Rol de la Superintendencia de Valores de cara al futuro

Por Carlos Luis Baron domingo 3 de junio, 2012

Las experiencias acumuladas por mí durante ocho años como intendente de la Superintendencia de Valores me dan la autoridad para hacer los planteamientos de a continuación.

Quiero señalar antes de comenzar a formular mis planteamientos que el intendente de la Superintendencia de Valores representa o encarna la continuación técnica de la institución, garantizando con ello la continuidad funcional de la institución en el tiempo.

Tomando en cuenta esa razón de vida fue que el legislador, en ejercicio de su sabiduría previsora, no consignó en el artículo 24 de la Ley No. 19-00 la particularidad del procedimiento de que el intendente de Valores fuera ratificado cada dos años. Es decir el Presidente de la República lo nombra a partir de una terna que le somete la Junta Monetaria, pero la ley 19-00 no establece que el primer mandatario tiene que ratificarlo cada dos años. Al que sí hay que ratificar al cabo de los dos primeros años por dos años más y punto, en caso de que el Presidente de la República decida hacerlo, es al superintendente (Art.23 de la ley). Así la ley 19-00 consigna que el superintendente solamente puede estar al frente de la institución durante cuatro años.

El intendente de Valores es el único intendente que tiene funciones propias consignadas en la Ley 19-00 y en su Reglamento de aplicación No. 729-04.

Bien, entremos en materia. El artículo No.1 de la referida ley dice lo siguiente: ¨La presente ley tiene por objeto promover y regular el mercado de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente, que contribuya con el desarrollo económico y social del país. El mercado de valores comprende la oferta y demanda de valores representativos de capital, de crédito, de deuda y de productos. Asimismo, incluye los instrumentos derivados, ya sean sobre valores y productos…¨.

En el introito del primer artículo de esta ley hay una contradicción planteada: una institución pública no debe promover y al mismo tiempo regular o viceversa. Otra cosa es que coloca la función de promoción primero que la función de regulación. Pero el hecho cierto y verídico, tanto desde el punto teórico como desde el punto de vista empírico, es que ambas funciones son contradictorias.

Si una institución regula no debe promover, y si promueve no debe regular.

Aún con esa antinomia presente en la ley se entiende la preocupación del legislador: el mercado de valores, a mayo de 2000 que es cuando se promulga la Ley No. 19-00, era muy pequeño tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista funcional. Entonces había que asignarle a esta institución pública la función de incentivar o promover el desarrollo del mercado de valores.

Pero hay otro desaguisado en el párrafo 2 del Art. 5 en el que se establece: ¨La aprobación de la oferta pública, así como su registro, no implicará garantía alguna por parte de la Superintendencia de Valores sobre la calidad de los valores a emitirse y de sus emisores¨.

Es contradictorio también que en el artículo No.1 la ley delimita el ámbito de aplicación de ésta y le asigna a la Superintendencia de Valores la regulación de todo lo relativo a las emisiones de oferta pública de valores, en el Art.5 le consigna a ésta la facultad de aprobación de las emisiones y en el párrafo 1 de este mismo artículo establece que una vez aprobadas o autorizadas éstas deberán ser inscritas, ellas y los emisores, en el registro del mercado de valores y de productos, y que luego, después de establecido lo que precede, la Superintendencia queda eximida de toda responsabilidad en cuanto a la calidad de las emisiones y de los emisores.

Desde su instalación en el año 2002 la Superintendencia de valores ha asumido también la función de supervisión o de fiscalización. La asunción de esta función comporta otra contradicción con la función de regulación y la función de promoción.

En el mundo, en la teoría y en la práctica, está establecido que el ente que regula no debe supervisar, y el ente que supervisa no debe regular. Esto significa que las funciones de regulación y de supervisión tienen que estar separadas institucionalmente.

Por eso en el mundo predomina este criterio, de ahí que las superintendencias o comisiones nacionales de valores de la mayoría de los países del mundo sean organismos supervisores, asumiendo otras instituciones la función de regulación.

En el caso de nuestro país, por ejemplo, en cuanto al sistema monetario y financiero, la función de regulación la tiene el Banco Central y la función de supervisión o de fiscalización la tiene la Superintendencia de Bancos.

Pues dentro de cinco, diez o quince años, en lo que respecta a la Superintendencia de Valores, ésta tendrá que sufrir un necesario reordenamiento, y para ello será necesario modificar su estatuto legal y su modus operandi. Así la función de regulación, es decir las normas reguladoras o regulatorias del mercado de valores deberán ser insertadas como otro capítulo o acápite en la ley monetaria y financiera No. 183-02. Esto implica que las normas de regulación las dictaría la Junta Monetaria, y con ello la Superintendencia de Valores pasaría a ser integrante de la Administración Monetaria y Financiera. Está implícito el hecho de que con una decisión de ese tipo el superintendente de Valores pasaría a ser miembro ex oficio de la Junta Monetaria.

De esa manera la Superintendencia de Valores quedaría convertida, ipso facto, en un ente u organismo encargado sólo de la supervisión o fiscalización del mercado de valores.

Y esto es totalmente procedente desde el punto de vista institucional habida cuenta de que el mercado de valores y de capitales es otro segmento o dimensión del sector financiero de un país.

La Superintendencia seguiría asumiendo la función de control burocrático de las emisiones de oferta pública y el Consejo Nacional de Valores se ceñiría estrictamente a las funciones que le asigne la ley en el marco de la supervisión.

Otro asunto que hay que modificar o extirpar de la ley 19-00, el cual aparece en el Art.26, es el aspecto relativo a la no participación del superintendente y del intendente en actividades político-partidarias.

No vivimos en una sociedad tribal, vivimos en una sociedad moderna, bajo los efectos multidimensionales de la posmodernidad, donde los hombres y mujeres mayores de 18 años son ciudadanos del Estado nación establecido, por consiguiente, esos ciudadanos son entes políticos. Y en ese Estado está consignado en su Constitución que solamente los partidos o movimientos políticos pueden optar en elecciones por el poder del Estado o de la nación.

Esos ciudadanos están en pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, etc.

Los partidos cuando ganan tienen todo el derecho de designar a dirigentes políticos, que son ciudadanos del Estado en pleno ejercicio de sus derechos, al frente de las diferentes instituciones del Estado.

Como dirigente político que soy, expresión de mi condición de ciudadano del Estado dominicano, fui designado intendente de Valores hace ocho años.

Como ciudadano y como dirigente político, no como intendente de Valores, ejercí plenamente mi libertad de pensamiento y de conciencia, tal como lo consigna la Constitución de la República, para participar pública, activa y abiertamente (a pleno pulmón, capacidad y entrega) en la recién finalizada campaña electoral a favor de la opción que encarnaba el progreso y que fue la que resultó vencedora. Había que evitarle al país el regreso al poder de la pesadilla del pasado.

Me concentré en el debate de las ideas que se da en toda campaña electoral, que es donde está mi mayor fuerte por mi formación profesional y académica y donde puedo hacer los mayores y mejores aportes.

Ninguna ley puede prohibirle a un ciudadano, puesto que la Constitución jamás lo prohíbe, el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la libertad de pensamiento y de conciencia. El pleno ejercicio de este derecho de libertad lo puse al servicio de los mejores intereses de la patria, del pueblo y de la nación dominicana.

De cara al futuro la Superintendencia de Valores tendrá que readecuar su rol, por lo que será necesario producir cambios en su armazón legal y en su modus operandi.