El Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137 Orgánica del TC

Por Carlos Luis Baron sábado 24 de marzo, 2012

El Artículo 51 de la Ley 137-11 u Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales dispone: “Artículo 51.- Control difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso. Párrafo.- La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto.“ Resaltamos: “ Párrafo.- La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto.“

Con la disposición contenida en dicho Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11 a la sentencia intervenida sobre una excepción de inconstitucionalidad prácticamente se le viene a considerar como una especie de sentencia preparatoria o como una sentencia “de buena administración de justicia“, puesto que se condiciona el ataque jurídico a ella a que dicho recurso sea ejercido conjuntamente con el recurso contra la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto.

Pienso que la disposición de dicho Párrafo es algo incorrecto, que el legislador no debió de establecer semejante disposición de que la decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto.

No le veo sentido alguno a semejante condicionamiento para el ejercicio de un recurso contra una sentencia que haya estatuído sobre una excepción de inconstitucionalidad.

Lo dispuesto en dicho Párrafo rompe totalmente con la tradición juridica nuestra sobre la posibilidad de atacar de inmediato, a través del recurso pertinente, la decisión judicial sobre una excepción de inconstitucionalidad.

Antes de dicho Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11 una decisión judicial que se pronunciaba sobre una excepción de inconstitucionalidad se consideraba una sentencia definitiva sobre un punto de Derecho y por ello podía ser objeto inmediatamente del recurso que correspondía.

En materia penal en el sistema anterior a la existencia del referido Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11, el hecho de que dicha sentencia rechazace la excepción de inconstitucionalidad no impedía, por efecto de la Ley 3723, que el proceso de fondo se siguiese ventilando, pero se podía perseguir la ventilación del recurso, sobre la cuestión de inconstitucionalidad, ante la instancia superior pertinente.

El asunto ha oscilado, pues, entre dos puntos: a) otorgarle efecto suspensivo a la acción directa de inconstitucionalidad o al recurso que ataca una decisión que verse sobre un alegato de inconstitucionalidad; y b) no reconocerle dicho efecto suspensivo a dicha acción directa de inconstitucionalidad o al recurso que ataca una decisión que verse sobre un alegato de inconstitucionalidad.

Al primer sistema pertenece el Artículo 61 de la Constitución de 1924 que, conjuntamente con el Artículo 40, respectivamente, disponían:

“Art. 40.- Serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento y actos contrarios a la presente Constitución.“

“Art. 61.- Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:…5. Decidir en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, cuando fueren objeto de controversia entre partes ante cualquier Tribunal, el cual, en este caso, deberá sobreseer su decisión sobre el fondo hasta después del fallo de la Suprema Corte; y, en interés general, sin que sea necesario, que haya controversia judicial, cuando se trate de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos atentatorios a los derechos individuales consagrados por la presente Constitución. 6…“

Hay que resaltar la parte medular del Numeral 5 del Artículo 61 de dicha Constitución de 1924: el “Tribunal…deberá sobreseer su decisión sobre el fondo hasta después del fallo de la Suprema Corte“.

La disposición del Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11 pertenece, pues, al segundo sistema.

Una decisión judicial que verse sobre una excepción de inconstitucionalidad es una sentencia que versa sobre un punto de Derecho.!Y vaya sobre qué punto de Derecho!

Poner a que se tenga que esperar el fallo sobre el fondo del asunto para poder recurrir contra la sentencia que estatuyó rechazando la excepción de inconstitucionalidad parecería generar un conflicto o una paradoja entre dicho Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11 y el Principio de Aplicación Directa e Inmediata de la Constitución.

El Principio de Aplicación Directa e Inmediata de la Constitución es un desprendimiento o consecuencia necesaria del Principio de Supremacía de la Constitución, puesto que la Constitución es la “norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado“ (Artículo 6 de la Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010) y, por tanto, el asunto concerniente a ella debe ser dilucidado en forma inequívoca por el Aparato Institucional competente del Estado.

Igualmente a consecuencia de dicho Principio de Aplicación Directa e Inmediata de la Constitución un tribunal apoderado de un recurso si bien en principio el recurso le atribuye competencia exclusivamente sobre los puntos impugnados de la decisión, dicho tribunal u órgano jurisdiccional tiene competencia para revisar las cuestiones de índole constitucional aún cuando el recurrente no haya suscitado la cuestión de inconstitucionalidad.

