La responsabilidad penal de las sociedades comerciales

Por Carlos Luis Baron jueves 23 de febrero, 2012

Desde el año 2008 con la promulgación de la Ley General de Sociedades y Empesas No. 479-08, que a su vez, fue modificada en el año 2011 por la actual Ley No. 31-11, nuestra legislación societaria pasó por transformaciones muy profundas. En primer orden, surgieron nuevos tipos societarios, se amplió la responsabilidad de los comisarios de cuentas, administradores y representantes de las sociedades, se incorporó el voto electrónico, se admitió una serie de deberes fiduciarios para los administradores, se introdujo la figura del administrador de hecho, entre otros aspectos. El legislador en sentido, buscó modernizar y adecuar la práctica societaria a los nuevos tiempos.

En segundo orden, introdujo uno de los temás más apasionantes y destacados en nuestra actual legislación societaria, la responsabilidad penal de las sociedades comerciales. En tal virtud, el artículo 513 establece que: “al margen de la responsabilidad penal que pueda retenéseles a las personas físicas que incurran de modo personal en las comisiones u omisiones incriminadas en el presente título, las personas jurídicas o morales podrán ser declaradas penalmente responsables de las infracciones definidas en el mismo…”

En orden a lo señalado, queremos dejar sentado que actualmente nuestro Derecho Penal, no considera a las personas morales como sujetos activos de delitos, en virtud del principio “societas delinquere non potest”. Por lo tanto la sanción penal es personal.

En estos mismos términos, la tradición dogmática se sustenta en el principio de la Personalidad de las Penas, mediante la cual, sólo las personas naturales o físicas, son las únicas capaces de acción y de ser objeto de reproche penal. De lo contrario, esto estaría en contradicción al principio de la culpabilidad.

En ese sentido, la doctrina moderna, en su intento de que el principio de culpabilidad no sea una traba para lograr el imputación a la persona jurídica, han desarrollado algunas teorias:

· Una de ellas establece que la culpabilidad no es rasgo intrínseco a la persona natural y que la imputabilidad, bien puede ser transferida a la empresa, que es por disposición legal, una persona jurídica. Esta tesis que ha sido llamada Vicarial, es el modelo clásico en el Reino Unido, también se encuentra en el artículo 31 del Código Penal Español y en el Código Penal Francés.

· Otra de las teorías más socorridas, es la que busca imputar la culpabilidad, directamente a la empresa. El Código Penal Austriaco y Suizo adoptan este modelo. Es la llamada Teoría de la Identificación, que exige para la imputación que el comportamiento haya sido cometido por un superior, y no por cualquier agente de la entidad.

Lo que si estaba claro para la doctrina de los diferentes paises, es que era necesario crear una normativa de manera distinta y especial, que permita sancionar a la persona jurídica y a sus administradores. Sin que esta posibilidad chocara con la doctrina tradicional o con los principios constitucionales.

Aquí es donde se llegó al campo del Derecho Penal Administrativo que abarca también disposiciones sancionatorias y de aplicación de penas pecuniarias que, pueden aplicarse tanto a la persona jurídica como a las personas naturales que hayan cometido un delito.

La apertura del Derecho Penal Administrativo, como una solución al problema de la imputación a las personas jurídicas, se debe principalmente por que:

1. Las sanciones administrativas no incumplen con los principios de la personalidad y culpabilidad contemplados en el derecho como requisitos necesarios de imputación.

2. Desde el punto de vista administrativo, las personas jurídicas tienen capacidad de acción, pueden infringir y si infringen pueden ser sancionadas. Por tanto, encontraron en esta tesis un punto armonioso entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal.

3. Son por estas razones, que el Derecho Administrativo Sancionador, atribuye capacidad de infracción a las personas jurídicas y al preveer sanciones para ellas, obliga ampliar el concepto de infracción administrativa más allá de los límites del comportamiento humano y a entender el concepto de sanción por dicha infracción de un modo también distinto al de imponer sufrimiento al autor de la misma.

Un ejemplo alentador lo encontramos en la legislación alemana que en materia tributaria lo contempla. Así se encuentra consagrado en el parágrafo 393 de la Ordenanza Tributaria del Reich del 13 de diciembre del 1919, donde se conoce la posibilidad de imponer penas pecuniarias a personas jurídicas, sin que sean necesario demostrar la cula de un persona física.

