Julio Anibal Suarez y la fundamentación de violaciones en su contra

Por Carlos Luis Baron miércoles 21 de marzo, 2012

Cuantas veces escucho a algunos desorejados decir: “aquí hace falta un gobierno como el de Trujillo,” de inmediato les salgo al frente reprochándoles semejante criterio, porque estoy convencido de que las convicciones democráticas están muy firmes en la conciencia de los hombres y mujeres más sensatos del país.

Aunque aquí ha imperado una democracia excluyente, no hay espacio para tiranías, gobiernos odiosos, ni despóticos.

Basta con saber que en nuestro medio social contamos con mujeres que, como la doctora Rosalía Miguelina Sosa Pérez, tienen un elevado concepto de la democracia y la funcionalidad de las instituciones del Estado.

En el documento elaborado por la doctora Sosa Pérez, dirigido al Tribunal Constitucional, refiriéndose a las violaciones ejecutadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, al no confirmar al doctor Julio Aníbal Suárez, como juez de la Suprema Corte de Justicia, ella hace las siguientes precisiones de fundamentación:

Fundamentaciones

“El hecho de no confirmar al Magistrado Julio Aníbal Suárez Dubernay, en razón de que durante el tiempo de ejercicio del cargo como Juez de la Suprema Corte de Justicia, su proceder no siempre estuvo conforme a los criterios de independencia e imparcialidad contenidos en el Reglamento de Evaluación del Desempeño de Jueces de la Suprema Corte de Justicia, por el Consejo Nacional de la Magistratura constituye una violación en los siguientes aspectos”:

A) Violación al Principio de Dignidad Humana

“Si bien es cierto que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene sus funciones determinadas en la Constitución, debe entenderse que tales funciones están limitadas esencialmente por el respeto a la dignidad humana. La Constitución en el artículo 38 establece que “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos“. La prescindencia del respeto a la dignidad humana por parte del Consejo Nacional de la Magistratura al afirmar que el Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay durante su desempeño no estuvo conforme a criterios de independencia e imparcialidad sin ningún tipo de evidencia, racionalidad y argumentación, reflejada en su decisión, constituye un acto ilegitimo y arbitrario, y vulnera la esencia y naturaleza intrínseca del ser humano de la cual el Estado es responsable. Los altos representantes de los Poderes del Estado concentrados en el Consejo Nacional de la Magistratura no observaron al momento de decidir sobre las afectaciones vertidas en base a las imputaciones en el Acta de Sesión No. 24 del 21 de diciembre del 2011, referidas a Julio Aníbal Suárez Dubernay”.

B) Vulneración al Derecho a la Buena Imagen Profesional, al Buen Nombre y al Derecho a la Intimidad Personal.

“Que en el caso que nos ocupa, la restricción, vulneración y limitación del derecho fundamental del accionante por parte del Consejo Nacional de la Magistratura al imputar que “su proceder no siempre estuvo conforme a los criterios de independencia e imparcialidad”, constituye una violación a la imagen profesional, al buen nombre y a la intimidad personal que todo ciudadano tiene y que el Estado debe proteger”.

“El contenido del Acta de Sesión No. 24 del 21 de diciembre del 2011, en lo referente a la no confirmación del Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay afectó la buena imagen profesional y el buen nombre del accionante ante la comunidad jurídica y la sociedad en general, pues hoy queda en tela de juicio debido a la imputación de que su proceder no estuvo conforme a los criterios de “independencia e imparcialidad”.

“De igual manera, se invade la intimidad personal del accionante al ser afectado con la no confirmación, lo que lo conllevó a aceptar la jubilación y en este caso se puede catalogar como “forzosa”, ya que el mismo se encuentra legalmente habilitado para continuar con la función de Juez de la Suprema Corte de Justicia”.

“Tales aseveraciones afectan dichos derechos fundamentales los cuales están legítimamente protegidos por nuestra carta magna y corresponde a éste Tribunal como intérprete supremo de la Constitución tutelar los derechos restringidos, limitados y vulnerados con la no confirmación del accionante”.

C) Violación al Principio de Seguridad Jurídica

“La presentación del Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay ante el Consejo Nacional de la Magistratura fue sustentada en el transitorio cuarto de la Constitución, al establecer que “Los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que no queden en retiro por haber cumplido los setenta y cinco años de edad serán sometidos a una evaluación de desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual determinará sobre su confirmación”.

“Que la lógica del Estado social y democrático de derecho es cimentar expectativas de derechos y de confianza en los actores involucrados en el órgano constitucional a que se postula, los cuales tienen que cumplir su función y que bajo ninguna circunstancia, el Consejo Nacional de la Magistratura puede promover no sólo la desconfianza en su proceder sino en el resultado de sus decisiones, ya que es imprescindible que todo el proceso de evaluación esté preñado de legitimidad hasta en el producto final que es la decisión”.

“Que los juicios de valor contenidos en el Acta de Sesión No. 24 del 21 de diciembre del 2011, del Consejo Nacional de la Magistratura sobre el Juez Julio Aníbal Suárez Dubernay, no garantizan seguridad jurídica en vista de las irrespetuosas imputaciones sobre el ejercicio de una función y parcas denominaciones de no proceder conforme a los criterios de “independencia e imparcialidad”, sin ningún tipo de motivación racional, sin ninguna explicación de por qué se toma determinada valoración y sujeto a la discrecionalidad propia de un órgano arbitrario. La decisión del Consejo Nacional de la Magistratura no cuenta con fundamentos sólidos que fortalezcan la seguridad jurídica atentando contra la legitimidad democrática de ese órgano constitucional”.

Un análisis sereno y desapasionado pone de manifiesto la certeza de cómo la doctora Rosalía Miguelina Sosa Pérez, destaca cada uno los puntos que sirven de fundamentación a su razonamiento para demostrar la ausencia de justificación en la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, al no confirmar al doctor Julio Aníbal Suárez como juez de la Suprema Corte de Justicia.

Continuaremos, en otra entrega, desarrollando los criterios expuestos por la doctor Sosa Pérez, en su fundamentación de las violaciones en que incurrió el Consejo Nacional de la Magistratura contra el doctor Julio Aníbal Suárez.