La auto-acusación del Procurador por resultados de los femicidios

Por Carlos Luis Baron jueves 5 de julio, 2012

Recientemente el máximo representante del Ministerio Publico y Procurador General de la Republica se acusa y auto-condena en su persona por los resultados obtenidos por el Ministerio Público respeto a los femicidios ocurridos en el país. Del mismo modo dijo que ha fracasado en su intento de disminuir los femicidios y que ha tenido poco éxito en la lucha contra la violencia intrafamiliar y contra la mujer.

Me parece que esta auto-acusación y condena que se hace nuestro Procurador es injusta, no solo para él como persona sino también para la institución que él representa.

No creo que el Procurador y el Ministerio Público sean los responsables de los tantos femicidios o violencia contra la mujer ni tampoco sea el garante de evitar que se produzcan femicidios o violencia contra la mujer. Si partimos de cuáles son los roles que constitucionalmente se le ha asignado a esta institución, podemos determinar sin mayores dificultad que la de prevenir o evitar un delito no está dentro de sus funciones constitucionales.

La función única que tiene el Ministerio Publico y que la Constitución Política le ha delegado a esta institución es básicamente la de perseguir y sustentar el delito ante los tribunales de la república. No la de prever los fenómenos delictuales.

La Política Criminal es un componente que implica entre otras cosas al Derecho Penal, la Legislación Penal, la Policía Judicial, al Ministerio Público, Derecho Penitenciario, y estos elementos no son herramientas para la prevención del delito, más bien están diseñados para la persecución del crimen no para evitarlo.

Ni los fiscales, ni la policía judicial, ni el derecho penal y mucho menos los jueces son instrumentos para prevenir el delito.

La actividad de la justicia penal no es una actividad que previene. La prevención es un asunto que se resuelve con políticas públicas no penales.

La prevención del delito es cosa de políticas públicas de corte social, económica, laboral, programas policial pero administrativas, de alumbrados en la calles, de un buen sistema de salud pública, de un buen suministro de agua, arreglos de las calles, buena arquitectura en el diseños de los edificios, barrios y calles, programa eficaz de alimentación, buen sistema de educación, sistema eficaz de gestión municipal de los alcaldes etc.

Los actores del sistema penal, llámese jueces, abogados, policía judicial y fiscales están para cuando se produzca el delito. Su empleo radica en esperar que se genere un hecho penal y es ahí donde entran en función. Si tal vez se le quiere adjudicar que son partes de la prevención lo será por sus resultados, pero tal posición es contradictoria y no es absoluta, ya que en caso de que una actividad penal contra un imputado resulte absolutoria no se le puede endilgar que tuvo algún efecto preventivo.

La política de evitar el delito no es un asunto del Ministerio Publico. Eso es un tema que le corresponde al Poder Ejecutivo con otras instituciones. No se le puede pedir a un juez, fiscal, policía o a los abogados que metan sus narices en estos asuntos.

Su función es muy bien clara y definida, tanto la constitución como la ley a si lo establecen: jueces, juzgan; fiscales persiguen y sostienen el caso penal ante los tribunales, policía judicial auxilia en la investigación del delito, y los abogados asumen un papel de representantes de la víctima o el imputado. Esos son sus roles y nada más.

Y la función del Ministerio Publico lo dice muy bien claro y preciso la constitución en su artículo 169:

Artículo 169.- Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Párrafo I.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Como ven no está la función de prevenir el crimen.