No son reglas mínimas, son reglas elaboradas totalmente a favor del imputado

Por Gregory Castellanos Ruano sábado 14 de julio, 2012

Los romanos llamaban a Júpiter (= el equivalente del Zeus griego) “El Optimo Máximo“. Se puede decir que los redactores del Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica consideran al imputado más allá de “El Optimo Máximo“ porque la concepción que éllos tienen del imputado va más allá de considerar a éste un “Optimo Máximo“. La protección concebida por éllos para el imputado va más allá de ser una protección óptima maxima: dicha protección al imputado es total y echa al precipicio los derechos de la sociedad y de las víctimas.

Ello así porque el Código Procesal Penal crea reglas de procedimiento que son claras expresiones en ese sentido. El Código Procesal Penal crea reglas totales en tanto cuanto son totalmente a favor del imputado, es decir, están elaboradas totalmente a favor del imputado; son reglas totales en tanto cuanto la existencia de las mismas implican ausencia de espacio para considerar que existen puntos intermedios entre lo mínimo y lo total.

Prueba de ello son las siguientes disposiciones del Código Procesal Penal que hablan por sí sólas al respecto:

a) “Art. 25. Interpretación. Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente. La analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. La duda favorece al imputado.“ (Con estas normas de interpretación no se trata de desentrañar la real voluntad o querer de la norma procesal, sino de a rajatablas beneficiar al imputado; no se trata de que la duda quede restringida a la duda razonable que pueda subsistir al valorarse las pruebas en el juicio de fondo: el asunto trasciende más de ahí).

¿Es esta una regla mínima? ¿O, por el contrario, es una regla total?

Es evidente (salvo que no se tenga ojos para ver y raciocinio para entender) que se trata de una regla totalmente a favor del imputado: está redactada enteramente, totalmente a favor del imputado.

Como se puede apreciar: estas reglas de interpretación del Código Procesal Penal contenidas en su Artículo 25 están redactadas enteramente, totalmente a favor del imputado.

Dicho Artículo 25 es una expresión concreta palmaria de la totalización de la protección del imputado.

b) Las siguientes disposiciones de los artículos relativos a la Defensa: “Art. 115.- Sustitución. La designación de un defensor, público o particular, no impide que el imputado elija otro de su confianza con posterioridad. …“ “Art. 116.- Renuncia y Abandono. El defensor particular puede renunciar a la defensa. En este caso el juez o tribunal emite una resolución fijando un plazo para que el imputado nombre un nuevo defensor. …“

Esas disposiciones (de los Artículos 115 y 116) permiten que el imputado pueda jugar sistemáticamente al cambio de abogados para que de la voluntad de dicho imputado dependa si se conoce o no el proceso, pues no en otra cosa se traducen en la práctica dichas disposiciones de dichos Artículos 115 y 116.

¿Constituyen la co-existencia de dichas dos disposiciones una regla mínima? ¿O, por el contrario, es una regla total?

Es evidente (salvo que no se tenga ojos para ver y raciocinio para entender) que se trata de una regla totalmente a favor del imputado.

Dichas disposiciones de dichos Artículos 115 y 116 son expresiones concretas palmarias de la totalización de la protección del imputado.

c) “Art. 148. Duración maxima. La duración maxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. …“ (Vencido dicho plazo el proceso se extingue a favor del imputado con la consiguiente impunidad a favor de éste.)

¿Es esta una regla mínima? ¿O, por el contrario, es una regla total?

Esta regla establece un plazo totalmente concebido a favor del imputado.

Es evidente (salvo que no se tenga ojos para ver y raciocinio para entender) que se trata de una regla totalmente a favor del imputado.

Dicho Artículo 148 es una expresión concreta palmaria de la totalización de la protección del imputado.

Ese plazo es el mal llamado “plazo razonable“ pues de razonable nada tiene.

En base a disparates como ese del supuesto "plazo razonable" se ha creado un Estado de Derecho al servicio de los delincuentes.

d) “Art. 154. Demora de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por este código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, en cuyo caso se entiende que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admite la solución propuesta por el imputado. …“ (No se puede pedir más claridad)

Esta reglamentación señala descaradamente que si la Suprema Corte de Justicia no falla un recurso dentro de los plazos de dicho código se debe entender que se ha admitido la tesis esgrimida por el imputado aunque éste no tenga la razón; es decir, el imputado pasa a tener la razón aunque realmente no tenga la razón.

¿Es esta una regla mínima? ¿O, por el contrario, es una regla total?

Es evidente (salvo que no se tenga ojos para ver y raciocinio para entender) que se trata de una regla totalmente a favor del imputado.

