El PRD es un patrimonio de todos, no seamos indiferentes

Por Carlos Luis Baron domingo 10 de junio, 2012

He seguido con atención y en perspectiva el giro político e institucional dado por la República Dominicana desde antes de las elecciones Congresuales y Municipales de 2010 donde el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se alzó con una mayoría aplastante en el Congreso Nacional. Debemos recordar que previo a esas elecciones estaba en marcha el proceso la reforma constitucional, para el cual fue necesario un pacto suscrito entre el Ing. Miguel Vargas Maldonado y el Dr. Leonel Fernández con el propósito de allanar el camino en los puntos más controversiales de la reforma, esencialmente la reelección presidencial que estaba prohibida. El pacto se debió a que el PRD contaba con un número significativo de legisladores que podía impedir ciertos aspectos del proceso de reforma.

Preocupado por lo que mi visión me indicaba en el sentido de que la reforma constitucional traería ciertos traumas a la democracia, antes de que iniciaran los trabajos de la Asamblea Revisora de la Constitución, interpuse un Recurso de Inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia, contra la Ley 70-09, que declaró la necesidad de esa reforma, sobre la base de que la referida ley indicaba que los asambleístas podían modificar todos los textos de la Constitución y agregar los artículos que surgieran de las discusiones y que la inclusión de nuevos artículos violaba la propia Constitución. La Suprema Corte de Justicia de manera irresponsable falló después de la proclamación de la constitución, mediante Sentencia No. 5 del 19 de mayo de 2010; le faltó valor, coraje y visión para casarse con la gloria impidiendo un proceso de reforma constitucional que finalmente atropelló hasta a la misma Suprema Corte de Justicia.

Después de consumado el hecho e imponernos una Constitución con claros intereses de aniquilar la democracia, escribí y publiqué varios artículos advirtiendo sobre el peligro que se avecindaba con la conformación de las mal llamadas Altas Cortes. Me inquietaba la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura que se había ampliado incluyendo al Procurador General de la República para darle más holgura al presidente Leonel Fernández, desconociendo que esa figura es nombrada por el presidente y que su participación sólo sería para corroborar la posición del “jefe”.

Pero mi preocupación fue mayor cuando el Presidente Fernández no se conformó con tener asegurada la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que permitió que robaran la membrecía del Senador Amable Aristy Castro, único de un partido distinto, para colocar a un peón del sistema, el Senador Félix Vásquez, elegido en la misma boleta del PLD.

Completada la concentración de poder, Leonel Fernández pasa a conformar las “Tremendas Cortes”, perdón las Altas Cortes y lo hace designando los miembros de la Junta Central Electoral, JCE, y del Tribunal Superior Electoral, TSE, con matrículas de 80% de personas que responden o pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, PLD; el Tribunal Constitucional, TC, con igual proporción y la Suprema Corte de Justicia convertida en la Casa Nacional del PLD o la Fundación Global, propiedad del Presidente Fernández, o la oficina particular del Comité Político del PLD. En esa Suprema se designaron prominentes miembros del partido oficialista y empleados del presidente.

Se trata realmente, parafraseando a Tres Patines, de las Tremendas Cortes, no de las Altas Cortes, como deberían ser, instituciones desde donde el PLD se catapultaría como el partido único en República Dominicana y establecer la dictadura con apoyo popular, soñada por Juan Bosch y anhelada por su partido. Esos poderes reales son los que representan el régimen jurídico dominicano y tomarán las decisiones más convenientes a los intereses del Presidente Fernández y del PLD.

Ya comenzaron a dar sus frutos cuando el Tribunal Superior Electoral anuló maliciosa e intencionalmente dos alianzas de partidos emergentes suscritas con el PRD y cuando la Junta Central Electoral, JCE, permitió al PLD actuar por la libre y disponer groseramente de los recursos del Estado para imponerse frente a los demás partidos, sin que esa institución se detuviera a pensar en su propio poder reglamentario para regular esas actuaciones.

