¿Porqué se alarman de los linchamientos?

Por Carlos Luis Baron miércoles 18 de julio, 2012

El Nuevo Diario Digital de la República Dominicana del nueve (9) de Junio del dos mil doce (2012) trae la noticia“Linchamientos en Santiago alarman a las autoridades“ y luego de detallar una serie de acontecimientos concretos acaecidos en Santiago reproduce unas declaraciones del vocero de la Policía Nacional en la Región del Cibao: “…el portavoz de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional (norte), coronel Lorenzo Morillo, dijo hoy a Efe que en el país hay un estado de derecho y que ninguna persona puede hacer justicia con sus propias manos, al tiempo que pidió a la ciudadanía que confíe en las agencias responsables de perseguir y sancionar el delito.“

Pero Coronel Lorenzo Morillo es que ese supuesto “Estado de Derecho“ existe sólo a favor de los delincuentes, no existe a favor de los ciudadanos serios y honrados ni tampoco a favor de la sociedad.

Lo deseable es que esos lamentables espectáculos no se escenifiquen. Cuando comunidades sociales enteras llegan a ese extremo es porque algo ha fallado en el sistema.

De manera, pues, que en realidad no hay porqué asombrarse. Eso se veía venir, eso era previsible.

Todo eso yo lo veía venir desde que hace ocho (8) años atrás por vez primera leí el Código Procesal Penal antes de que el mismo entrara en vigor.

La inseguridad existente medularmente se debe a los ladrones que van con su mente preparada a lo que sea, es decir, a golpear, a herir, a lesionar, a matar, aparte de robar.

Y las gentes se han ido cansando de ir a las comisarías de la Policía Nacional y a las oficinas de los representantes del Ministerio Público y a las salas de audiencias de los tribunales; las gentes se han ido cansando de ver cómo “la ley“, entiéndase el Código Procesal Penal, protege a los delincuentes y que esa protección se aprecia tanto en las comisarías de la Policía Nacional, como en las oficinas de los representantes del Ministerio Público y en las salas de audiencias de los tribunales.

¿Cómo van a contener a un pueblo entero que siente que todos los días, por espacio de casi ocho (8) años, los ladrones lo tienen cansado y harto?

Esta sociedad dominicana tiene casi ocho (8) años padeciendo los efectos de la aplicación del Código Procesal Penal, lo cual se traduce en impunidad para los ladrones y demás tipos de delincuentes.

Se ha creado una sedimentación en la consciencia del pueblo de que no hay Justicia, de que la Justicia no funciona, de que a los ladrones, si acaso se les logra capturar, la Justicia los manda para su casa de inmediato.

Si lo civilizado, el Aparato Judicial, que está para controlar, luchar y combatir a los ladrones y demás especímenes de la delincuencia no puede controlar, luchar y combatir a los ladrones y demás especímenes de la delincuencia porque se lo impiden las reglas del Código Procesal Penal, lo que se ha estado hacienda y lo que se está haciendo es empujando a la ciudadanía a convertirse en violenta para enfrentar a los ladrones y demás delincuentes.

Por eso, y no por otra cosa, es que del seno del pueblo brotan estas situaciones indeseables, pero inevitables mientras ese código siga en vigor.

Es natural que la población reaccione de ese modo frente a la inutilidad o infuncionalidad del aparato judicial frente a los ladrones, inefectividad que es una secuela lamentable del uso del Código Procesal Penal por parte del aparato judicial.

Al pueblo no le han dejado otra opción. Al pueblo no le es exigible otra conducta: sus componentes o miembros son los que sufren las dentelladas de las pirañas del robo.

Tras sufrir esas dentelladas la ciudadanía ve que a los ladrones los sueltan y no les pasa nada.

¿Qué quieren, entonces? Es la misma situación que se da con el ratón cuando se le acorrala: tiende a ser agresivo, a atacar al que le acorrala. La delincuencia ha arrinconado al pueblo y por eso en y desde el seno del pueblo se reacciona de esa forma.

