Falseamiento del estado de derecho

Por Carlos Luis Baron sábado 16 de junio, 2012

Con la elaboración del Código Procesal Penal lo que se hizo fue crear un amontonamiento de absurdos.

Sus promotores se obstinaron ciegamente en implementar esa verdadera excrecencia del Derecho llamada Código Procesal Penal (CPP) y hasta quisieron sacralizarla.

El Código Procesal Penal (CPP) es un falseamiento del Estado de Derecho ya que sobre el absurdo del Abuso del derecho fue que se fabricó dicho sistema o modelo procesal penal.

El CPP falsea el Estado de Derecho y, por ende, la administración de Justicia porque esta queda pendiente de aplicar norma cuyas directrices están orientadas medularmente a favorecer al imputado.

Se trata de un sistema o modelo procesal penal cuyas partes y el conjunto giran alrededor de favorecer al imputado; que le impone a las necesidades generales de la sociedad las necesidades privativas del imputado, y hace esto sobredimensionando y exagerando dichas necesidades del imputado hasta tal grado que el interés social y el interés de las víctimas son desdibujados y son hecho desaparecer quedando sólo en el panorama el interés del imputado.

Es un sistema o modelo arbitrario en el que por supuestamente salvar la forma se sacrifica el fondo.

Mientras el imputado es literalmente blindado en exceso, los derechos de la sociedad y de las víctimas son absorvidos y desterrados por los “derechos“ del imputado, quedando todo al capricho y a merced del interés del imputado.

El interés del imputado queda así como un interés superior al interés de la sociedad y al interés de las víctimas.

Con ese código se puede hablar literalmente del `interés superior del imputado`… Hasta ahí conduce esa aberración de visualización jurídica que es el Código Procesal Penal.

Ese enfoque que caracteriza al CPP tiene una fuerza de centralización y de absorción absolutista a favor del imputado que ahoga los derechos de la sociedad y de las víctimas.

Estos derechos de la sociedad y de las víctimas quedan malogrados ya que ese enfoque del CPP sujeta arbitrariamente a la sociedad y a las víctimas al centro de acción de dicho sistema o modelo, el cual centro lo es la Favorabilidad Pro Reo.

Con dicho código elevaron a la categoría de procedimiento o de reglas procedimentales sistemáticas un absolutismo Pro Reo, un abuso incondicional de los “derechos“ del imputado fundándose ello en una omnímoda usurpación de derechos, al desterrar los derechos de la sociedad y de las víctimas creando así un ostensible desequilibrio procesal entre, de un un lado, el imputado, y del otro lado, la sociedad y las víctimas.

Eso, que es ostensible, puesto que está a la vista de todos, se pretende “tapar“ insertando en los cursillos de “formación“ (realmente son cursillos de desformación) de los jueces y de los representantes del Ministerio Público una serie de razonamientos infantiles que sólo mentes previamente condicionadas al efecto (y que por no estar bien amuebladas se dejan acondicionar) pueden aceptar como “buenos y válidos“.

El Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica ha ejercido un ascendiente funesto sobre los pueblos iberoamericanos que “evolucionaron“ (mejor dicho: involucionaron) así hacia un sistema absolutista Pro Reo, con tanta más eficacia cuanto mayor era la ignorancia y la incapacidad de la mayoría de los abogados prácticos para discernir sobre los fines sanos de una Política Criminal del Estado.

El modelo procesal penal establecido a través del CPP ha sido una verdadera causa determinante del ya arraigado (con él) mal de la inseguridad pública que vive la ciudadanía dedicada al trabajo serio.

La tendencia a la absorción es tan manifiesta que leer el CPP y ver su aplicación práctica en la vida diaria permite apreciar cómo a la sociedad y a las víctimas se les maltrata a lo largo de todo el procedimiento.

En cierto modo, a eso provocaba la inconsciencia de la inmensa mayoría de las masas de los abogados prácticos, a las cuales sólo les anima el espíritu buitresco que responde al instinto primitivo de la supervivencia, y a las cuales para nada les interesa una administración de Justicia sana ni el interés social ni el interés de las víctimas; son masas prontas a todo exceso, estimuladas por el más vil interés mercurial.

La ignorancia y el interés meramente mercurial de las muchedumbres de los abogados prácticos son entes disociadores, puesto que alejan a dichos abogados de los criterios razonables y éticos.

No se puede ejercer control social y organizar a la sociedad mediante un control social inalcanzable con un instrumento jurídico como el CPP que sólo conduce al descontrol y a la desorganización social porque los reales fines del CPP son totalmente contrapuestos al interés social y al interés de las víctimas, aunque los promotores y propagandistas del CPP hayan pretendido decir que no: la realidad palmaria de la vida cotidiana está ahí hablando diaria e incansablemente con sus hechos, de tal suerte que sólo la necedad producto del dogmatismo injertado en cabezas no pensantes pretende dar coces contra el enorme y afilado aguijón de acero de la realidad.

Con el CPP la sociedad no puede tener una vida vigorosa, al contrario: con él la vida de la sociedad está contaminada, viciada y malograda puesto que el ente social y sus componentes sanos todos están a merced de la depredación delincuencial que estimula la vigencia de ese código.

El CPP contribuye a estimular a las unidades violentas que son los delincuentes al proteger a éstos y al desproteger a la sociedad y a las víctimas: el CPP (hablando en términos tecnológicos modernos) es un hacker de la vida social sana que a lo único que conduce es a un falseamiento del Estado de Derecho.