De nuevo, el Tribunal Superior Electoral, TSE, apoderado de una discusión entre dos partes del PRD, sobre asuntos meramente disciplinarios, suspende decisiones de organismos partidarios y se adelanta a prohibir una reunión del Comité Ejecutivo Nacional convocada regularmente para el día 10 de este mes; desconociendo, el TSE, que las reuniones con fines lícitos, pacíficas y sin armas son de rango constitucional y nadie, ni un particular ni una institución, las puede prohibir, y en caso de prohibición, no tiene por qué ser acatada.

Lo decidido por el TSE es insólito y sobrepasa los límites, no sólo del derecho, sino de la prudencia y el sentido común con que debe actuar un tribunal cuyas decisiones pueden tener repercusión nacional. Ese tribunal reconoció que el PRD y miembros de su Comisión Política, puestos en causa, no estaban legalmente citados y por consiguiente no eran parte en la audiencia y aún así tomó decisiones que les afectan, con la ventaja para los no presentes que no les son oponibles. Se trata de una combinación de mala fe e ignorancia jurídica que debía traer como resultado la renuncia de esos altos cargos. Claro, si tuvieran un mínimo de vergüenza.

Las sentencias sólo les son oponibles a las partes envueltas en una controversia judicial que han hecho uso del sagrado derecho de defensa precedido del debido proceso, que inicia por dar a las partes la oportunidad de participar en igualdad de condiciones en un juicio público, oral y contradictorio o haber sido debidamente citada.

Sin dudas acción del TSE es la clara tendencia hacia la destrucción del PRD desde la aplicación sesgada de la ley. Si finalmente el TSE anula las decisiones tomadas por la Comisión Política de ese partido que suspende a su presidente, Miguel Vargas Maldonado, y convoca al Comité Ejecutivo Nacional para ratificar o dejar sin efecto aquellas medidas, incurre en una intromisión grosera y aviesa en los asuntos internos de esa entidad partidaria; decisión que se convertiría en una regla general dado el carácter vinculante de las resoluciones de ese alto tribunal.

El Tribunal Superior Electoral podría estar poniendo en peligro la democracia misma

El comportamiento de ese tribunal indica claramente que es parte integral de la dictadura constitucional en que vivimos actualmente, ignorando que pudiera estar conduciendo de manera obligada a la ocurrencia de hechos y sucesos lamentables, sobre todo cuando resalta a la vista el abuso y la premeditación con que decide las cosas especialmente contra el Partido Revolucionario Dominicano, que parece estar anestesiado o frisado soportando sin reaccionar.

Parece estarse jugando con la paz social y la democracia. La destrucción o debilitamiento del PRD nos lleva al partido único y con ello a la dictadura real, momento en el cual nadie sabría el final de las cosas. Por esta razón los tomadores de decisiones deben ponerse a tono con las circunstancias y reflexionar sobre el pago de las facturas que deben por sus nombramientos.

El PRD es un instrumento de la democracia y patrimonio nacional, debemos dejar la indiferencia y unir fuerzas para protegerlo, conservarlo y evitar su desvanecimiento provocado desde el poder. Ese partido representa el contrapeso político necesario para la estabilidad del país porque es el único con capacidad de enfrentar con cierta fortaleza los actos del poder. Veamos en perspectiva!

Si persiste lo que parece ser un plan contra ese partido, los dominicanos conscientes, no necesariamente perredeístas, debemos salir a defenderlo públicamente y por cualesquiera vías pacificas, pero suficientes, para demostrar que estamos de pie y vigilantes, que no estamos dormidos y que antes de que colapse la democracia y el sistema de partidos, habrá que sacrificar los cerebros y las voces de quienes no apoyaríamos que se pierda el estado de derecho, que por cierto ya está bastante débil, que impera en el país.

El PRD es de todos, ojalá los jueces del TSE lo entiendan y no devuelvan favor con favor porque lo pagarán con creses. La democracia no tiene precio, que nadie le ponga precio!