Es entendible que la persecución, linchamientos y torturas por parte de ciudadanos dominicanos contra delincuentes sorprendidos in fraganti cometiendo o acabando de cometer acciones delictivas estén a la orden del día en todo el país.

La delincuencia preocupa a la sociedad y a todos sus componentes sanos que ven que el país viene siendo estragado por los delincuentes y que los legisladores no dicen siquiera “esta boca es mía“ para tomar la iniciativa de presentar un proyecto de ley para derogar y substituir la causa que ha llevado a que el propio pueblo tenga que hacerse justicia por sus propias manos: el Código Procesal Penal que acarrea la infuncionalidad del sistema de justicia penal.

No es un relajo lo que viene ocurriendo en este país desde que ese código fue puesto en vigor.

Es entendible que los comunitarios se indignen al ser éllos o familiares suyos o amigos o relacionados robados o asaltados: son muchos los estudiantes, obreros y mujeres robados, etc., y al mismo tiempo víctimas de violencias tanto en horas de la noche como en horas del día.

La ciudadanía tiene casi ocho (8) años viendo cómo exactamente el mismo cuadro se repite una y otra vez, una y otra vez, incesantemente, indeteniblemente, y por eso no confía ni en los órganos responsables de perseguir el delito ni en los órganos encargados de sancionar el delito.

No es algo agradable ver cómo los ladrones atracan con violencia a algún vecino de algún sector, cómo atracan a una mujer a la que despojan de sus pocas pertenencias, etc.

No es fácil asimilar sorprender a un ladrón o a un grupo de ladrones robando algo que es propiedad de uno para que luego la justicia no haga algo al respecto. Eso es indignante.

La infuncionalidad judicial que ha generado el Código Procesal Penal ha dado lugar a revivir la antigua ley del Talión: "Ojo por ojo, diente por diente".

La escalada de linchamientos que se viene dando en todo el país desde que el pueblo se dio cuenta que ir a presentar una denuncia a la Policía Nacional a lo más que conduce es a ver la desverguenza de oir a jueces recitando la letanía de que “la libertad es la regla y su restricción es la excepción“ y tras ese recitar ver cómo los ladrones se van tranquilitos y sin miedo alguno para volver a cometer sus robos.

La inseguridad imperante en la República Dominicana es el producto de esa infuncionalidad de ese código que mantiene a la población desesperada y nerviosa y por esa razón se producen las autojusticias y los linchamientos.

Es lamentable que se recurra a métodos primitivos, pero es entendible la frustración que se vive en el seno de la población dominicana.

Es esa frustración social generalizada la que conduce a esos hechos abominables, es esa frustración social generalizada lo que ha transformado a una sociedad civilizada en una sociedad que ha tenido que proceder a autodefenderse porque con el Código Procesal Penal no tiene protección.

Dicho conjunto de hechos y de circunstancias hace recordar lo de Fuenteovejuna y lo de “todos a una“.

En el seno del pueblo lo que se razona es que si con el Código Procesal Penal la Justicia Penal lincha los casos contra los delincuentes entonces el pueblo tiene derecho a la autojusticia linchando a los delincuentes; que si la Justicia Penal lincha los casos contra los delincuentes entonces la solución es linchar a los delincuentes.

Desgraciada y lamentablemente eso, y no otra cosa, es lo que está ocurriendo.

Sabemos que en la nueva Suprema Corte de Justicia, y muy particularmente en su Presidente y en su Cámara Penal, hay interés en renovar la administración de Justicia Penal, pero, lamentablemente, tienen un escollo enorme para poder llegar a esa meta: el Código Procesal Penal, mientras este esté vigente el desorden delincuencial seguirá viento en popa y, correlativamente, la reacción social se seguirá expresando a través de los linchamientos; de manera que la palabra la tiene el Congreso Nacional sobre cuyos hombros pesa la mayor responsabilidad histórica al respecto.