En verdad jurídicamente lo correcto era lo que disponía la Constitución de 1924: el sobreseimiento, debido a que la Constitución es el fundamento y la norma suprema del Estado y nada se puede desenvolver por encima y al margen de ella; por ello, para sortear el grave problema de que el sobreseimiento se conviertiese en un obstáculo a la administración de Justicia, lo ideal hubiera sido que en la propia Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010 se estableciese el carácter no suspensivo de la acción directa de inconstitucionalidad y del recurso contra una decisión que verse sobre inconstitucionalidad y no establecer tal cosa en una disposición legal porque esto ultimo deja el amargor del sabor del conflicto o discusión sobre cuál es el real proceder correcto.

Reiteramos: el no efecto suspensivo debió ser consagrado en moldes constitucionales para desterrar y disipar toda duda, para evitar que el razonamiento de los juristas pueda provocar dudas y confusión.

El Artículo 189 de la Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010 parecería contener la solución o la explicación juridica del asunto al disponer: “Artículo 189.- Regulación del Tribunal. La ley regulará los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal Constitucional.“

Esa regulación recaerá, pues, sobre dos aspectos: a) sobre la organización del Tribunal Constitucional; y b) sobre el funcionamiento de dicho Tribunal Constitucional.

Destacamos lo último: sobre el “funcionamiento de dicho Tribunal Constitucional.“

La Constitución (a través de dicho Artículo 189) parece delegar en una ley adjetiva orgánica la regulación de dicho funcionamiento; y más que parece: ese es el claro propósito perseguido.

Pero, ¿puede esa regulación legal adjetiva entrar en contradicción con un Principio Constitucional o con una consecuencia lógico-jurídica que se desprende de un Principio Constitucional como lo es el Principio de Aplicación Directa e Inmediata de la Constitución, el cual se desprende del Principio de Supremacía de la Constitución?

¿Qué cosa se persigue con dicho condicionamiento establecido en el Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11?¿Evitar que se retarde el conocimiento del fondo del proceso?: Evidentemente que esto ultimo es la respuesta.

Es claro que el horror a lo ocurrido con la reforma constitucional de 1924 que dispuso expresamente que el sobreseimiento del proceso era de cajón en caso de impugnación de una norma o de un acto por inconstitucionalidad y las consecuencias procesales que eso produjo, es decir, la parálisis de los procesos hasta que la Suprema Corte de Justicia (que quedó así atiborrada de impugnaciones por inconstitucionalidad) se pronunciara sobre la cuestión de inconstitucionalidad es el fantasma que se agitó frente a los ojos y en la memoria de los revisores constitucionales que participaron en los trabajos que culminaron con la Constitución proclamada el 26 de Enero del 2010.

Pero similar aprehensión se produjo con la revisión constitucional de 1994 que le otorgó el control concentrado de la constitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia: al no haber en ella disposición expresa sobre si el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad tenía o no efecto suspensivo la Suprema Corte de Justicia resolvió el asunto en una forma simplona a través de una sentencia en la cual se expresó diciendo que las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas carecían de efecto suspensivo (repito: soy de opinión que es la propia Constitución la que debería de decir tal cosa expresamente).

Parecería que los redactores del Párrafo del Artículo 51 consideraron que si se permitía el ejercicio recursivo inmediato ello se traduciría en que si una jurisdicción superior apoderada del recurso acogía la excepción de inconstitucionalidad ello repercutiría de inmediato en el proceso en la jurisdicción inferior si esta no había culminado con la sentencia sobre el fondo.

Si esa era, como parece ser que lo es, la preocupación del legislador, y si se considera que el Artículo 189 supracitado lo que hace es poner a la Constitución a delegar en una ley adjetiva lo relativo a la regulación del asunto, bastaba entonces con que el legislador insertara una disposición semejante a la parte inicial del Numeral 8 del Artículo 54 de la Ley 137-11, relativo al Recurso de Revisión Constitucional de las decisiones jurisdiccionales, y la cual establece: “Art. 54.-…8) El recurso no tiene efecto suspensivo,…“ Pero añadiendo el legislador que la parte interesada pudiese atacar por la vía recursiva correspondiente la decisión sobre la cuestión de inconstitucionalidad alegada cuestión de que a través de las vías de impugnación o recursos el asunto de inconstitucionalidad alegada tuviese la oportunidad de llegar hasta el tope.

