El papel de las ARS en el actual modelo del sistema de seguridad social

Por Carlos Luis Baron miércoles 29 de agosto, 2012

El hecho de que la reforma de la seguridad social realizada en el 2001, incluyera a las ARS como intermediarias entre la entidad que recauda los fondos y las prestadoras de servicios de salud (PSS), obedece a las tendencias que siguieron los modelos de seguridad social de América Latina a partir de la década de los noventa, impulsadas por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales impusieron en las negociaciones con los países de la región el modelo neoliberal, que planteaba la disminución del rol de Estado en la economía, a favor del sector privado.

Siguiendo el enfoque neoliberal, el nuevo sistema de seguridad social dominicano, se conformó de la siguiente manera, para el área de la salud: El Consejo de la seguridad Social organismo tripartito rector del sistema tanto para la parte de salud como de pensiones (compuesto por los empresarios, los sindicatos y el Estado); una entidad estatal para supervisar y funcionamiento el sistema (SISALRIL); otra para recaudar los recursos aportados por los trabajadores y empleadores (Tesorería de la Seguridad Social), y una empresa privada para la distribución de los afiliados a las ARS (UNIPAGO). La ley 87-01 aprobó la creación de empresas privadas que administrarían el riesgo de manejo de los servicios de salud a los afiliados del Régimen Contributivo, es decir las ARS, las cuales ofertarían los servicios a través de prestadoras de servicios de saludo contratadas (clínicas, laboratorios, centros diagnósticos, entre otros). Los afiliados del régimen contributivo se podrían afiliar en las ARS del sector privado, a excepción de los empleados del Estado, que debían afiliarse a la ARS estatal, SENASA (esto no se está cumpliendo), los de las ARS auto gestionadas (sin fines de lucro) y las personas en condiciones de exclusión social, que se afiliarían a SENASA.

En la seguridad social, al igual que en los demás ámbitos de la economía, el enfoque neoliberal impone la disminución del rol del Estado, en el entendido de que el mercado tiene mecanismos automáticos para resolver los problemas económicos, y se supone que debe eficienciar el uso de los recursos, lo que según esta corriente, no es logrado si el Estado interviene ampliamente en la economía.

De acuerdo a este enfoque, cada sector buscaría disminuir sus costos y maximizar sus beneficios, con una intervención mínima del Estado. Es por esto que se colige que con el modelo de seguridad social dominicano, tanto las ARS como las prestadoras de Servicios de Salud están en una pugna constante por maximizar sus utilidades en detrimento de la población asegurada. Por lo expuesto, se observan constantes quejas de los afiliados de que las ARS niegan cobertura, existe insatisfacción del personal médico y técnico por bajas tarifas y salarios, y por otro lado la presión de las ARS para que le aumenten el per cápita, mientras tanto imponen copagos no regulados a los afiliados, por los servicios que éstos reciben.

A esto se suma que parte de los servicios no resueltos por el sector privado, tienen que ser solucionados por el Estado a través de sus hospitales públicos o los planes sociales vigentes.

Este modelo neoliberal ha agudizado los problemas sociales, porque aumenta la desigualdad. La seguridad social basada en este enfoque, fue implementada en países de América Latina, algunos de los cuales han tenido que revisar sus reformas. Se habla en la región de una contrarreforma, para cambiar el modelo actual, a uno enfocado en disminuir la inequidades. En nuestro país tenemos el lastre de que en el organismo rector (CNSS), participan partes interesadas, como son los empresarios, lo que provoca un conflicto de intereses.

Una participación tan importante del sector privado en un área sensible como es la seguridad social, encarece los costos de gerenciar el sistema, en detrimento de la población; por ello se entiende es adecuado el momento para evaluar su estructura y los resultados del modelo actual, para plantear reformas que puedan corregir las inequidades. Además, a once años de puesta en vigencia el sistema de seguridad social se debe realizar un diagnóstico profundo y serio que cuestione las incoherencias y distorsiones de la Ley 87-01, por un lado, por otro, el incumplimiento de algunos aspectos de la misma.

La autora es economista con una maestría en Economía, Especialista en Administración Hospitalaria

Participante Programa de Doctorado en Economía de la Universidad del Paìs Vasco (UPV)