La inadmisible dictadura Constitucional

Por Danilo Correa lunes 26 de marzo, 2012

Causa asombro observar como en la presente contienda electoral, ante el empuje de las candidaturas de Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández que los sitúa como los ganadores indiscutibles de las elecciones del próximo 20 de mayo, se han unido en santa cruzada las principales figuras del PPH, su candidato presidencial Hipólito Mejía, falsos demócratas, sabios politólogos, ultraderechistas delirantes, sindicalistas empresarios del transporte y preclaros comunicadores, para alertar a la población votante sobre el “peligro” que constituye que el PLD y sus aliados ganen las elecciones, pues ese hecho profundizaría la “dictadura institucional” que tienen instalada en el país.

El argumento de la dictadura constitucional no es nuevo, ha venido siendo levantado con insistencia por las fuerzas conservadoras en América Latina cada vez que las mayorías premian la gestión de los gobiernos progresistas a su favor reeligiéndolos en el gobierno, como elemento justificador de sus continuas derrotas electorales y para tratar de desestabilizarlos. Han sido acusados de establecer dictaduras institucionales Hugo Chávez en Venezuela, Cristina Fernández Kirchner en Argentina, Luis Ignacio da Siva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua.

El fundamento sustentador de la dictadura institucional ha sido la concentración de poderes por parte del partido o coalición gobernante, cosa que tampoco resulta novedosa en la República Dominicana, recuérdese que Hipólito Mejía concentró todos los poderes durante su gestión gubernamental 2000 – 2004; al asumir la Presidencia encontró 25 Senadores de su partido de 29 que componían el Senado y la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, aumentando en el 2002 a 29 Senadores de 32 que era la matrícula senatorial y continuando con la mayoría absoluta de los Diputados, con esa mayoría Hipólito y el PRD seleccionaron los Jueces de la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura controlando así el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial sin que a nadie se le ocurriera decir que habían instalado una dictadura institucional.

Es improcedente catalogar de dictadura la capacidad de gobernar que le otorgan los ciudadanos libremente a un partido o coalición de partidos, con el aval de sus votos y apoyo, nuestra Constitución consagra que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes. Si el pueblo soberanamente le asigna el poder ejecutivo y el poder legislativo a un partido o coalición de partidos, es un deber de estos ejercerlos sin que ello signifique vulnerar la institucionalidad democrática ni en República Dominicana, ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en ninguna parte del mundo, conforme a las reglas de la democracia.

Lo opuesto a la dictadura es la participación democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones, por eso resulta cuesta arriba acusar al PLD y aliados, así como al Presidente Leonel Fernández de dictadores institucionales, cuando su práctica y ejercicio de poder demuestran todo lo contrario. Nunca antes había logrado la nación disfrutar de tantas garantías y derechos consignadas en nuestra Carta Magna en un marco jurídico institucional democrático y plural, ni el pueblo tener participación en la toma de decisiones importantes y ser escuchado por nuestro mandatario; baste recordar la importante participación de la ciudadanía en todo el país en el debate y aprobación de la reforma constitucional; el amplio ejercicio participativo y democrático que constituyó el diálogo nacional, así como los constantes encuentros del Presidente con los moradores de ciudades y campos escuchando y atendiendo sus necesidades y reclamos.

Está condenado al fracaso el infeliz e inadmisible argumento de la “dictadura institucional”, con el no podrán meterle miedo a la población votante, ni hacer variar la sabia decisión de la inmensa mayoría de los dominicanos de elegir Presidente y Vicepresidenta de la República, en la primera vuelta, el venidero 20 de mayo, a Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández, para profundizar la democracia participativa en el país, engrandecer la patria haciéndola productiva y desarrollada, establecer una sociedad de progreso y oportunidades con justicia y equidad social, donde las amplias mayorías tengan derecho al disfrute de las riquezas que producimos y al goce del bienestar.

El autor es dirigente del PTD.