Dicho Artículo 154 es otra expresión concreta palmaria de la totalización de la protección del imputado.

e) “Art. 348. División del juicio. …Es inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y la personalidad del imputado en la primera parte del juicio. …“ (No se puede pedir más claridad)

Esta regla procedimental, entre otras cosas, significa que un delincuente en serie puede delinquir cuántas veces le venga en ganas bajo la plena certeza de que el cuantum delictivo cometido por él nunca podrá ser apreciado por los jueces que le juzguen, que las huellas de sus pasos delictivos por la vida son “irrelevantes“.

¿Es esta una regla mínima? ¿O, por el contrario, es una regla total?

Es evidente (salvo que no se tenga ojos para ver y raciocinio para entender) que se trata de una regla totalmente a favor del imputado.

Dicho párrafo tercero del Artículo 348 es una expresión concreta palmaria de la totalización de la protección del imputado.

f) “Art. 427. Procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento y la decisión sobre este recurso (el de casación. G.C.), se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos.“ (Se trata de un plazo instituído a favor del imputado: sólo hay que analizarlo a la luz del Art. 154 precedentemente citado)

¿Es esta una regla mínima? ¿O, por el contrario, es una regla total?

Es evidente (salvo que no se tenga ojos para ver y raciocinio para entender) que se trata de una regla totalmente a favor del imputado.

Dicho Artículo 427 es una expresión concreta palmaria de la totalización de la protección del imputado.

!Se trata de otra expresión de la totalización de la protección del imputado!

Estas disposiciones del CPP son las más descaradas expresiones de los contornos de un modelo procesa penal que crea un “sistema“ que cínicamente horada y destruye los derechos de la sociedad y de las víctimas, bajo el disfraz de supuestamente estar al servicio de la sociedad y de las víctima: el cinismo no puede ser mayor.

Si en el contexto formado por el conjunto de estas disposiciones introducimos los Artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal (“Art. 11. Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Los jueces y el ministerio público deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.” “Art. 12. Igualdad entre las partes. Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.“), se puede apreciar cómo el Principio de Igualdad sale expulsado violentamente por la fuerza centrífuga de dicho conjunto de disposiciones totalizantes o protectoras totales del imputado; lo mismo cabe decir del Principio de Justicia: si también lo colocan en ese mismo contexto, igualmente sale expulsado violentamente (la Justicia es imposible sin Igualdad).

Todas esas disposiciones legales están cargadas de una irrazonabilidad descomunal, bestial, y quienes tuvieron que ver con su elaboración, adopción y promoción pretendieron hacer creer que supuestamente son “razonables“.

Dicha irrazonabilidad captable de inmediato por quien tenga raciocinio, viene a ser captada por la población a través de la enorme cantidad de sufrimientos que, como una estela, la vigencia de esa errada normativa deja diariamente a su paso por todo el país (lo mismo sucede diariamente en todos los demás países iberoamericanos que ilusamente copiaron dicho código creyendo en una utopia que le ha resultado cara y grotesca, pues en realidad no es más que una farsa, una estafa social).

Estas disposiciones citadas son expresiones concretas de la orientación de la normativa que es el Código Procesal Penal y el tipo de “Estado de Derecho“ que con élla se buscó edificar.

Todas estas reglas no son reglas mínimas y son más que reglas máximas: son reglas totales o totalizantes, es decir, absorventes, secantes, excluyentes, anonadantes, aniquiladoras e incineradoras de los derechos de la sociedad y de las víctimas, pues todas esas disposiciones absorven y destruyen derechos de la sociedad y de las víctimas.

Lo que es total es excluyente y eso es lo que hace ese “sistema“ del CPP: excluye los derechos de la sociedad y de las víctimas, pues los derechos de la sociedad y de las víctimas son nada para dicha normativa (aunque pretenda disimularlo); pero los “derechos“ del imputado lo es todo para dicha normativa.

Lo que se crea con ese conjunto de disposiciones se trata de un blindaje total al imputado: se trata de una protección ilimitada al imputado.

Ese blindaje total del imputado implica, paralelamente, que la sociedad y las víctimas quedan desblindadas, desprotegidas también de manera total.

Lo que a través de dichas reglas del CPP se le otorga al imputado se les quita a la sociedad y a las víctimas.

El concepto Plazo Razonable lo que es es un verdadero dislate y lejos de ser una regla "mínima" es una regla total a favor del imputado que, por ser tal, absorve todos los derechos de las demás partes del proceso, lo cual atenta contra el Principio de Igualdad y contra el Principio de Justicia.

