Presidente analiza polémica Ley que puede afectar libertad prensa

Por lunes 5 de diciembre, 2005

Quito, 5 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, analiza hoy la ley aprobada la semana pasada por el Parlamento, que sanciona el espionaje y divulgación de llamadas telefónicas sin previo consentimiento. El secretario de Prensa de la Presidencia, José Toledo, informó a EFE de que el jefe de Estado analizará hoy mismo la polémica ley, que le remitió el Parlamento el pasado viernes y señaló que posiblemente se pronuncie al respecto esta misma semana.

La ley aprobada el pasado miércoles por el Parlamento sanciona la interceptación, interferencia, publicación o difusión sin previo consentimiento de las partes, de informaciones transmitidas mediante servicios de telecomunicaciones u otras formas de comunicación.

La prensa local ha expresado su temor de que la ley afecte la labor periodística pues no se podría difundir una conversación telefónica entre dos personas grabada clandestinamente, sin que haya la autorización de las partes.

Según el diario "El Comercio", con la ley "se confunde la actual legislación que protege la privacidad y el secreto, con la publicación y divulgación de toda información, incluso la que puede estar relacionada con los intereses generales de la comunidad".

Anota que la inesperada aprobación "carece de referentes y, de encontrarse vigente, muchos de los escándalos del año, que causaron vergüenza y desconcierto, se hubiesen ignorado".

La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) cree que el Ejecutivo debe vetar parcialmente la ley, pues tal como se ha aprobado no se define qué es público ni qué es secreto.

El diputado Ernesto Pazmiño, del Partido Izquierda Democrática, dijo al diario "El Comercio" que la ley, presentada por su colega del Partido Social Cristiano, Alfonso Harb, pasó en el pleno del Legislativo sin un debate a fondo.

Pazmiño anotó que la rapidez con la que se aprobó el proyecto de Ley en el Parlamento, le impidió presentar una observación en el sentido de que en la prohibición que establece el texto se exceptúe a los medios de comunicación.

Harb, que antes de ser diputado ejercía las funciones de periodista deportivo en televisión, aclaró que con su propuesta no se pretende atentar contra la libertad de prensa sino sancionar al espionaje.

Dependiendo de la información divulgada, la sanción va desde seis meses de prisión y multas de 500 dólares hasta nueve años de cárcel y 10.000 dólares de multa.