La Competencia del Tribunal Superior Electoral es Constitucional no Legal

Por Carlos Luis Baron martes 12 de junio, 2012

Se ha cuestionado la competencia del Tribunal Superior Electoral respeto a que el mismo no tiene facultad legal para conocer los asuntos disciplinarios de los partidos o agrupaciones políticas. Quienes invocan esta tesis la fundamentan en la ley que rige dicho tribunal (Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, No. 29-11). Este texto legal dispone en el único párrafo del artículo 13 que el Tribunal Superior Electoral no puede conocer los conflictos internos de los partidos cuando se refieran a sanciones disciplinarias.

Sin embargo, los autores de la tesis de que el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para conocer de estos asuntos desconocen que la competencia de este tribunal no viene dada por la ley, sino que su competencia está definida por la Constitución de la Republica. Es la Constitución que de manera precisa y clara establece cual es el alcance competitivo de este órgano constitucional. Es por ello, que dicho texto constitucional dispone en su artículo 214 lo siguiente:

“el Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos…”

Como se puede observar fue el constituyente que le correspondió reglamentar y definir cuál es la competencia del esta alta corte no fue al legislador. Esta de más decir, que el legislador no puede establecer una competencia que sea contraria a la Constitución. En todo caso si hay contradicción entre la competencia que dice la ley y la competencia que ordena la Constitución deberá prevalecer la del constituyente no la del legislador.

La Constitución establece dos grandes temas de competencias para el Tribunal Superior Electoral que son: la de asuntos contenciosos electorales, y estatuir sobre los diferendos que surjan a los internos de los partidos políticos.

El primero se refiere a las elecciones presidenciales, vicepresidenciales, elecciones de los legisladores, alcaldes y sus regidores. En fin a todo lo que envuelva y que genere una reclamación en medio de un proceso electoral.

En cuanto al segundo implica a aquellas diferencias que surjan a lo interno de las agrupaciones políticas y que una de las partes que cree que se le ha violentados ciertos derechos estatutarios, constitucionales y legales. Y que en consecuencia la parte que se siente agraviada en sus derechos lleve al órgano encargado de dirimir cualquier diferendo.

Cuando el legislador dispone que haya ciertas áreas que el Tribunal Superior Electoral no puede conocer, estaría desconociendo lo que ya el constituyente dijo y estableció. La limitación de competencia del Tribunal Superior Electoral no viene dada por ley No. 29-1 sino por la Constitución en su artículo 214.

Por otro lado las leyes no se pueden leerlas o interpretarla literalmente. Siempre hay que tomar en cuenta cual es espíritu de la ley o que quiso decir el legislador.

El contexto integral de la ley No. 29-11es crear un marco procedimental de cómo deben manejarse las cuestiones electorales. Es por ello, que evidentemente cualquier asunto -no importa si es disciplinario o no- que genere una controversia lo más lógico es que haya un órgano o espacio estatal en donde se pueda dirimir cualquier diferencia y en donde se pueda establecer quien tiene el derecho o la razón. Ese es el espíritu y la intención del legislador al crear la ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral.

El legislador no debió haber dicho que los asuntos de carácter disciplinario dentro de los partidos o agrupaciones no es competencia del Tribunal Superior Electoral toda vez que el constituyente dijo cual es su ámbito de competencia y donde el constituyente no dijo, el legislador menos puede decir.