Las instituciones dominicanas en un “Hoyo Moral”

Por Carlos Luis Baron lunes 10 de diciembre, 2012

Las principales instituciones que soportan la débil democracia dominicana muestran un terrible deterioro. Tres ejemplos ilustran esta afirmación: primero las aprobaciones al vapor de dos leyes claves que afectan a la gran mayoría de dominicanos por parte del Congreso Dominicano, luego la respuesta de rechazo hecha por la Procuraduría General de la Republica ante la denuncia-querella presentada por el Doctor Guillermo Moreno contra tres exfuncionarios del gobierno anterior, incluyendo al expresidente y por ultimo la actitud de auto-inhabilitación que intenta ejercitar la Suprema Corte de Justicia ante la desestimación hecha por el mismo Procurador, quien se niega a conocer y proceder en torno a la misma querella.

El Congreso Dominicano ha aprobado en tiempos récord y en primeras lecturas dos proyectos convertidos hoy en leyes que lesionan a los/las ciudadanos/as dominicanos/as. La primera fue el llamado “paquetazo fiscal”, el cual cuenta con un rechazo del casi total de la nación dominicana. Sectores sociales muy perjudicados (los trabajadores y desempleados, los llamados “chiriperos”, y los desempleados), amplios sectores profesionales y hasta diversos componentes de clases medias y poderosas, se opusieron por diferentes medios a dichas propuestas fiscales. Pero nadie fue escuchado.

Las consultas que hizo el gobierno solo fueron una pantalla pues nunca tuvo intención de dialogar con el pueblo y sus organismos e instituciones representativas. A pesar de la oposición y la resistencia a las propuestas fiscales, estas nunca fueron consideradas ni mucho menos atendidas. Vergonzosamente y de manera dantesca, en un acto propio de un circo de una dictadura o gobierno sin vergüenza, ambas cámaras aprobaron en primera lectura y de manera súper rápida el “paquetazo fiscal”.

El otro ejemplo de cómo el congreso dominicano es una institución que traiciona su naturaleza de representante legítima del pueblo es la aprobación al vapor del nuevo presupuesto del año 2013. Aunque se celebra por fin el cumplimiento de leyes aprobadas mucho tiempo atrás, como la del porcentaje que le corresponde al presupuesto de educación, muchos de los componentes del nuevo presupuesto no responden a las necesidades actuales del pueblo dominicano. Más bien representan los intereses del partido y las clases en el poder.

Por otra parte, el Procurador General de la República, Dr. Francisco Domínguez Brito, ha rechazado de plano la denuncia-querella presentada por el Doctor Guillermo Moreno y otros abogados contra el expresidente Leonel Fernández, el senador Félix Bautista y el ex ministro de Obras Públicas Ing. Víctor Díaz Rúa por alegadas violaciones a las leyes dominicanas, específicamente a la ley de presupuesto y gastos públicos.

Sin siquiera considerar, mucho menos estudiar o investigar tal querella, este funcionario, considerado en su juventud como una persona de alta seriedad y responsabilidad, la rechazó de plano, al tiempo que anunciaba que era “amigo de Leonel”. En un país donde se respeten las instituciones y que sea realmente democrática, esta actitud es inconcebible. Lo menos que se le exigiera a un funcionario que pronuncie tales declaraciones sería renunciar de manera inmediata, inhabilitarlo y no dejarlo ocupar nunca más un puesto público.

Igualmente ocurre con la Suprema Corte de Justicia, específicamente con su presidente el Doctor Mariano Germán, quien está buscando excusas para no asumir la responsabilidad de la Corte Suprema para conocer y decidir sobre el acto de desestimación y archivo que hizo el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ante la solicitud del Doctor Guillermo Moreno para que investigue a Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa por supuestos actos de corrupción. Sería una sorpresa que dejaría pasmado a más de uno si el Doctor Germán y la Suprema Corte acogen la solicitud hecha por el Doctor Moreno.

Podríamos citar decenas de ejemplos de cómo las diferentes instituciones dominicanas, publicas y privadas, usan practicas que no solo son ilegales, sino inmorales. La población dominicana lo vive a diario. No solo el “macuteo” es común, sino que las corporaciones políticas dominicanas están protegidas por las instituciones que están llamadas a ser defensoras de los intereses nacionales, no de grupos de empresarios políticos.

Esa es la razón principal que motiva a decenas de miles de personas a manifestarse en todo el país contra la corrupción y la impunidad. Esta lucha no debe parar hasta que sean llevados a la justicia y la cárcel los responsables de los robos que han arruinado nuestra economía y mantienen en la pobreza a millones de dominicanos. Los mismos que han ocasionado el déficit fiscal y endeudado hasta el cuello hasta nuestros bisnietos.

Deseo que la lucha del pueblo no pare hasta que erradiquemos del poder a las corporaciones políticas corruptas que han dominado nuestro país por los últimos 46 años y que pretenden perpetuarse indefinidamente en el poder. Estos corruptos no deben repetir en el 2016. A menos que seamos masoquistas.