Ley de partidos versus clientelismo

Por Carlos Luis Baron martes 12 de junio, 2012

El clientelismo tiene secuestrado a los partidos políticos. Hay más de una forma de expresión de esta realidad; la primera y más importante se refleja en el modo en que, la cúpula de las principales organizaciones política en nuestro país, hacen acuerdos y toman decisiones a espalda y sin tomar en cuenta la opinión ni el sentir de sus respectivas bases o mayorías. Esta ley también deberá crear mecanismos de equidad, a través del tribunal electoral, para que los partidos minoritarios puedan competir en igualdad de condiciones en los próximos certámenes electorales.

Existen debilidades institucionales en nuestras organizaciones políticas que impiden, por ejemplo, que circulen libremente informaciones en los organismos de decisión partidaria y que las mismas sean tomadas en cuenta por la cúpula de la estructura política; contrario a esto pautan en muchas ocasiones, inconsultamente, los lineamientos a seguir por la mayoría de su militancia, sin oportunidad de disentir en la mayor de las veces.

El disentir está relegado y el disidente puede inclusive ser sujeto de expulsión. En el caso de que la organización se encuentre gobernando y el disidente ostente un puesto en el tren gubernamental, la consecuencia puede ser también la pérdida del empleo. Esto sucede a pesar de ser la disidencia la base de la democracia en partidos políticos que se atribuyen dicha cualidad.

La relación entre representantes y representados se puede decir que nunca ha existido en nuestro país, debido a la forma como nos representan y del proceder de la mayoría de los políticos cuando les toca desempeñar cargos públicos. Es esta realidad la principal retranca para el avance de la democracia y de los Derechos Sociales y Económicos en el país.

La ley de partidos podría contribuir, entre otras cosas, como instrumento legal, a fortalecer la democracia, entre los partidos políticos, así como también a evitar las contribuciones ilícitas y el narco financiamiento, de igual manera ayudar a la necesaria transparencia que deben exhibir quienes resulten electo a una posición pública, no obstante este y otros aspectos dependerán del celo y el seguimiento, luego de promulgado este instrumento legal, por parte del árbitro electoral y las instituciones representativas de la sociedad civil.

En tal sentido, la aprobación de esta ley, independientemente de consensuarse entre los partidos políticos debe someterse a vistas públicas, ya que atañe a toda la sociedad. Deberá contribuir a contrarrestar la sombra del clientelismo y el tráfico de influencia, tan de moda en nuestro país. Como consecuencia de su ejercicio y aplicación dará como resultado, la conformación de gobiernos menos comprometidos con intereses particulares y si más con las necesidades sociales de los sectores más excluidos de los beneficios de los fondos públicos.

Para el 2016 es imperante tener en ejercicio la “ley de partidos políticos” que, entre otros aspectos, deberá tomar en cuenta, la equidad en la competencia de los certámenes electorales, sobre todo con los partidos minoritarios y emergentes; igualmente para contribuir con la transparencia considerando que, en los comicios que se realizarán ese año, se elegirán, además del presidente de la República, también las autoridades congresuales y municipales del país.