En el país de las paradojas y el cinismo

Por Carlos Luis Baron lunes 2 de julio, 2012

Nueva York.-Es consecuente y dable suponer que, si en República Dominicana, por desaliento, el 82 por ciento de la juventud que cursan estudios superiores opinan que ir a las universidades no vale la pena; nuestros abuelos que tal vez en algún tiempo estaban contestes con ese criterio, efectivamente, no serán beneficiarios de la ley 352-98, sobre protección de los envejecientes. Hay que tener mentalidad utópica para creer en la efectividad de una legislación sujeta a las paradojas y al cinismo que nos taladra.

En una nación donde además, el 58 por ciento de los jóvenes quiere escapar hacia el exterior, es un contrasentido, el ahora, sin más ni más, querer proteger a sus antecesores que ahora han llegado a la inexorable senectud. Ha de convenirse en que aquellos vientos, trajeron estas tempestades. Para ello habría que institucionalizar al país.

Es querer ser acorralados por embaucamientos, el creer que una nación que sólo permite el desarrollo de algunos jóvenes por clientelismo o nepotismo; se asista como se debe, a nuestros envejecientes. Donde una ministra de Educación, transgrediendo la ley, protege a sus nietos con el privilegio de ser becados para estudiar en prestigiosas universidades del exterior; lo más lógico es pensar que allí persiste un ambiente de inequidad y desigualdades sociales, en donde tampoco, nuestros viejitos, per se, tienen un digno discurrir.

En República Dominicana, deben pulular más de un millón de envejecientes que sobrepasan o se acercan a los 65 años, que sobreviven en deplorables condiciones existenciales. Son indigentes o homeles (desamparados), como se les llama en los Estados Unidos.

Y no sólo porque no poseen una morada donde descansar, sino porque no se les respetan otros derechos. No importa su senectud o vejez, aún contribuyendo con nuestra formación, a estos se les conculcan sus derechos, como a cualquier otro contribuyente, y tienen que pagar bienes y servicios como los demás. No hay ningún tipo de consideración para nuestros abuelos.

Si en una ciudad como Nueva York, aún con sus debilidades hay indigentes que están sobre el límite de los pobres de solemnidad; mal podría pensarse que en un país con autoridades irrespetuosas de los derechos humanos y civiles; se aplicaría una ley que garantice el bienestar de nuestros progenitores. En este aspecto, República Dominica, se distancia por mucho del “Nueva York Chiquito”

Si el ser humano, no recibe garantías de una digna existencia, por lo menos aceptable desde su nacimiento hasta la edad en que está apto para prepararse académicamente y servir a su país; no es verdad que se les garantizará una serie de derechos cuando esté llegando a su ocaso.

El sector envejeciente que sí es ampliamente beneficiado en República Dominicana, es el de funcionarios enquistado en la cúspide del gobierno; allí debe haber más de una decena de éstos que se acercan, llegan o superan los 65 años, y viven como sibaritas. Y, por si fuera poco, también suelen cobrar lujosos sueldos de pensión, aun sin ser empleados de larga data en la cosa pública.

Ello contrasta  con los maestros, braceros y demás, a los que se les niega la pensión, y  cuando son correspondidos reciben una migaja.

Y, para rematar este humilde artículo, cabe preguntarse si es posible que en un país donde los que nos gobiernan no tienen sensibilidad ni voluntad política para otorgarle el merecido derecho a un hijo biológico con ganas de superarse; puede haber serias intenciones para colocar en un sitial digno a nuestros envejecientes. Definitivamente, los dominicanos transitamos por un angosto camino, atestado de inconsciencias, paradojas y  cinismos.

El autor es periodista directivo del CDP en Nueva York, donde reside.