¿Queremos volver a la Dictadura Institucional­?

Por Carlos Luis Baron viernes 30 de marzo, 2012

En el año 2000, mediante la obtención de una amplia mayoría, Hipólito Mejía asumió la presidencia de la República Dominicana, disponiendo además del pleno control del Poder Legislativo y Gobiernos Municipales.

Su punto de partida estuvo antecedido por una situación económica estable, próspera y auspiciosa, que él y su séquito transformaron en la peor pesadilla que recuerda el pueblo dominicano.

La socióloga y académica dominicana Rosario Espinal (Nueva Sociedad Nº 217/2008) considera que la debilidad de las instituciones públicas dominicanas de ese momento facilitó que el gobierno estableciera un control desmedido en la Junta Central Electoral, lo que hizo posible modificar la Constitución en 2002 para habilitar la reelección; utilizar las Fuerzas Armadas con fines políticos; violar las leyes monetarias en el rescate de los depósitos de los bancos quebrados; y utilizar los medios de comunicación para promover su proyecto político, lanzando una campaña electoral sobre la base del uso de los recursos públicos.

¿Cómo se le puede llamar a esto?

La repuesta no puede ser otra que la que el propio Hipólito y su grupo, hoy falsamente endilgan al actual Gobierno: dictadura institucional.

Cuando se iniciaron los debates en el Congreso para modificar la Constitución, el Poder Ejecutivo convocó a las organizaciones de la sociedad civil a propósito de estudiar y proponer el proyecto más apropiado a esa instancia tan trascendente.

Recibido el informe, luego de obtener la mayoría en las elecciones legislativas en mayo de 2002, tanto Hipólito como los legisladores perredistas ignoraron esas sugerencias y se embarcaron en una abusiva modificación constitucional que apuntaba simplemente a habilitar la reelección.

¿Cómo le podemos llamar también a esto?

La repuesta sigue siendo la misma, dictadura institucional.

La reforma fue aprobada fácilmente por el Congreso integrado por mayoría del PPH a pesar de que el PRD se había comprometido históricamente con la no reelección.

Mejía alcanzó el poder ofertando un programa centrado en la lucha contra la pobreza y la corrupción. La consigna de campaña había sido: «PRD. La esperanza de la gente». En cambio, su política económica se basó en un incremento de los impuestos, del endeudamiento externo, del gasto corriente y de la devaluación monetaria.

Estas acciones crearon la catástrofe económica más grande de la historia republicana, llevando a la pobreza a un millón seiscientos mil dominicanos, elevando el desempleo de 14 a 20%, disparando la inflación a 41%, arrastrando a la indigencia a setecientos mil compatriotas, equivalentes al 7% de la población, perdiendo seiscientos mil empleos y provocando que una cantidad enorme de empresas se fueran a la quiebra.

De todos los gobiernos democráticamente elegidos en nuestro país, el que registra las peores evaluaciones y calificaciones otorgadas por los diversos sectores de opinión pública, fue el de Hipólito Mejía entre 2000 y 2004.

Y por si esto fuera poco, un trabajo publicado en el Informe del Observatorio Francés de drogas y Toxicomanías “Tráfico Internacional” titulado “República Dominicana: Plato giratorio del tráfico y del blanqueo”, Boletín Mensual, Pág. 3, de marzo 2002, de la autoría de Alain Labrousse, denunció que ese gobierno rompió records en materia de corrupción ligada a las drogas, en particular a nivel del blanqueo.

El informe relata que un alto dirigente del PRD en el poder, así como un funcionario muy cercano al presidente en materia Judicial, eran los más mencionados por la prensa local y norteamericana por sus vínculos con los traficantes.

Durante ese período el narcotráfico creció más que nunca, insertándose en los niveles institucionales más altos del Estado, involucrando incluso a ayudantes civiles nombrados por Mejía que cayeron ametrallados en intercambios de disparos y uno de ellos prendido fuego en una carretera entre Nagua y San Francisco de Macorís.

Queda claro entonces que Hipólito Mejía, viendo la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el ojo propio, no dispone del crédito que da la estatura moral como para tratar el tema de la corrupción desde su actual posición de candidato a la presidencia de la República.

En cambio, Danilo Medina, candidato del PLD asumió el compromiso de combatir con seriedad la corrupción, obligándose públicamente a que, cuando el rumor y los medios acusen a sus funcionarios de actos dolosos, éstos tendrán que dar explicaciones ante la justicia.