Los ejes maestros de la Doctrina del CPP Tipo para Iberoamérica

Por Carlos Luis Baron viernes 14 de diciembre, 2012

El miedo de los delincuentes al castigo penal fue anulado a través de llevar a la práctica el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica con la respectiva copia que del mismo hicieron cada uno de los países de Iberoamérica.

Del conjunto de las dispocisiones contenidas en el Código Procesal Penal de la República Dominicana se aprecia que para los doctrinarios que originaron el CPP Tipo para Iberoamérica el delincuente es enfocado como “una víctima de la sociedad“ y “al ser la sociedad la culpable“ de dicha condición de víctima del delincuente éste realmente no es culpable de lo que hace. Consecuencia necesaria de esa forma de razonar es considerar al Estado como un criatura terrible, un verdadero monstruo: El Leviatán (de que habla Hobbes) construído en la Tierra por los hombres, esta vez para desgraciar a los “infelices“ delincuentes.

Siendo el delincuente “una víctima“, semejante condición de “víctima“ es “injusta“, y, por ello, “se hace injusto punir al delincuente“. Son partidarios de la teoría de que ni la pena ni su endurecimiento son capaces de concitar la atención del delincuente para apartarlo de decidir optar por el camino del crimen y el delito: la prevención general y la prevención particular para éllos son cosas falsas. Dicha punición o castigo al delincuente carece de utilidad y lo mismo cabe decir de crear tipos penales, esto es, de tipificar actos dotándolos de penalidad.

Para los cepepeistas el Derecho Penal Material “es un pecado“ original igual que es “un pecado“ original el hecho de que exista el Estado: se trata de un enfoque descarnadamente ideológico que les lleva a querer desmontar el Derecho Penal Material porque este, según su forma de “razonar“, es opresivo.

Esa visión referida de los cepepeístas conduce obvia y necesariamente a deslegitimar al Derecho Penal Material. Consecuencialmente esa “injusticia“ de punir al delincuente hay que enmendarla por la vía del procesalismo penal y de ahí la necesidad de crear en este la serie de aparatos, mecanismos y dispositivos vaciados en dicho código; de ahí el marcado interés del CPP de abolir o disminuir en la mayor medida posible la aplicación del Derecho Penal Material a través de una serie de procedimientos, instituciones y enfoques contenidos en dicho código.

Lo que los cepepeístas buscan es abolir o disminuir el Derecho Penal Material en la mayor medida posible desde la perspectiva de la forma, es decir, desde la perspectiva del procedimiento o, lo que es lo mismo, usando el procedimiento para ello. De esa manera “contribuyen con la extinción del Estado y del Derecho Penal Material“.

Ese es el enfoque enclavado en la base de toda la estructura artificiosa del Código Procesal Penal; ese enfoque enclavado en la base de toda la estructura artificiosa del Código Procesal Penal es el que lleva a establecer una serie de procedimientos, instituciones, derechos, etcétera, que le permiten al delincuente delinquir, recuperar rápidamente su libertad y reincorporarse a su vida delictiva.

Siendo el delincuente “una víctima“ es “un abuso“ dictar prisión preventiva en su contra, someterlo a proceso, sujetar su caso a un período prolongado, etcétera. Los aparatos, mecanismos y dispositivos vaciados en dicho código para contribuir a la abolición o disminución en la mayor medida posible del Derecho Penal Material reposan esencialmente en el Abuso del derecho.

Para contribuir a la abolición o disminución del Derecho Penal Material en la mayor medida posible, entre otras cosas, se establecen: la clasificación que hace el CPP de las infracciones; el enfoque bagatelarizante de numerosas infracciones penales; la conciliación; el abuso de la facultad de inadmitir a que conduce el conjunto visual de dicha Doctrina; la facultad de archivar; el criterio de oportunidad; la suspensión condicional del procedimiento; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; etcétera.

Los cepepeístas sostienen que la reducción de casos lograda en base a dichos aparatos, mecanismos y dispositivos implica la posibilidad de obtener más celeridad en los casos que éllos denominan “importantes“.

