP es haber seleccionado un ligamen injusto, a tal propósito.

Al ser su ligamen injusto, injustos son y serán sus efectos.

La Favorabilidad Pro Reo baña y colora todo el modelo procesal penal del CPP.

Los promotores del CPP Tipo para Iberoamérica concibieron, desarrollaron y crearon un modelo procesal penal para el imputado, especialmente para el imputado, específicamente para el imputado.

Es decir, a quien se tuvo en cuenta para crear dicho modelo procesal penal fue al imputado, no a la sociedad ni a las víctimas, pues dicho modelo procesal penal gira alrededor del imputado: el imputado es el eje alrededor del cual gira dicho modelo procesal penal.

La sociedad y las víctimas allí apenas son forzadas menciones tangenciales que no podían quedarse cuestión de tratar de guardar las apariencias.

A través del CPP se pretende hablar en nombre y a favor de la sociedad, pero la mayor parte del contenido del CPP es anti-sociedad.

Se le ha querido disfrazar de pro-sociedad, pero su aplicación práctica evidencia que dicho contenido es anti-sociedad.

Los efectos de su aplicación así lo evidencian.

Los artífices del CPP fueron añadiendo o sumando artificio tras artificio hasta llegar a esa sumatoria que hoy conforma el CPP.

Un exceso no se debe combatir con otro exceso, pues así como es irracional el primero igualmente irracional es el segundo.

El Derecho no debe fundarse en irracionalidades.

Queriendo adoptar precauciones para impedir excesos contra el imputado se fijaron como meta establecer que todo debe interpretarse a favor del imputado.

Al hacer parte del Derecho (Procesal Penal) la Favorabilidad Pro Reo crearon “instituciones“, “figuras“, “mecanismos procesales“, “derechos“, etc., Pro Reo.

La vigencia del CPP se traduce en menos posibilidad de Justicia para la sociedad y para las víctimas de las infracciones penales.

Se trata de un modelo procesal penal diseñado a favor del reo, literalmente se trata de un modelo procesal penal pro reo.

Dicho código fue manufacturado por personas que creen que la norma ha de subordinarse al imperativo de favorecer al imputado.

Ese imperativo de favorecer al imputado domina toda la normativa del CPP.

¿Para quién o quiénes se legisló con el CPP?: con él se legisló a favor de los delincuentes: ya lo hemos dicho precedentemente: obviamente que los grandes beneficiarios han sido los criminales y delincuentes.

La Favorabilidad Pro Reo que anima al CPP es una concepción de naturaleza destructiva, pues destruye los derechos de los demás integrantes del conglomerado humano que es la sociedad para hacer prevalecer el ultraderecho o los ultraderechos del imputado.

En la inmensa generalidad de sus líneas el CPP favorece y protege al imputado rebasando así el aspecto de protección constitucional de derechos y tornándonse el asunto en una sobreprotección del imputado al margen de la Constitución aunque se pretende presentar a esta como la supuesta base de ese exceso de protección.

La orientación a favor del imputado es el ligamen de la base, de las vigas y de la cúspide del edificio del modelo procesal penal del Código Procesal Penal.

Semejante ligamen no puede conducir a un edificio justo ni útil para la sociedad ya que se trata de un ligamen irrazonable y lo que tiene un ligamen irrazonable conduce a consecuencias o efectos irrazonables.

El fin a que conduce ese ligamen es a hacer prevalecer el interés del imputado avasallando así los derechos de la sociedad y de las víctimas.

En el CPP la orientación a favor del imputado es el medio para lograr el fin de que prevalezca el interés del imputado.

Semejante concepción a nada bueno puede conducir para la sociedad y para las víctimas.

Dicho modelo procesal penal del CPP pretende darle un carácter jurídico a la orientación a ultranza a favor del imputado.

Se coloca así al Derecho a servir a un atropello a la sociedad y a las víctimas, pues no a otra cosa conduce atropellar los derechos de la sociedad y de las víctimas.

El Código Procesal Penal es un verdadero asalto a la razón.

Se estableció esa orientación Pro Reo para supuestamente “resolver“ problemas, pero la inmensa mayoría de sus soluciones lejos de ser tales agravan dichos problemas y, en consecuencia, agravan el problema social, lo agigantan y ese agigantamiento se va sedimentando a la par que la sociedad saborea la amargura de la falsa solución de que es contentivo dicho modelo procesal penal.

¿Cómo puede resolverse un problema si de antemano el problema viene “resuelto“ en forma favorable al imputado y será “resuelto“ en forma favorable al imputado?

La orientación Pro Reo a ultranza carece de razón de ser porque ni la Lógica ni la Moral establecen como norma de procedimiento para la razón, la voluntad y la consciencia una ciega adicción a considerarla tal cosa ya que considerar la orientación de la norma procesal penal desde esa óptica afecta a los conceptos del bien, de la verdad y de la justicia.

La orientación Pro Reo a ultranza considerada como un derecho no sólo es falsa, sino también injusta.

No puede partirse de antemano de considerar que es justo todo lo que sea a favor del imputado.

Y el Valor o Principio de Justicia está consagrado expresamente por la Constitución.

Al ser la orientación Pro Reo el ligamen que une el edificio del modelo procesal penal del CPP es un modelo procesal penal pro reo, un modelo procesal penal que establece, por definición, un desequilibrio pro reo, por más que se pretenda disimular ese notorio desequilibrio procesal penal pro reo.

Pero ni aún con el carácter jurídico (“es lo que dice la ley“ (= el CPP)) que se le pretende dar a la orientación Pro Reo a ultranza es suficiente como para que la sociedad y las víctimas no sientan y perciban la naturaleza profundamente injusta de dicho modelo procesal penal ya que ellas (la sociedad y las víctimas) son las que en la práctica o, lo que es lo mismo, en los hechos de la vida diaria sufren las consecuencias en que se deriva o expresa ese modelo procesal penal edificado con semejante ligamen tan aberrante.

Por todo ello el “orden“ del CPP es un orden falaz, claramente falaz.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano