No es insólito, es cotidiano

Por Carlos Luis Baron domingo 22 de julio, 2012

El periódico Hoy Digital del doce (12) de Julio del dos mil doce (2012) trajo una noticia bajo el titular: “¡Insólito! Ponen en libertad hombre mató motoconchista de 30 puñaladas por mil pesos“ escrita por el reportero Tony Brito, de dicho periódico.

Dicho reportaje resalta que una decisión del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Monseñor Nouel (Bonao) provocó “gran sorpresa e indignación en el seno de la sociedad“ de dicha Provincia al evacuar una sentencia mediante la cual declaró absuelto a una persona que mató a un motoconchista asestándole treinta (30) puñaladas por una deuda de mil pesos (RD$1,000.00). Para materializar dicho hecho horrendo el victimario le pidió a la víctima que le llevara a un lugar llamado Distrito de Arroyo Toro, pero “aprovechó un trayecto en la Salvia de Bonao, para quitarle la vida, propinándole más de 30 puñaladas en distintas parte del cuerpo“. “ El cadáver del motoconchista fue encontrado en el callejón de Los Tineos, sector La Salvia, totalmente desfigurado por las estocadas que se le infirió.“

En el juicio ante el referido tribunal colegiado el Ministerio Público pidió que se condenara al imputado a veinte (20) años de reclusión mayor, lo cual fue rechazado por dicho Tribunal Colegiado y procedió a declarar absuelto al imputado de referencia.

Como precedentes de la absolución en cuestión figuran las siguientes situaciones que ante toda la sociedad dominicana deben ser puestas en alto relieve: 1) a raiz de la ocurrencia e investigación del hecho el imputado de referencia admitió en un interrogatorio escrito firmado por él y su abogado defensor que él fue quien mató a dicho motoconchista; y 2) el imputado llegó a un arreglo con los familiares de su víctima para lograr su libertad.

Como se puede apreciar: un interrogatorio escrito firmado por el imputado y por su abogado defensor contentivo de una confesión de dicho imputado y nada son exactamente la misma cosa: un interrogatorio escrito firmado por el imputado y por su abogado defensor contentivo de una confesión del imputado en el “sistema“ del Código Procesal Penal vale menos que un pedazo de papel higiénico usado, con el perdón de la expresión.

Así mismo: un acuerdo económico entre el victimario y los familiares de la víctima llevan a los jueces a hacer a un lado que están frente a una de las infracciones más graves de nuestro ordenamiento jurídico penal (y a la cual bajo el flamante Código Procesal Penal se le clasifica de “Acción Penal Pública“ o pura).

Que el acto penal sea de Acción Penal Pública o pura significa (o debería significar) que aunque intervenga una negociación entre los familiares del interfecto y el victimario dicha “negociación“ no incide sobre la persecución y sobre el juicio de fondo.

La República Dominicana es un país pobrísimo: el estado de miseria lleva a deudos de un interfecto a desdibujar de su mente los valores del medio social porque la pobreza no se los permite tener fijos e inconmovibles.

En teoría la no participación de los parientes en el proceso debería no incidir sobre el juzgamiento del acto penal cometido, pero ocurre que en la realidad dicha negociación provocadora de esa no participación sí tiene incidencia, y la misma es tremenda, sobre el ánimo de los jueces de fondo, y la tiene porque dichos jueces han sido adoctrinados bajo el criterio de que el proceso es el extremo, que si hay conciliación no debe haber proceso (Artículo 2 del Código Procesal Penal: “Art. 2.-… En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.“).

La mezcla entre las siguientes disposiciones del Código Procesal Penal: sus Artículos 2 y 25 : (“Art. 2.-… En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.“ “Art. 25. Interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. La duda favorece al imputado.“) con que ponen a “razonar“ (¿?) a los jueces que se van a “formar“ a La Madraza llamada Escuela Nacional de la Magistratura es altamente inflamable por el alto octanaje a que da lugar dicha mezcla y, en consecuencia, se traduce en situaciones judiciales concretas tremendamendamente explosivas como este material reportado desde Bonao para el resto de la República Dominicana.

Pero esa inflamabilidad y esa explosividad (a que conduce esa forma de “razonar“ que, cual software, se les introduce a los jueces que se despojan de su cabeza para poder entrar a dicha Madraza) es un peligro siempre latente y siempre materializándose en casos concretos en todos los puntos del país porque el Código Procesal Penal y su secuela doctrinal existen para todo el país: ese código está vigente en este país, no está vigente en la imaginación ni en el cielo.

De ahí que antes de ponerle por título “¡Insólito! Ponen en libertad hombre mató motoconchista de 30 puñaladas por mil pesos“ a su reporte el reportero debió recordar que él mismo (= el reportero Tony Brito) finaliza su reportaje con la siguiente acotación: “Recientemente el senador Félix Nova criticó la facilidad con que los jueces ponen en libertad a criminales y a personas que cometen crímenes horrendos contra la misma sociedad, por lo que pidió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) encarar la situación en Bonao“.

“Crímenes horrendos contra la misma sociedad“. El problema no es de la Suprema Corte de Justicia actual: el problema es sistémico-estructural del Código Procesal Penal.

En síntesis: esa situación no es aislada ni es privativa de Bonao, viene ocurriendo en todo el país desde que el veintiseis (26) de Septiembre del año dos mil cuatro (2004) entró en vigor el Código Procesal Penal (CPP), por lo que realmente no es insólita: forma parte ya de la cotidianidad inaugurada con la vigencia de dicha flamante como inservible basura procesal penal.