En este mismo sentido, es interesante destacar la experiencia española que por vía jurisprudencial empezó acoger una visión distinta respecto a la culpabilidad de las personas jurídicas.

El Tribunal Supremo Español expresa:

“…Todo ello, sin embargo, no impide que nuestro Derecho Administrativo admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconciéndoles, pues, capacidad infractora. Esto no significa, en absoluto, que para el caso de las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas se haya suprimido el elemento subjetivo de la culpa, sino simplemente que ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como se hace a las personas jurídicas. (…) Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las que están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz” (STC 246/1991).

Otra experiencia importante, nos lo aporta el Derecho Penal Holandés, en su artículo 51, el cual fue modificado en el 1976. En el mismo, se encuentra en vigor la teoría de la responsabilidad penal funcional, de origen jurisprudencial: “se atribuye la acción delictiva de una persona física a una persona jurídica cuando la conducta real de la primera corresponde a la ejecución de una función determinada por la segunda en la empresa”. No se trata de una cualidad directa de la persona jurídica, sino que, es preciso, constatar responsabilidades individuales en las personas físicas, para en seguida atribuirlas a la persona jurídica.

Como podemos constatar, han sido varias, las soluciones modernas que ha procurado encontrar una solución es este tema. Una parte de la doctrina se ha mantenido dentro de los cánones del derecho tradicional; otros han procurrado romper con la clásica teoría del delito, y finalmente, nace una suerte de subsistema que actúa paralelo con categorías equiparables al primero pero con contenidos adecuados a la persona ideal.

Otro punto importante dentro de este análisis, es la aceptación de la conocida institución del “actuar por otro”. El actuar por otro surge en aquellos casos en que las especiales cualidades del autor concurren en la personalidad jurídica y no en sus órganos de representación, que definitiva, serán los que realizan el sustrato natural de la infracción. Principio totalmente excluido en nuestro derecho penal en razón de la regla de que “la personalidad penal sólo pude ser de un hecho personal”.

En tales situaciones, mediante la utilización de este instrumento (actuar por el hecho de otro) se opera una extensión de la autoría cuyo fundamento ha de encontrarse en el principio de equivalencia, ya que quien en estos casos actúa en nombre de otro, pese a no reunir las características de sujeto calificado, realiza una conducta equivalente.

Con esta disposición legal de actuación en lugar de otro, se busca así superar el principio clásico “societas delinquere non potest”, cuya aceptación o rechazo a estado siempre condicionada por procesos históricos complejos.

Pues bien, en lo sistemas como el nuestro, se acoge a un modelo paralelo de imputación de las sanciones, por un lado, de connotación jurídico-penal, que se aplica a las personas físicas, y por otra parte, jurídico-administrativo, para las personas jurídicas.

El legislador aplica un modelo paralelo al Derecho Penal individual en el que afianzando una “culpabilidad de las agrupaciones” entiende que logra atenuar el problema de la criminalidad económica organizada, o los llamados delitos económicos.

Nuestra Ley de Sociedades al adoptar un sistema combinatorio, respeta los principios consitucionales y al mismo tiempo abre un camino necesario de imputación corporativa. Por que querámoslo o no, con esta propuesta o con otra, ahora o más adelante, atribuir responsabilidad penal a las sociedades comerciales y crear un régimen sancionatorio especial ajustado a la realidad corportativa es un hecho irrefutable.

ANALISIS DE LAS SANCIONES CONTEPLADAS EN EL ARTICULO 513 DE LA LS.

Según nuestra consideración podemos destacar que las principales caracteristicas del artículo 513 LS son:

1.- La naturaleza jurídica de las sanciones consagradas en la actual ley de sociedad, a nuestro entender, es de naturaleza especial, al establecer consecuencias sancionatorias de carácter administrativo para las corporaciones.

2.- El régimen propuesto por el legislador es de carácter combinatorio: es administrativo, en el caso de las personas jurídicas y de suerte penal para las personas físicas.

3.- La aplicabilidad de la sanción a la corporación está condicionada a un presupuesto sustancial; la existencia de un delito cometido por una persona física que haya actuado en nombre, en representación, en interés o en beneficio de la sociedad. Pues de lo contrario, sería únicamente la persona física quien sería sancionada por sus actuaciones personales.

