En torno al constitucionalismo dominicano

Por Carlos Luis Baron martes 26 de junio, 2012

El constitucionalismo se puede definir como la supremacía de la Constitución en los ordenamientos políticos-jurídicos, democráticos, lo que determina la vigencia del principio de la legalidad en las actuaciones de los poderes del Estado, así como la vigencia de los derechos humanos a favor de los habitantes del territorio de un determinado Estado.

El Estado dominicano nació con una manifiesta poca trascendencia del elemento jurídico en su formación, desde la proclamación de nuestra primera Constitución, el 6 de noviembre de 1844. Eso es lo que explica la inclusión del funesto artículo 210 en la llamada Constitución de San Cristóbal, mediante el cual el caudillo Pedro Santana pudo violar, sin ningún tipo de consecuencia legal para él, los derechos de los habitantes de la naciente República, con lo que se produjo, entre otras cosas, el fusilamiento impune de María Trinidad Sánchez y otros patriotas.

En sentido general, grandes períodos de nuestra historia han estado bajo el manto de regímenes despóticos y/o caudillistas, en los cuales no se han respetado o se han respetado muy poco las normas constitucionales, que limitan el ejercicio del poder, y se han violado durante esos mismos períodos de tiempos los derechos fundamentales de los ciudadanos y otros habitantes del territorio de la República.

En la República Dominicana durante gran parte de su historia la Constitución ha servido muy poco como garante de los derechos fundamentales de las personas, en razón de que en muchos casos, aunque las Constituciones garantizaban en el plano teórico los derechos de las personas, en la práctica los gobiernos de turno la violaban de manera sistemática.

Hemos tenido constituciones que sólo han tenido existencia en el plano formal, pues los mismos derechos que éstas decían garantizar en el aspecto semántico eran vulnerados desde el poder en su accionar práctico. Esto ha acontecido en tiempos remotos y en el pasado reciente.

La vigencia teórica de estas constituciones no impidió que se cometieran crímenes y atropellos contra dominicanos y dominicanas que han luchado durante mucho tiempo por la justicia social y la democracia política en el país.

En momentos en que han imperado regímenes dictatoriales en el país, la lucha del pueblo dominicano por la conquista de la libertad ha sido incesante, habiendo combatido en pos de la democracia “con bravura de leyenda.”

Un aspecto que ha dificultado en algunos momentos el respeto por parte del Estado de determinados derechos consagrados en diversas constituciones a favor de los habitantes del país, es el débil conocimiento que tienen los dominicanos de algunos de sus derechos y la poca capacidad de lucha que, en sentido general han mostrado para defender estos derechos. Nos referimos específicamente a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con el trato justo que debe recibir toda persona en la sociedad donde vive, para tener acceso adecuadamente al derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social y al trabajo digno entre otros. Al existir poca conciencia en la población de la exigibilidad de la vigencia práctica de estos derechos, ha sido muy tímida su demanda de que los mismos se cumplan a su favor.

La Constitución es un instrumento vivo, no estático, lo que significa que la misma evoluciona o puede evolucionar de acuerdo a como evoluciona la sociedad.

La Constitución proclamada el 26 de enero de 2010, es una Constitución en gran medida avanzada, tomando en cuenta el tipo de sociedad en que vivimos.

La nueva Constitución dice en su artículo 7 que “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho”, lo que implica dentro de lo que supone la definición de este tipo de Estado, que quienes dirigen el Estado dominicano están en el deber de encaminar acciones para que todos los dominicanos (as) disfruten de los derechos y libertades contemplados a su favor en la Constitución de la República, los tratados internacionales, de los cuales el país es signatario y demás normas legales existentes en el país. A la población consciente le toca exigir el cumplimiento de estos derechos y libertades a favor de todos los habitantes del país. Ojalá que estemos inaugurando una nueva época del constitucionalismo dominicano y que la Constitución promulgada en el 2010 se cumpla real y efectivamente.