Se roban todo el metal

Por Carlos Luis Baron viernes 8 de junio, 2012

Debe castigarse, con lo que tenga la ley, las acciones que cometen bandas delictivas organizadas dedicadas a robar todo lo que es metal en el país. No debe aceptarse un acto más de esa naturaleza, y debe repudiarse enérgicamente desde los diferentes estamentos sociales.

Esa práctica vandálica no atenta exclusivamente contra el bien público, sino también, con la propiedad privada y la ciudadanía en sentido general. Con ella sufre el Estado, los empresarios de distintos niveles, los chiriperos y la población.

Es por ello que las autoridades deben emplearse a tiempo completo para detener esa situación que parece salirse de control; y, al parecer, encierra una tela de complicidad que va más allá de la simple ratería usual.

Las autoridades dicen que están tomando medidas para detener los robos, sin embargo, todavía continúan ocurriendo acontecimientos como el de los puentes Higüamo y el Duarte. Al primero, le cortaron con segueta y robaron los poster de luz y cables de electricidad; al segundo, le cortaron y sustrajeron los cables de acero que soportaban el tablero del puente.

Es inaceptable que esas personas desaprensivas despojen a los ciudadanos de todo, sin que nadie vea o sienta nada. Sustraen las alcantarillas de contenes, las tapas de imbornales, los hidrantes de bomberos, letras de comercios y complejos habitacionales, poster y cables de puentes, verjas, rieles de trenes, alambres eléctricos, las luces de las carreteras, los bustos de héroes nacionales; en fin, todo lo que contenga o sea de bronce, cobre, acero, plata, estaño, hierro colado o calamina es groseramente arrebatado.

No es posible, en un país tan pequeño, que no se logre dar con el paradero de quienes propician ese tipo de hechos. En la capital y el interior existen cientos de negocios dedicados a la compraventa de metal. Basta con que las autoridades policiales y de inteligencia diseñen un plan de monitoreo de la comercialización de esos materiales para identificar a los responsables.

Otra acción que podría dar buen resultado, es la de suspender el permiso de operación de esos negocios, para que no compren, exporten, ni lleven a fundición ningún tipo de metal que se sospeche haya sido robado y que provenga de alguna obra pública o privada. Exigirles que se abstengan de abastecerse de metales saqueados.

Es mucho lo que hay que hacer para poner fin al hurto de metales; es un tema que tiene sus inconvenientes debido al gran número de negocios que se dedica al oficio, incluso algunos sin regulación. También es probable que sectores importantes del país estén relacionados con esas acciones.

Y es que, casi en todos los municipios del país, está radicado este oficio, porque el mismo se ha convertido en una fuente de empleo e ingreso para muchas personas. El pago de la libra de metal de acero ronda los 7 pesos, mientras que el bronce cuesta 14 pesos; el metal más barato es la calamina y el hierro colado, el cual oscila entre los 5 y 6 pesos. El cobre cuesta una libra ¿…

Es una comercialización que deja grandes ganancias, y ha de suponer que los impuestos que pagan a los ayuntamientos por operar dentro de la legalidad, es considerable.

Para citar un ejemplo, en el Municipio Santo Domingo Norte, en Villa Mella, debajo del puente La Isabela, a unos metros del Polvorín, y, en la comunidad de Guaricano, hay establecidos 10 puntos de comercialización de metales. Cada uno con letreros publicitarios visibles que evidencian hasta cierto modo una forma de operación legal.

En el rio Isabela cargan barcos con cientos de toneladas de metal, las operaciones duran hasta meses y luego el hierro es transportado al extranjero. Es una maniobra que a toda luz parece legal, pero eso no impide que se mantenga una estricta observación sobre el proceso que desarrolla esa empresa metálica.

Partiendo del ejemplo anterior se puede concluir que si las autoridades desean iniciar una investigación y dar con los actores intelectuales, tienen que decidirse e iniciar visitando cada una de esas empresas. Está demostrado que: “¡cuando se quiere, se puede!”.

Y es que para dar con la información que lleve a los responsables del trasiego de metales, y poner fin a esa práctica que atenta contra los ciudadanos, hay que regular a todo el que se dedica a ese oficio.