4.- Se destaca, la existencia de una estrecha relación entre ambas culpabilidades, de hecho, la culpabilidad de la empresa no puede determinarse sin conocer determinadas características del comportamiento individual. La culpabilidad de la persona jurídica y de la persona física son dos magnitudes independientes, pero, a su vez, estrechamente relacionados. Es decir, será necesario para constatar la responsabilidad colectiva deteminar los detalles de la responsabilidad individual.

5.- El grupo de sanciones planteadas por la LS, entran dentro de la clasificación de las sanciones interdictivas, que se definen como privación de un derecho o la imposición de una obligación. Se imponen normalmente aquellas personas jurídicas que ponen en peligro bienes jurídicos. Entre las que se destacan: a) la clausura temporal por un período no mayor de tres (3) años de uno o varios del o de los establecimiento(s) comercial(es) operado(s) por sociedad…o su disolucición legal; b) la revocación temporal por un período no mayor de cinco (5) años o definitiva de alguna habilitación legal que le concediera terminada autoridad pública para la prestación de la actividad comercial, sin considerar la naturaleza del título habilitante, ya sea mediante concesión, licencia, permiso, autorización o cualquier otro; c) la inhabilitación temporal por un período no mayor de cinco (5) años o definitiva de hacer llamado público al ahorro, en los sectores financieros, busátiles o comerciales, a los fines de colocar títulos valores.

6.- Las sanciones contenidas en la LS son también de naturaleza no punitiva, sino puramente preventiva.

7.- Permite el cúmulo de responsabilidades, es decir, tanto la persona jurídica como física podrán ser sancionadas conjuntamente. Le corresponderá al juez apoderado determinar cual será la sanción que le corresponderá a cada una de las partes, conforme a su naturaleza.

CONDICIONES PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD PENAL A LAS SOCIEDADES COMERCIALES.

Para que una sociedad comercial pueda ser responsable penalmente por las infracciones que cometa en violación a la ley, cabe mencionar, que además de que un texto legal lo ordene expresamente, también es importante analizar bajo cuales condiciones es posible su imputación.

Las condiciones están dadas según la experiencia francesa, madre de nuestra legislación, quienes advirtieron la necesidad de una serie de pautas especiales, entre las que se encuentran:

· Que la empresa posea personalidad jurídica.

· Que el hecho punible debe ser cometido por el órgano de gestión o por el representante de la sociedad, desde donde emana la voluntad real de la persona jurídica.

· Que los representantes legales hayan cometido la infracción, actuando en calidad de tales y dentro de sus funciones.

· El delito debe ser perpetrado en beneficio de la entidad.

OBSERVACIONES:

El gran paso dado por nuestros legisladores, en nuestro derecho societario, es verdaderamente loable, al atribuir responsabilidad penal a las sociedades comerciales por sus actuaciones delictivas.

Ahora bien, debemos destacar, a nuestro entender y con todo el repecto, lo siguiente:

1.- Consideramos que las sanciones propuestas, desde un aspecto, han sido tímidas. El legislador pudo haber incluido una amplia gama de sanciones disponibles para penalizar a las sociedades comerciales. Esto hubiera aportado mayores opciones al juez al momento de aplicar la pena. Entre las sanciones no contempladas, se encuentran: la multa, la supervisión, el comiso, la publicación de la sentencia condenatoria, entre muchas otras ya implementadas en otras legislaciones.

2.- Nuestro legislador pudo haber establecido parámentros de imputación a una persona jurídica, tomando en consideración:

a) La gravedad del delito.

b) El grado de participación en los infracciones que cometieren las personas jurídicas a través de sus directivos.

c) El historial delictivo de la persona moral.

d) Los beneficios obtenidos o perseguidos con la infracción, su tamaño y naturaleza.

e) El peligro derivado de su actividad.

Lic. Susan Espaillat, Abogada, egresada de la PUCMM. Con un Maestrìa en Derecho Empresarial y Legislaciòn Econòmica y un Post Grado en Procedimiento Civil. Autora de la primera y segunda edición de los libros La Responsabilidad Penal de las Sociedades Comerciales y Sabiduria Financiera. Actualmente es docente en la PUCMM en la materia de Derecho Comercial.