La certificación oficial de un fracaso latinoamericano

Por Carlos Luis Baron viernes 30 de marzo, 2012

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Latinoamérica está más preocupada por la criminalidad que por el desempleo. La noticia o el dato tan relevante lo proporciona el Subsecretario General de la ONU y director del PNUD (Programa de la ONU para el Desarrollo) para América Latina y el Caribe, el chileno Heraldo Muñoz.

Dicho altísimo funcionario de la ONU, en ocasión de reunirse con el Presidente de Bolivia, Evo Morales, concedió una entrevista a la agencia de prensa internacional EFE, la cual difundió el contenido de dicha entrevista a través de un cable fechado 27 de Marzo del 2012 desde la capital boliviana, La Paz, bajo el titular “Latinoamérica más preocupada por criminalidad que por desempleo”. El Nuevo Diario Digital de la República Dominicana reproduce dichas declaraciones.

Eso lo expresó dicho alto funcionario de la ONU diciendo: “Los ciudadanos de América Latina colocan a la seguridad como la prioridad principal en estos años en que hay todavía crisis económica. La primera prioridad ya no es el empleo, no es la crisis económica, sino que es la seguridad ciudadana”.

En dicha entrevista dicho alto funcionario de la ONU no sólo dijo eso, sino que igualmente destacó “la importancia de que los gobiernos pongan el acento en los efectos que tienen el crimen y la violencia en el desarrollo de sus sociedades.”

De manera que tenemos: “Los ciudadanos de América Latina colocan a la seguridad como la prioridad principal en estos años en que hay todavía crisis económica. La primera prioridad ya no es el empleo, no es la crisis económica, sino que es la seguridad ciudadana”.

Y yo me pregunto: ¿Y quién no sabía eso?

¿Y ahora es que vienen a reconocer eso?

Eso era un secreto a voces desde hace años.

Lo que se ha hecho con esas declaraciones es oficializar lo que ya de antemano se sabía en toda Latinoamérica sin excepción alguna.

Esas declaraciones han sido como el Acta de Bautismo que acredita o da fe de que el bautismo se produjo.

Ya el dato es oficial.

¿Qué tenemos los países latinoamericanos en común?

Los países latinoamericanos no sólo tenemos en común el idioma castellano (o español como le llaman otros).

Los países latinoamericanos también tenemos en común la inseguridad pública.

Esa inseguridad pública tiene en cada uno de nuestros países exactamente la misma causa: el Código Procesal Penal.

Tener los países latinoamericanos en común la inseguridad pública no es un azar, es el producto de tener en vigor el mismo Código Procesal Penal.

Antes del Código Procesal Penal ser puesto en vigor en cada uno de los países latinoamericanos, en estos no existía el altísimo nivel delincuencial que existe a partir de dicha entrada en vigor.

Antes del Código Procesal Penal en Latinoamérica había poca delincuencia; después del Código Procesal Penal en Latinoamérica hay un crecimiento galáctico de la delincuencia.

En cada uno de los respectivos países latinoamericanos ese dato sobre la inseguridad pública viene siendo el pan nuestro de cada día desde que respectivamente en ellos se puso en vigor ese código.

Los únicos (no que no lo sabían, porque en realidad lo sabían y la población se lo ha estrujado en la cara), que pretenden autoengañarse no reconociendo esa realidad es el conjunto de atolondrados “defensores” del Código Procesal Penal, vale decir, los que pasaron a engrosar la secta jurídica cepepeísta destructiva de las sociedades de los países latinoamericanos.

Jefes de Estado y legisladores de los países latinoamericanos se dejaron engañar por embaucadores profesionales como los Alberto Binder y compartes sobre las supuestas bondades de un Código Procesal Penal que sólo funciona en la mente de dichos embaucadores profesionales.

Esas declaraciones de dicho alto funcionario de la ONU es la confirmación más contundente y rotunda del fracaso de la copia y puesta en vigor del Código Procesal Tipo para Iberoamérica por parte de cada uno de los países latinoamericanos.

Las mismas supuestas “potencias jurídicas” del Código Procesal Penal, Argentina y Costa Rica, tienen sociedades que hace mucho tiempo están claras en el sentido de saber a ciencia cierta que después de en ellas copiarse el CPP Tipo para Iberoamérica fue que en ellas comenzó esa inseguridad pública tan terrible que desde entonces vienen padeciendo.

México fue el ultimo país en copiar esa chapuza jurídica llamada Código Procesal Penal. La delincuencia común en Ciudad México, Distrito Federal, siempre fue proverbial hasta antes del CPP anclar sus naves en el país azteca, pero después de esa ancladura producirse la delincuencia común se disparó multiplicándose en una forma casi increible, en proporciones galácticas es el término preciso, y por ser México el país latinoamericano más próximo a los Estados Unidos, ambas cosas unidas (CPP más estatus geográfico fronterizo con EE.UU.), el narcotráfico ha mostrado en el país azteca una pujanza tremenda.

Es claro que el CPP marca un antes y un después: un antes humanamente menos trágico en términos del nivel de delincuencia; y un después absolutamente abominable en términos de crecimiento de la delincuencia y de sus consecuencias tan tremendas y tan repudiables.

Como en nuestro hemisferio este tipo de información o dato oficial es muy tenido en cuenta ha sido muy importante que el mismo fuera parido o exteriorizado por éste alto funcionario de la ONU.

Esta oficialización de la profunda y gravísima tragedia latinoamericana debe servir para que las cámaras legislativas de nuestros respectivos países recapaciten y empiecen a hacer los correctivos de lugar para desmontar dicho engendro jurídico después de todo el daño que dicho Código Procesal Penal causó y sigue causando y seguirá causando en las sociedades latinoamericanas mientras en ellas esté vigente dicho monstruo jurídico al servicio de los peores intereses, al servicio de los delincuentes, y no al servicio de las sociedades latinoamericanas que incurrieron en el gravísimo error de copiarlo y ponerlo en vigor llevados de una moda sin fundamento racional alguno.

De manera, pues, que ahora lo que falta es oficializar la iniciativa para desmantelar un sistema jurídico o sistema procesal penal totalmente infuncional, un sistema jurídico o sistema procesal penal que deja en la total indefensión a las sociedades latinoamericanas y a las víctimas de los autores de los actos de delicuencia.

Ya es tiempo de que, como ocurre en la República Dominicana, se deje de estar andando por las ramitas (favoreciendo la adquisición de camaritas y otras mediditas, etc.) en vez de ir al tronco derogando y substituyendo el inservible Código Procesal Penal para poder combatir efectivamente la delincuencia que nos ha dejado una secuela tan sanguinolenta y tan despojadora.

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

Nunca es tarde para reconocer el error que se comete aunque ello ocurra después de la secuela tan gruesa, tan grosísima, de muertos, lesionados, heridos, golpeados y expoliados gracias a la vigencia de dicho código.

Más vale tarde que nunca.

No nos llamemos a engaños ni nos dejemos confundir por cantos de sirenas ya muy conocidos y por sirenas (en realidad “sirenos”), ya muy conocidas (conocidos) por ser unas (unos) del patio vernáculo dominicano y otras (otros) del patio latinoamericano.