Otra Crisis en el PRD. ¿Qué dirá la Justicia Electoral?

Por Carlos Luis Baron domingo 3 de junio, 2012

Es de conocimiento general que el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, atraviesa por una crisis postelectoral por la que se ha suspendido a su presidente, Miguel Vargas Maldonado, y a otros importantes dirigentes de su corriente política, por alegadas faltas graves cometidas en ocasión de no haber respaldado la candidatura presidencial del partido, encabezada por Hipólito Mejía.

Por supuesto, las diferencias que ahora han aflorado vienen de lejos. Se recuerda que Miguel Vargas Maldonado fue el candidato presidencial del PRD para las elecciones de 2008 después de haber ganado la convención interna apabullantemente contra Milagros Ortiz Bosch a base, principalmente, del uso irracional de recursos económicos. Fue una lucha desigual económicamente.

Pasadas las elecciones de 2008 en las que sin dudas el PRD obtuvo un importante incremento con relación a las elecciones de 2004, en que Hipólito Mejía fue repostulado en representación del PRD, Miguel Vargas Maldonado se agenció la presidencia de la organización bajo el criterio aceptado por la mayoría de que el entonces presidente del partido, Ramón Alburquerque, no había hecho lo debido a favor de su candidatura. Sostenía Vargas Maldonado, que la presidencia del partido y la candidatura presidencial debían estar en manos de la misma persona para que ambas instancias accionen en la misma dirección. Así fue investido presidente sin dificultad alguna.

Ya siendo presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado firmó, sin consultar los organismos ni a dirigentes importantes del partido, con el presidente Fernández el llamado pacto de las corbatas azules para facilitar la reforma constitucional, proceso que restauró la reelección presidencial que estaba prohibida por la constitucionalmente. De ese modo, se rehabilitó a Hipólito Mejía para optar por la candidatura presidencial inmediatamente y al propio Leonel Fernández para hacerlo en el 2016. Analistas entienden que Miguel Vargas Maldonado no pensó el alcance del pacto que suscribió y que lejos de beneficiarse, como era su intención, trabajó para su propio perjuicio político.

Bajo la presidencia de Miguel Vargas, quien seguía con el control hegemónico del PRD, devino la primera marcha de fuego interna, las elecciones congresuales y municipales de 2010. En este proceso la presidencia del PRD se hizo autorizar una cuota de candidaturas a cargos electivos de un 70%, dejando sin representación a los diferentes líderes a lo interno del partido, como el caso del propio Hipólito Mejía; situación que disgustó mucho a quienes aspiraban a ser candidatos (as) a Regidores (as), Alcaldes, Alcaldesas; Diputados (as) y Senadores (as), que vieron frustradas sus aspiraciones por ser desplazadas por decisión del presidente, sin menosprecio de los recursos que ya habían gastado en promoción de esas legitimas pretensiones políticas. Miguel se impuso internamente en ese proceso.

Dada la realidad de que en el proceso interno para la asignación de candidaturas para las elecciones de 2008, fueron más los (as) disgustados (as) que los (as) beneficiados (as), la mayoría de las dirigencias alta, media y de base no accionaran a favor de las candidaturas impuestas. El resultado es conocido, el PRD perdió su representación senatorial y disminuyó sustancialmente su matrícula de Diputados.

Pero el presidente del PRD no sólo impuso candidaturas para dirigentes que respondían a sus interese políticos del momento, sino que puso importantes representaciones en manos de personas no perredeístas, cual es el caso de la Alcaldía de Santiago y la diputación de Víctor Gómez Casanova en el Distrito Nacional, entre otras.

Más tarde, producto de su actuación torpe y carente de inteligencia política, Miguel Vargas Maldonado debió enfrentar a Hipólito Mejía en la convención interna por la candidatura presidencial para las recién pasadas elecciones del presente año, de quien perdió con una importante diferencia de votos. El casi invencible Vargas Maldonado perdió de Hipólito Mejía a quien meses antes él mismo había rehabilitado con el pacto de las corbatas azules. Entonces, ante su inesperada e impensable derrota, alegó que Hipólito había sido ayudado por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para lograr la victoria, denuncia que no pudo probar y que sirvió de base para su comportamiento futuro frente a su papel en las elecciones.

