Los cínicos también demandan mayor seguridad ciudadana

Por Carlos Luis Baron jueves 6 de diciembre, 2012

El apagón violento que sufrió la visión de la Ingeniera Francia Hungría, lamentablemente para todo el resto de su vida, ha producido, colateral y paradójicamente, que algunos sectores hayan adquirido visión y se hayan pronunciado sobre la necesidad largamente postergada de que se enfrente a la delincuencia desenfrenada que azota al país desde que el Código Procesal Penal (CPP) entró en vigor el veintiséis (26) de Septiembre del dos mil cuatro (2004).

Pero lo que yo jamás pensé que iba a ver era un aquelarre de agrupaciones de cínicos como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), y otros grupos en realidad satélites de aquellos dos, etcétera, hablando disque de que éllos “demandan mayor seguridad ciudadana“. Esos grupos (en realidad grupúsculos) se han pasado los ocho (8) años y pico que tiene de vigente el Código Procesal Penal (CPP) vendiendo a este como algo sagrado y “perfecto“ “porque fue Dios que lo dejó caer del Cielo“ y por ese carácter sacro de dicho flamante como inservible código se han opuesto rabiosamente a que el mismo sea siquiera mínimamente tocado.

No sé de donde les sale a éllos “demandar mayor seguridad“ si éllos se la han pasado diciendo que el Código Procesal Penal supuestamente nada tiene que ver con la alarmante inseguridad en que se debate la vida nacional. Nunca pensé ver un ejercicio de cinismo tan acusado como el de estos grupúsculos al servicio del mal.

Los funcionarios y miembros de dichos referidos grupúsculos al apoyar el Código Procesal Penal devinieron así en asesinos indirectos de los bienes jurídicos de los ciudadanos no delincuentes, lo mismo que en asesinos indirectos de la sociedad. La defensa que éllos hicieron y hacen a favor del CPP es, pues, una defensa asesina que hizo de dichos integrantes de dichos grupúsculos asesinos indirectos de bienes jurídicos de todas índoles, puesto que contribuyó a crear y creó más asesinos directos de bienes jurídicos de todas índoles.

Al tratarse de grupúsculos defensores del Código Procesal Penal se convirtieron en defensores de la delincuencia y de la criminalidad que tienen a la sociedad dominicana en ascuas. En realidad dichos grupúsculos no son otra cosa más que cómplices de la delincuencia y, más claro aún, son ejecutores indirectos de ciudadanos no delincuentes y son, simultáneamente, ejecutores indirectos de la sociedad.

La cantidad de los robos y de las violencias conexas a los mismos que se multiplicaron a borbotones tras ponerse en vigor dicho código habla por sí sóla. Antes de dicho código la cantidad de crímenes y delitos era muy, pero muy inferior a la que existe a partir de colocarse en vigor el referido código.

Para dichos grupúsculos cepepeístas sólo el delincuente tiene garantías; la sociedad, por el contrario, no tiene garantías; sólo el delincuente tiene derechos humanos, no así las víctimas y mucho menos la sociedad.

¿De dónde le salió la “consciencia“ a los componentes de estos grupúsculos luengos años pro-delincuentes y anti-sociedad? ¿Tal parece que las toneladas de litros de sangre derramada y las toneladas de bienes robados que ha producido la vigencia del CPP han llevado a un punto de quiebre las costuras internas de las cabezas de éstos sujetos y que la rotura de dichas costuras ha prendido alguna pequeña lucecita de consciencia en éllos? ¿Tendrán estos grupúsculos algún cargo de consciencia por lo que sufrió, por lo que está sufriendo y por lo que seguirá sufriendo para todo el resto de su vida la Ingeniera Hungría? ¿Sería que dichos grupúsculos se enteraron de que todos los implicados en el caso de la enceguecida Ingeniera Hungría son personas con antecedentes a los que la Justicia del Código Procesal Penal los devolvió varias veces para las calles para que siguieran delinquiendo?

A mí no me confunden ninguno de los componentes de estos grupúsculos tristemente célebres, pues yo no creo en ninguno de éllos. ¿Qué buscarán éstos sujetos con esta pose?

El Ingeniero Miguel Vargas Maldonado expresó la necesidad de hacer un Pacto Nacional contra la Delincuencia (paso que debe ser aplaudido por todos debido a la naturaleza del asunto en juego: la seguridad ciudadana), y el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que le sirve de sustento a dicho Gobierno acogieron dicha propuesta, según lo expresó el Presidente del Senado, Lic. Reynaldo Pared Pérez. Veo muy bien ambas posiciones, pero a ambas partes sólo les recuerdo algo: mientras no se derogue y se substituya el Código Procesal Penal (CPP) como medida esencial y primaria dentro de ese Acuerdo Nacional contra la Delincuencia nada se va a poder lograr contra la delincuencia: si ese paso no se da todo quedará en puros amaracos, como dice la expresión popular, y la población seguirá descreída de los políticos en esta materia.

En Venezuela el CPP de ese país fue sometido a una reforma legislativa que abarca el sesenta por ciento de su cuerpo. En Chile el CPP de ese país fue sometido a una reforma legislativa que abarca el cuarenta por ciento de dicho código. En Argentina la población viene demandando desde hace tiempo el cambio del CPP argentino exactamente por la misma razón: por el auge de la delincuencia que generó y genera dicha pieza legal.