Espionaje y corrupción pública

Por Carlos Luis Baron lunes 13 de febrero, 2012

El pasado viernes 10 de febrero de 2012 el país fue conmocionado por una serie deallanamientos aparatosos montados en formato pseudo bélico para supuestamentelocalizar y capturar pruebas de espionaje web a figuras públicas del gobierno, yaquello parecía el desembarco del “Día D en Normandía”.

El hecho de que el periódico digital Siglo 21 publicara acciones escandalosasrelativas a la administración de fondos públicos, y el hecho de que publicaraen otro periódico que en los próximos días publicaría otros casos másescandalosos, fue motivo más que suficiente para que el gobierno movilizaratropas de los cuerpos armados, ayudantes fiscales y helicópteros de combate,para allanar casas urbanas, villas de campo y oficinas de trabajo, y enviar unclaro mensaje a todo el país de que quien publique actos de corrupcióngubernamental se expone a correr igual suerte, es decir, que lo malo no es lacorrupción, sino publicar los hechos de corrupción.

Conocidos y reconocidos periodistas que han mantenido una línea crítica frente a muchasde las acciones del actual gobierno fueron embestidos con todo el poder queotorga el ejercicio transitorio del gobierno, luego de que el periódico digitalSiglo 21, dirigido y administrado por los periodistas allanados, publicaraescándalos que en cualquier país medianamente organizado movilizaría la acciónpública, no contra los periodistas, sino contra los imputados de corrupción,para verificar la veracidad de la acusación, y si la acusación no es válida, elgobierno tiene todo el derecho de reclamar ante la justicia la reparación deldaño moral causado. Así lo ha hecho el presidente Rafael Correa en el Ecuador.

El famoso caso de Watergate, en 1972, comenzó cuando Mark Felt,un antiguo director adjunto del FBI, bajo la presidencia de Richard Nixon, suministróinformaciones confidenciales a su amigo de la CIA y periodista de investigación, Bob Woodward,quien, junto a su colega Carl Bernstein, sacó a la luz pública, a través delWashington Post, el espionaje de los republicanos a los demócratas, y aquello seconvirtió en un gran escándalo nacional, pero para proteger su identidad y suseguridad, Felt se ocultó bajo el pseudónimo de garganta profunda.

Ante lamagnitud del escándalo, el Senado de la República exigió la entrega de las cintasgrabadas en la propia oficina presidencial de la Casa Blanca,pero el presidente Richard Nixon se negó a entregarlas amparándose en lainmunidad presidencial, pero la comisión del Senado respondió que la inmunidad presidencialno podía invocarse para ocultar actos delictivos cometidos por el presidente osus asesores, y finalmente Nixon tuvo que renunciar a la presidencia de EstadosUnidos.

En ningún momento el Senado de los Estados Unidos argumentó que no podíainvestigar el caso Watergate porque la información publicada en la prensa sehabía obtenido por una vía ilegal, sino que lo importante era investigar laveracidad o no de la grave denuncia aparecida en la prensa, porque cuando setrata de los intereses de la sociedad, lo importante es el hecho que sedenuncia, y no quién lo denuncia, ni la vía utilizada para obtener datos relativosa lo que se denuncia. En ese caso el fin justificaba los medios.

Pero esofue en los Estados Unidos, un país verdaderamente organizado, donde el Congresoes independiente y donde la justicia es independiente, mientras nosotrosvivimos en una sociedad tribal, donde cinco caciques deciden lo que debemoshacer los indios que vivimos en estos cinco cacicazgos que van desde Higüeyhasta Jaragua.

El 30de mayo de 1961 un grupo de ciudadanos civiles y militares decidieron poner fina la tiranía de Trujillo, emboscando y disparando contra el tirano, y hoy a nadiese le ocurriría acusar a los ajusticiadores de Trujillo de ser violadores delas leyes de Dios y de los hombres que prohíben matar, especialmente porquehubo premeditación, alevosía y acechanza. Lo importante para el pueblodominicano no fue la vía utilizada para deshacerse de la dictadura de Trujillo,ni discutir si el asesinato era legal o ilegal, porque ese era un tema deinterés nacional. En ese caso el fin justificaba los medios, y posteriormente losajusticiadores fueron declarados héroes nacionales.

Si unmedio de comunicación hace pública una información relativa a hechos decorrupción cometidos en la administración pública, lo que procede no es salir aperseguir y allanar a quien se atreve a publicar en la prensa el hechopecaminoso cometido contra los fondos públicos que son administrados porfuncionarios públicos, sino iniciar de inmediato una profunda investigaciónpara determinar la veracidad o no de la información.

No eslo mismo averiguar las acciones particulares de una persona que tiene derecho auna vida privada; que averiguar, por cualquier vía, lo que hace un funcionariopúblico con los fondos públicos aportados por todos nosotros y que le sonentregados para obras públicas y servicios públicos, porque la ciudadanía tienepleno derecho a saber si sus tributos son bien o mal administrados, y tienepleno derecho a saber si algún funcionario público está utilizando en suprovecho personal los fondos públicos, y si sus cuentas bancarias crecen exorbitantementegracias al desvío de fondos públicos.

No eslo mismo que usted monte una cámara o un grabador en casa ajena, para averiguarvida privada ajena, porque eso es espionaje, que montar la misma cámara o elmismo grabador, en su propia casa, para conocer si alguien le está robando austed, porque a usted le está permitido cuidar de lo suyo, y cuando se trata defondos públicos se trata del interés de todo ciudadano y de todo el país, ycualquier ciudadano tiene pleno derecho de averiguar, por cualquier vía, sialguien está sustrayendo fondos públicos.

De ahíque no debemos confundir entre espiar a una persona en su vida privada, queaveriguar lo que un funcionario hace con los fondos públicos que administra,porque si la prensa no ausculta, tomógraficamente e indirectamente, lo quehacen algunos funcionarios públicos, con los fondos públicos, la gente nunca seenteraría de que gran parte de los fondos públicos han sido mal utilizados parael enriquecimiento personal de algunos funcionarios públicos.

Elinterés público está por encima del interés personal individual, y si alguiense ha tomado a titulo personal los fondos públicos y los ha depositado en suscuentas personales, nadie debe rasgarse las vestiduras si algún medio decomunicación obtiene y publica una serie de informaciones que dan cuenta delhurto de los fondos públicos; y los allanamientos acompañados de fiscales debenhacerse en las oficinas de los funcionarios públicos denunciados comodepredadores de los fondos públicos, y no en las residencias y oficinas de losdenunciantes. Lamentablemente en RD todo camina al revés.