La derrota produjo un escarceo apreciable a lo interno del PRD y Miguel Vargas firmó un pacto con Hipólito Mejía para la integración de su equipo al comando de campaña, ya no de Hipólito, sino del partido, a lo que nuca dio cumplimiento.

Finalmente, Miguel Vargas Maldonado, en una actitud de evidente resentimiento político, atípico de un líder democrático, no aceptó ni asumió como suya la candidatura de su partido y no se integró a ese proyecto, que fu derrotado por Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Amplios sectores de la población dominicana y la mayoría de los perredeistas estiman que la principal causa de la derrota la constituye la falta de integración del presidente de la organización, factor que llevó desconfianza a una parte del electorado por el temor a una gestión de gobierno matizada por los conflictos que ya se conocen de otras gestiones del PRD.

Producto del resultado electoral y las causas alegadas de la derrota, el pasado viernes primero de junio, La Comisión Política dl PRD, actuando dentro del marco de su competencia estatutaria, suspendió a Miguel Vargas Maldonado como presidente de esa entidad por supuestas faltas graves cometidas durante el proceso electoral, al que nunca se integró bajo el argumento triste, infeliz y risible de que desempeñaba un papel institucional. Se trata de una sanción netamente disciplinaria, que no significa un conflicto partidario, lo que conlleva simplemente la continuación de un proceso interno mediante procedimientos estatutarios. Esta situación no es susceptible de ser dirimida por ante el tribunal Superior Electoral, TSE.

Como respuesta a la medida o sanción disciplinaria tomada por un órgano competente del partido en su contra, el suspendido presidente Vargas Maldonado, convocó al Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del partido, organismo superior a la Comisión Política, para tomar otras medidas, ignorando el procedimiento interno al que debe someterse su caso. En esa reunión, celebrada el día 3 de junio, se decidió entre otras cosas, destituir al presidente interino, Andrés Bautista y someter por ante la Comisión de Control a Hipólito Mejía y a otros importantes dirigentes partidarios, incluido su Secretario General, Orlando Jorge Mera. Esa reunión de dirigentes anuló las decisiones de la Comisión Política con lo que, de ser válida esa decisión, restituye a Miguel Vargas en la Presidencia del PRD. Sin embargo, se trata de un contraataque político que no es otra cosa que una pobre pretensión sin fundamento porque no tiene calidad para convocar en nombre del partido y porque las decisiones allí tomadas no son vinculantes para nadie porque no es de una sesión del Comité Ejecutivo Nacional la que ha tomado la decisión, sino una reunión de dirigentes del partido.

Lo que debe discutir Miguel Vargas es si su suspensión es legal o no y después de eso, si resulta tener razón, hacer las convocatorias que juzgue útiles para su causa.

Por la experiencia, debemos esperar que esta situación sea dirimida por ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, probablemente apoderado por ambas partes. Esa instancia contenciosa deberá hilar fino en razón de su competencia porque en virtud de lo que dispone la ley 29-11 en su Art. 13, numeral 2, ese tribunal puede “ Conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios”. No obstante, se aclara en el párrafo del mismo articulo 13 que “Para los fines del Numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos”.

Desde el punto de vista legal, el Tribunal Superior Electoral, TSE, no puede conocer de la situación del PRD y por el contrario, deberá declarar su incompetencia. De ese modo, fortalecerá la institucionalidad partidaria y obligaría a que el respeto a las normas internas de esas organizaciones, en que se sostiene la democracia, sea obligatorio para los que han decidido militar en ellas.

La disciplina del PRD es necesaria, ahora falta que la justicia electoral juegue su papel cuando corresponda. Qué dirá la justicia electoral? Esperemos.