Esto último (no reconocerle efecto suspensivo a la impugnación por inconstitucionalidd por vía directa ni a un recurso contra una decisión que verse sobre una cuestión de inconstitucionalidad) y permitir el inmediato ejercicio de las vías recursivas viene a ser una solución al problema, pues si una cuestión de inconstitucionalidad no tiene efecto suspensivo hasta tanto no haya una decisión irrevocable sobre el particular entonces el proceso puede continuar su curso sin ningún inconveniente hasta tanto intervenga aquella decisión irrevocable.

Desde mi punto de vista pienso que por versar una excepción de inconstitucionalidad sobre la materia fundamento de todo el ordenamiento jurídico (= la materia constitucional) no se debe colocar una cortapisa u obstáculo semejante al ejercicio inmediato de un recurso sobre dicha materia porque si realmente dicha excepción de inconstitucionalidad es fundada (es decir, no se trata de algo planteado por simple ligereza) entonces se coloca a la parte que promueve dicha excepción a tener que soportar un proceso completo que carece de sentido que lo soporte sin por lo menos tener la oportunidad de atacar tal cosa en forma inmediata por ante otra jurisdicción y que ese asunto sobre la cuestión de inconstitucionalidad pueda seguir recorriendo de inmediato los cauces jurídicos correspondientes.

Repito (para que estemos claros): “… se coloca a la parte que promueve dicha excepción a tener que soportar un proceso completo que carece de sentido que lo soporte sin por lo menos tener la oportunidad de atacar tal cosa en forma inmediata por ante otra jurisdicción y que ese asunto sobre la cuestión de inconstitucionalidad pueda seguir recorriendo de inmediato los cauces jurídicos correspondientes.“

Destaco (para que estemos todavía más claros): “… por lo menos tener la oportunidad de atacar tal cosa en forma inmediata por ante otra jurisdicción y que ese asunto sobre la cuestión de inconstitucionalidad pueda seguir recorriendo de inmediato los cauces jurídicos correspondientes.“

¿Porqué se debe sacrificar el derecho de una persona a luchar de inmediato por obtener una definición sobre la excepción de inconstitucionalidad fundada que plantea?

Si el proceso de fondo puede seguir su curso normalmente aunque se haya acudido a las vías recursivas sobre el aspecto de inconstitucionalidad alegado, por lo menos la parte que ha planteado la excepción de inconstitucionalidad puede seguir luchando en torno a esta ante jurisdicciones superiores hasta que el Guardián Supremo de la Interpretación Constitucional, el Tribunal Constitucional, diga la última palabra: esa última palabra sera entonces la que marcará el destino de la parte restante del proceso referido.

Así no se le pone a dicha parte a perder tiempo para atacar una sentencia que verse sobre una excepción de inconstitucionalidad esperando a que primeramente haya sentencia sobre el fondo.

Por lo menos se le permite luchar de inmediato para que por el ejercicio de las vías recursivas tenga la oportunidad de poder llegar hasta el tope (el Tribunal Constitucional) y allí se diga si la cuestión es inconstitucional o no.

Resalto: “Por lo menos se le permite luchar de inmediato para que por el ejercicio de las vías recursivas tenga la oportunidad de poder llegar hasta el tope (el Tribunal Constitucional)…“

Sigo resaltando: “luchar de inmediato“.

Así se preservan y se concilian todos los intereses en juego, de todas las partes.

Creo que en realidad el Párrafo del Artículo 51 de la Ley 137-11 es inconstitucional por ser contrario a los derechos: a) a un efectivo acceso a la Justicia; b) al derecho a la tutela judicial efectiva; c) al derecho de Defensa; y d) al Principio de Razonabilidad.

De toda forma, lo que a mí me parece más inapropiado es que a la decisión sobre inconstitucionalidad que haya intervenido se le dé el carácter propio de una sentencia preparatoria o de “buena administración de justicia“, cuando (bajo la concepción o enfoque de la delegación del referido Artículo 189) pudo optarse por dejar que la cuestión de inconstitucionalidad caminara en forma independiente hasta su tope en tanto abajo el proceso de fondo seguía su curso. Creo que, bajo esa concepción, esa era y es la salida correcta hasta tanto se haga lo más correcto, esto es, que en la próxima Revisión Constitucional que se haga se establezca en moldes constitucionales expresos el carácter no suspensivo de la acción directa en inconstitucionalidad y del recurso contra una decisión que verse sobre inconstitucionalidad: así se evitarían las eternas discusiones a que se presta el razonamiento jurídico y la redondez innecesaria por estar girando en círculo alrededor de lo mismo.