Inconstitucionalidad parcial del Art. 93 de la Ley 834 de 1978

Por Carlos Luis Baron sábado 3 de marzo, 2012

Los Artículos 92 y 93 de la Ley 834 del 15 de Julio de 1978 disponen respectivamente:

“Art. 92.- Incumbe a la parte que solicita un informativo indicar los apellidos, nombres, domicilio y residencia de las personas de las cuales se solicita la audición. Igual obligación incumbe a los adversarios que solicitan la audición de testigos sobre los hechos de los cuales la parte pretende aportar la prueba. La decisión que ordena el informativo enunciará los apellidos, nombres, domicilio y residencia de las personas a oir.“

“Art. 93.- Si las partes están en la imposibilidad de indicar al inicio las personas a ser oídas, el juez puede sin embargo autorizarlas ya sea a presentarse sin otras formalidades en el informativo con los testigos que ellas deseen oir, ya sea informando al secretario del tribunal, dentro del plazo que él fije, los apellidos, nombres, domicilio y residencia de las partes de las cuales se solicita la audición. Cuando el informativo sea ordenado de oficio, el juez, si no puede indicar en su decisión los nombres y apellidos de los testigos a oir, requerirá a las partes que procedan en la forma señalada en el párrafo precedente.“

Se puede apreciar en la redacción del Artículo 92 una redacción impecable en cuanto busca preservar la igualdad de las partes en orden a que haya un respeto recíproco del derecho de Defensa de ambas partes.

Sin embargo, en el Artículo 93 la parte que dispone “…el juez puede sin embargo autorizarlas ya sea a presentarse sin otras formalidades en el informativo con los testigos que ellas deseen oir…“ es inconstitucional: esa parte del Artículo 93 de la Ley 834 de 1978 es inconstitucional.

La indicación de los apellidos, nombres, domicilio y residencia de las personas de las cuales se solicita la audición debe hacerse para preservar el derecho de Defensa de la parte contraria.

La parte contraria necesita estar informada de quiénes son ésas personas cuya audición quiere la parte solicitante del informativo testimonial para dicha parte contraria poder tomar conocimiento sobre su identidad para estar en condiciones: de investigar y hacer saber a la jurisdicción apoderada qué móvil o móviles puede(n) impulsar al o a los testigos a declarar; y para, en sentido general, poder estar en condiciones de articular las preguntas que estime pertinentes; es decir, para preservarle a la contraparte el derecho de Defensa.

Dicha información de las generales de los testigos puede darse al momento del pedimento o por depósito de dicho listado por secretaría en el plazo que establezca la jurisdicción en cuestión.

Si se otorga dicho plazo para dicho depósito de dicho listado de testigos estamos en presencia de un plazo prefijado judicialmente y si no se cumple con el depósito de dicho listado en el plazo así otorgado los testigos en cuestión no pueden ser escuchados porque el plazo concedido al fin indicado se dio también para que la contraparte pueda estar en condiciones de saber quiénes serán los testigos en su contra, es decir, para preservar el derecho de Defensa de la contraparte.

No puede haber testigo sorpresa: el testigo es sorpresa si no se suministran las generales del testigo a la jurisdicción en cuestión y, también, si se suministran dichas generales fuera del plazo prefijado por sentencia a tal fin, pues dicho plazo se da para que la contraparte pueda, vencido dicho plazo, disponer de un compás de tiempo que le permita prepararse contra dichos testigos a partir del vencimiento de dicho plazo.

El enfoque que debe hacerse es colocándose la gafa o la lente de la Constitución como filtro para poder determinar si algo es conforme o no a ella.

El Artículo 69, y sus Numerales 4 y 10, de la Constitución disponen: “Art. 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:…4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 5)… 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.“

Amerita que se resalten las expresiones: “ El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa“ (repetimos: “con respeto al derecho de defensa“); y “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas“.

Es claro que la confrontación de la parte del Artículo 93 de la Ley 834 que dispone“…el juez puede sin embargo autorizarlas ya sea a presentarse sin otras formalidades en el informativo con los testigos que ellas deseen oir…“ , con el el Numeral 4 del Artículo 69 de la Constitución, permite apreciar que aquella norma infraconstitucional colide con dicho Numeral 4 de dicho Artículo 69 de la Constitución y que por aplicación del Artículo 6 de la Constitución, que consagra el Principio de Supremacía de la Constitución, dicha parte de dicho Artículo 93 de la Ley 834 debe ser declarada inconstitucional y, por ende, nula por aquella jurisdicción ante la cual se plantee dicha cuestión de inconstitucionalidad.