Con esos procedimientos, instituciones, derechos y enfoques estamos en presencia de un Derecho Procesal Penal que busca convertir en iguales a los ciudadanos delincuentes y a los ciudadanos no delincuentes: para calmar a éstos últimos (que se horrorizan al ver la libertad y la impunidad de que gozan los delincuentes y el claro auge de éstos), los propagandistas del CPP les dicen que éllos, los no delincuentes, también son beneficiarios de ese régimen de exención de persecución y de punición ya que en caso de que sean objeto de una acusación falsa éllos también tienen toda la posibilidad de salir bien librados del mismo modo que los delincuentes salen bien librados no obstante éstos haber cometido verdaderos crímenes y delitos; es decir, del mismo modo que no se persigue ni se logra castigar al culpable, así mismo no se persigue ni se logra castigar al inocente objeto de una acusación falsa. Se trata de una demagogia desenfrenada a la cual vanamente se trató de lisonjear.

Por esos procedimientos, instituciones, derechos y enfoques en el régimen legal del Código Procesal Penal el Estado y el Derecho Penal Material están efectivamente debilitados y disminuídos. Para contribuir a debilitar más al Derecho Penal Material y al Estado se valen también de otros sofismas o falacias como: el de que la ley nunca es un factor criminógeno; el de que el delincuente al supuestamente “no conocer“ el contenido del CPP porque no es abogado él no delinque porque sepa que el CPP contiene todas las garantías que tiene a su favor (como si el delincuente no palpara el dulce fluir del, a la vez, dulce trato que percibe que se le da a través del procedimiento del CPP y que le permite reiterar sistemáticamente su actividad delictiva).

Aducen que los mecanismos, aparatos y dispositivos que usa el CPP para beneficiar al delincuente son discrecionales, pero ocurre que el enfoque (= los delincuentes como “víctimas“) con que han sido adoctrinados los representantes del Ministerio Público y los Jueces anulan en gran medida la posibilidad de darles un uso antidelincuencial a dichos mecanismos, aparatos y dispositivos. Los referidos funcionarios del Estado (los representantes del Ministerio Público y los Jueces) devienen así en asesinos indirectos de los bienes jurídicos de los ciudadanos no delincuentes, lo mismo que en asesinos indirectos de la sociedad. La Doctrina creada alrededor de la cual gira el CPP es, pues, una Doctrina asesina que crea asesinos indirectos de bienes jurídicos de todas índoles. Al tratarse dicha Doctrina de La Doctrina Oficial del Estado (de una verdadera Doctrina Oficial del Estado), puesto que este es el que la tiene vigente nada más y nada menos que a través de la ley que es el CPP, el Estado en realidad no es otra cosa más que un cómplice de la delincuencia y, más claro aún, es un ejecutor de ciudadanos no delincuentes y es, simultáneamente, un ejecutor de la sociedad.

El Estado de Derecho que crea dicho código es un Estado de Derecho Al Servicio de la Delincuencia, vale decir, es un Pseudo Estado de Derecho.

Tal es, a grandes rasgos, la ideología epocal parareligiosa que representa dicha Doctrina jurídica.

La cantidad de los robos y de las violencias conexas a los mismos que se multiplicaron a borbotones tras ponerse en vigor dicho código hablan por sí sólos sobre lo equivocada que está dicha Doctrina; antes de dicho código la cantidad de crímenes y delitos era muy, pero muy inferior a la que existe a partir de colocarse en vigor el referido código.

En dicha Doctrina cepepeísta sólo el delincuente tiene garantías; la sociedad, por el contrario, no tiene garantías; sólo el delincuente tiene derechos humanos, no así las víctimas y mucho menos la sociedad.

Se trata de un código lleno de vida fraudulenta, pues en realidad es una verdera calamidad pública, una verdadera calamidad colectiva, una verdadera calamidad social debido a las grandes y negativas repercusiones que tiene en todo el cuerpo social tanto en el presente como para el porvernir si el mismo es dejado vigente y, por ende, causando daños a través de dicha vigencia, la cual vigencia no es otra cosa que un gran error de irreflexión, de ignorancia y hasta de mala fe, pues si acaso en algún momento inicial hubo buena fe los efectos de la vigencia de dicho código son demasiado elocuentes sobre lo pernicioso que el mismo es para los ciudadanos no delincuentes y para la sociedad.