La Infamia y la Trampa

Por Carlos Luis Baron viernes 17 de febrero, 2012

La semana pasada alerté sobre la celada que le había sido puesta al Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con el caso de Guillermito Gómez, y la denuncia falaz y calumniadora del señor Marcos Martínez viene a confirmar la percepción que externé desde tierras lejanas a la Patria. Juan Bosch me enseñó el sentido de la frase de José Martí sobre lo que se ve y lo que no se ve, y que indica que lo más importante es lo que no se ve en los hechos sociales y políticos, el trasfondo, lo oculto, lo que se mueve por lo bajo, para que los seres humanos seamos precavidos.

El aparataje ¾así debo llamarlo¾ en la pesquisa a Gómez creó las expectativas de opinión pública favorables para que apareciera luego una mentira que para borrarse requerirá de muchos y muchos esfuerzos. ´´Calumnia, calumnia, que algo queda´´, se le atribuye a uno de los padres de la Ilustración, Voltaire.

Reitero que la historia del espionaje telefónico en las campañas electorales sucias se inició en el año 1982 ¾cuando se enfrentaron tres figuras y tres partidos: Joaquín Balaguer, por el Partido Reformista Social Cristiano, Salvador Jorge Blanco por el Partido Revolucionario Dominicano, y Juan Bosch, por el Partido de la Liberación Dominicana¾, hace ya 30 años.

Recordamos que las suciezas relacionadas con el espionaje telefónico en las campañas electorales tuvieron como primera víctima al candidato del Partido de la Liberación Dominicana: Juan Bosch, con quien trabajé en las campañas de 1982, 1986 y 1990.

El Partido de la Liberación Dominicana denunció en 1982 el espionaje telefónico a que fue sometido su líder por encargo de la Avanzada Electoral que apoyaba al candidato del PRD Salvador Jorge Blanco. El jefe de la Policía, general Paulino Reyes de León, hizo preso entonces para investigar al señor Frank Cabral, tal como lo reseñan los medios de prensa de la época, pero el caso nunca fue llevado a los tribunales.

El señor Cabral en 1974 había sido detenido y presentado ante la prensa acusado de acciones similares durante el gobierno del Presidente Joaquín Balaguer. Esa vez Cabral fue deportado a España.

Tenemos ahora el caso más reciente, que es fruto de las luchas políticas electorales, y sostengo que el Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se ha dejado meter en una trampa, con el anzuelo que se le ha presentado con Guillermo Gómez y uno de sus hijos como los responsables de la campaña de ataques a la Primera Dama y al Presidente de la República.

Detrás de todo se encuentran manos diestras: Téngase en cuenta primero que trabajaba en el INDOTEL durante el gobierno presidido por Hipólito Mejía la señora Margarita Cordero, quien según la edición digital (no he visto en Roma la impresa) del periódico HOY del sábado 11 de febrero 2012 fue la persona que hizo público los supuestos emails y conversaciones privadas que han sido la piedra original de escándalo.

Segundo, los vínculos de esa señora con una figura relacionada con las decisiones que se tomaron en el Banco Central para cerrar al Baninter y a Bancrédito como parte de la crisis en las que tanto los banqueros privados como el Gobierno de Mejía y sus funcionarios tienen grandes responsabilidades. Ese señor es ahora incluso su compañero de trabajo en un medio de Internet.

Son todos esos señores los que mueven los hilos de todas estas campañas de rumores y difamaciones que han tendido la trampa al PLD y su Gobierno, y ante la cual ambos tendrán que buscar la manera de salir de este gancho que le han metido para propiciar un escándalo nacional e internacional.

No estamos frente a un problema de simple orden público.

Este es un problema político que debe tratarse con criterios políticos, por gente con madurez y experiencia, como fue un problema político para el PLD el espionaje telefónico de 1982 del que fue víctima el profesor Juan Bosch.

Finalizo advirtiendo que esta guerra psicológica apenas comienza, y que detrás de los que aparecen como genios guerreros atacantes están mentes y manos ambiciosas que buscan apoderarse del poder político, económico, social y militar y policial de la República Dominicana.