Procurador advierte de peligro fuga y de pruebas contra Fujimori

Por martes 29 de noviembre, 2005

Lima, 29 nov (EFE).- El procurador anticorrupción peruano, Antonio Maldonado, advirtió hoy del peligro de una fuga de Alberto Fujimori y reiteró que existen pruebas suficientes para extraditar al ex presidente peruano desde Chile por delitos de lesa humanidad.

La fuga "es un peligro real", manifestó Maldonado a la prensa extranjera en Lima al referirse a Fujimori, detenido en Santiago de Chile el 7 de noviembre y a la espera de que dé frutos el proceso de extradición.

Maldonado justificó su inquietud en el hecho de que si el ex mandatario fue capaz de viajar en un avión privado desde Japón hasta Chile sin ser detectado también puede escapar de este país.

El procurador indicó que la extradición demorará más o menos tiempo según cuál sea la decisión que adopte la Justicia chilena sobre el uso del viejo código penal o bien del nuevo, vigente en Santiago de Chile desde julio del 2005.

En este sentido, consideró que la demora alienta el peligro de fuga y argumentó que si usa el viejo código el proceso se retrasará "entre seis meses y un año debido al rigor del formalismo".

Si por contra el magistrado del Supremo encargado del caso, Orlando Alvarez, opta por el nuevo código penal "estaría resuelto entre abril y mayo próximos".

Para Perú es más conveniente la aplicación del nuevo código procesal porque, además, su "estándar probatorio es menos riguroso", según Maldonado, quien sin embargo reconoció que el texto antiguo da más garantías de que Fujimori permanezca encarcelado durante todo el proceso.

Por el momento, la justicia chilena ha denegado hasta en tres ocasiones la excarcelación de Fujimori desde que fue detenido en Santiago.

Tras recordar que al menos 16 solicitudes de extradición han sido admitidas a trámite por el Poder Judicial peruano, aclaró que no todas ellas se enviarán a Chile.

"La estrategia del Estado es enviar sólo aquellas solicitudes que cumplan los requisitos del Tratado (de extradición) y las que tengan mayor solidez jurídica", manifestó.

En este sentido, aseveró que "hay suficientes pruebas en los casos más importantes", en referencia a las matanzas de La Cantuta (1991) y Barrios Altos (1992), con el resultado de 25 muertos y perpetradas a manos del grupo paramilitar Colina.

Asimismo, aclaró que ningún delito ha prescrito y que el ex mandatario será acusado de "autor mediato" por estos delitos, lo que significa, según el procurador, que Fujimori "no fue ejecutor directo, pero planificó, estructuró, organizó y dirigió las acciones que llevaron a ejecuciones y torturas".

Según Maldonado, "el grupo Colina nació dentro del Estado, su propia existencia es una prueba contra Fujimori" y recordó que el ex presidente solía decir públicamente que "no existía un sólo acto que él no conociera" durante su gestión.

Como pruebas de su vinculación con los paramilitares enumeró las armas sofisticadas que usaban, su financiación, las felicitaciones que recibieron del propio Fujimori, las amnistías que se les concedió y las decisiones políticas que llevaron estos casos al fuero militar durante aquel gobierno.

Sobre las supuestas cuentas bancarias que Fujimori tiene en el extranjero, Maldonado dijo que la Procuraduría investiga, especialmente después de que la prensa peruana anunciara esta semana la existencia de nuevas cuentas en Japón y Brasil.

En cuanto a las iniciativas del Ejecutivo peruano en este caso dijo que "hay una gran voluntad política y no cabe la ambigüedad".

Alentó a que el Gobierno que salga de las urnas en las elecciones del 9 de abril del 2006 "debe continuar con la lucha contra la corrupción y a favor de los derechos humanos".

"No conozco otra experiencia regional en que altos jerarcas de las fuerzas armadas, empresarios y políticos estén procesados y condenados", manifestó sobre la lucha contra la corrupción en Perú durante los últimos años.

El ex presidente (1990-2000) huyó a Japón en noviembre de 2000 tras hacerse pública una compleja red de corrupción gubernamental en Perú y está acusado, entre otros delitos, de apropiación indebida de fondos públicos y violación de los derechos humanos. EFE