El problema, pues, es que esas llamadas ”reglas mínimas” en realidad son reglas totales, esto es, para favorecer totalmente al imputado. La desproporción que la existencia de dichas reglas genera respecto de la sociedad y respecto de las víctimas es protuberante.

Una cosa es preservarle al imputado ciertos derechos y otra cosa muy diferente es que al legislador se le resbale el sentido de la proporcionalidad y se dispare con una legislación desproporcionalmente favorable al imputado perjudicando el interés social y el interés de las víctimas; esto último, y no otra cosa, es lo que ocurre con esas supuestas “reglas mínimas“ del CPP.

Esas supuestas "reglas procesales mínimas" no son tales "mínimas" nada: son totales: tanto que aplastan los derechos de la sociedad y de las víctimas.

Visualizar y concebir una protección total del imputado se trata de una corriente peligrosísima cuyos resultados negativos prácticos, concretos los vemos acontecer diariamente en el seno de la sociedad dominicana en todo el territorio nacional (y también se ve en todos los países de Iberoamérica después que cada uno de éllos copiaron el CPP Tipo para Iberoamérica como víctimas que fueron de la estafa social de que fueron objeto).

En síntesis: todas esas reglas procesales penales son reglas de protección total al Imputado. Dichos artículos citados son expresiones claras de que el Código Procesal Penal (CPP) está edificado de espalda a la Igualdad y a la Justicia.

De dicha serie de disposiciones se desprende con claridad meridiana que quienes concibieron el CPP buscaron totalizar la protección del imputado por sobre todas las cosas.

No se pueden exigir más disposiciones tan claras como esas para demostrar que la meta perseguida por dichos elaboradores del CPP fue la de totalizar la protección al imputado.

Al totalizar la protección del imputado eso se traduce, correlativamente, en que desaparezca la protección de la Sociedad y de las Víctimas en la administración de la Justicia Penal para que prevalezca el Interés del Imputado, lo cual es totalmente rechazable y debe ser rechazado por lo aberrante que es eso.

Totalizar la protección del imputado para que desaparezca la protección de la Sociedad y de las Víctimas, como lo hace el Código Procesal Penal, se corresponde con una subversión clarísima de la más elemental Lógica: más obvio no puede ser que totalizar la protección del imputado, en desmedro de los derechos de la sociedad y de las víctimas, literalmente es un Asalto a la Razón.

El resultado de ese Asalto a la Razón es un Estado de Derecho edificado a favor del Imputado, un Estado de Derecho en el que la sociedad y las víctimas valen nada; en síntesis: dicha conceptualización notoriamente contenida en el Código Procesal Penal crea un Estado de Derecho Pro Reo, es decir, un Estado de Derecho desequilibrado y, en consecuencia, Irrazonable.

Esas reglas no tienen razón de ser: son injustas y no son útiles a la comunidad: son irrazonables.

Esas reglas fundan nuevos “derechos“ a favor del imputado que son contrarios al Principio de Razonabilidad por no ser ni justos ni útiles a la comunidad, y a la cual comunidad vienen pulverizando sin piedad diariamente desde que dicho código entró en vigor en la República Dominicana el veintiseis (26) de Septiembre del dos mil cuatro (2004) (esa pulverización viene ocurriendo también en los demás países iberoamericanos después de estos respectivamente copiar el CPP Tipo para Iberoamérica).

Esas disposiciones irrazonables del CPP serán, ad interim, mandatos que haya precisión de obedecer, y que se deberán obedecer mientras no se sustituyan con preceptos legales o mientras no se anulen, pero realmente son expresiones de fuerza convertidas en material “jurídico“ puesto que son el resultado de una concepción basada en el Abuso del derecho; serán una coacción a la que haya necesidad de doblegarse mientras no venga el Derecho a derogarla o a anularla, pero realmente son expresiones de fuerza; son expresiones concretas de derivaciones de abusos de derechos, son expresiones de fuerza; la ley de la fuerza, no es ley; ni la ley de la injusticia es ley.

Toda esa totalización de la protección del imputado se hizo con el deliberado propósito de colocar al imputado por sobre la sociedad y por sobre las víctimas: ese, y no otro, fue el fin perseguido con dicha totalización de la protección del imputado.

El modelo procesal penal del CPP es un modelo procesal penal de protección total, y totalizante, del imputado.

Nota: Si en la concepción del CPP esas disposiciones citadas supuestamente “fueran“ tan sólo reglas “mínimas“, ¿cómo serían, entonces, en dicha concepción, las reglas “máximas“ y ni hablar de las reglas “totales“?: Es obvio que dicha concepción de esas supuestas reglas “mínimas“ ocupó todo el espacio y que ya no hay lugar donde colocar algo más.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano